En 2011 la discusión giró en torno a la protección de los páramos

La locomotora minera puja, pero el Gobierno perdió el año

Por: Álvaro Pardo *

La minería y el medio ambiente fueron antagonistas en una mala película, cuyo nudo central fue la debilidad del Gobierno ante esa industria desbordada.

 

Los porcentajes de las regalías no reflejan el valor estratégico de los minerales y metales, están entre los más bajos de América Latina. / Edison Sánchez

Un balance inicial
El avance de la locomotora minera durante 2011 puso al descubierto la complejidad de esta industria, la cual se vio agravada por la tardanza en fortalecer las instituciones del sector, por la presencia de poderosos grupos ilegales extrayendo oro y por las millonarias exenciones tributarias a las compañías mineras.

Ninguna otra locomotora fue materia de tanta controversia, aunque se debe reconocer que se trató de un fenómeno generalizado en América Latina: movilizaciones sociales (Perú y Bolivia), disputas entre gobiernos y multinacionales mineras (Chile), estatalizaciones (Venezuela), mayores exigencias ambientales e impositivas (Argentina, Perú y Chile) y explosión de la minería ilegal (Perú y Ecuador).

Las variables que responden a factores externos —la inversión extranjera, la producción y las exportaciones— se ajustaron a los pronósticos oficiales y sobre ellas no hay mucho que decir. Pero otros temas claves quedaron aplazados para 2012, como (a) la nueva institucionalidad del sector; (b) sacar el registro minero del agujero negro donde se encuentra; (c) asumir el control y la fiscalización de esta actividad; (d) la nueva reforma del Código Minero; (e) el documento Conpes contra la extracción ilícita de minerales; (f) una mejor coordinación con las autoridades ambientales, y (g) el trámite de una reforma tributaria estructural.

La locomotora minera avanzó en medio de una fuerte controversia sobre la titulación en zonas de protección ambiental, la inconformidad social (unas cincuenta movilizaciones antimineras a lo largo del año), reclamos por los excesivos beneficios tributarios y no tributarios, y denuncias por irregularidades en el pago de impuestos.
Se destaca la aprobación del nuevo Sistema General de Regalías, un esquema que permitirá distribuir en forma más equitativa el fruto de la explotación de nuestros recursos naturales no renovables, aunque la atomización de los mismos hará más difícil su control y seguimiento, y la repetición de los errores del Fondo Nacional de Regalías —sobre todo en cuanto a regalías directas y fondos regionales— le restará eficacia a la inversión.

Paraíso para grandes compañías
Este año se hizo evidente el gran costo fiscal que conllevó el programa de confianza inversionista del gobierno anterior, y lo poco que ha avanzado el nuevo gobierno en cerrar los boquetes en regalías e impuestos que el país debería recibir por la explotación de sus recursos no renovables.

El Ministerio de Hacienda llamó la atención sobre el exceso de exenciones incluidas en el Estatuto Tributario, mientras que Guillermo Rudas encontró que tales exenciones representaron al menos 49% de lo que las empresas pagaron por impuestos en el 2009. Por su parte, la Contraloría General (CGR) concluyó que desde 2004 las deducciones tributarias para la minería han venido aumentando de manera notoria y anotó que para el caso del carbón superaron el valor de los impuestos en 2007.

Se trata entonces de una tendencia persistente, asociada con la estrategia de confianza inversionista y reforzada mediante otros beneficios del régimen aduanero y los subsidios directos a los combustibles, para beneficio de las grandes mineras ubicadas en las zonas de frontera. Todo esto en medio de una bonanza de precios que ha multiplicado los ingresos y las utilidades de la industria minera.

Y con el añadido de malabarismos para minimizar sus aportes al fisco nacional, por ejemplo el de importar maquinaria de contrabando para incluirla entre sus activos y aplicarle dos beneficios simultáneos: deducción del 30% o 40% por compra de activos fijos y depreciación en línea recta.
Estas y otras acciones fueron denunciadas por el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Juan Ricardo Ortega, ante el silencio de las grandes compañías mineras y sus gremios. Provisto de gran valor civil, este funcionario no se quedó en las denuncias y procedió a tomar las oficinas de Pacific Rubiales, la segunda petrolera del país.

Así mismo hay que aplaudir la decisión del gobierno Santos de desmontar el beneficio más oneroso para el fisco nacional, la deducción del 30% por compra de activos fijos, aunque mantuvo otros beneficios al aplazar para el 2012 la reforma tributaria estructural.

Regalías
Los porcentajes de las regalías no reflejan el valor estratégico de los minerales y metales, están entre las más bajas de América Latina y se liquidan sobre los montos de producción que las compañías buenamente reportan, pues el Estado no tiene medios para fiscalizar la extracción de sus propios recursos naturales. Tampoco tiene modo de verificar el pago del canon superficiario, pues los montos recaudados no guardan relación con las áreas tituladas.

La CGR señaló también que algunas empresas están descontando las regalías de su base gravable, echando mano a una interpretación según la cual constituyen un costo y no una contraprestación, como señala la Constitución colombiana. Esto significa que el Estado recibe unas regalías como contraprestación por sus recursos naturales, pero devuelve esos mismos recursos por la vía de descuentos tributarios. Y así entonces: ¿qué nos queda?

Esta situación, por lo demás, contrasta con el reclamo de las mineras ante el ya mencionado desmonte de la deducción por compra de activos fijos y del subsidio a los combustibles, para no mencionar su exigencia de nuevos beneficios.

Nueva institucionalidad minera
La crisis de la institucionalidad minera detonó a comienzo de año, a raíz tanto de los accidentes mortales por desconocimiento de la seguridad industrial en las minas, como del modo indiscriminado en que el Instituto Colombiano de Geología y Minería (antes Ingeominas, hoy Servicio Geológico Colombiano) seguía entregando títulos en zonas de gran fragilidad ambiental.

Bajo el ministro Rodado, el Gobierno perdió tiempo precioso para crear una institucionalidad robusta y eficiente, mejorar la coordinación con la autoridad ambiental y preparar la nueva reforma al Código Minero, una vez que la Corte declaró inexequible la anterior reforma y señaló un plazo de dos años para reintentarla. La designación de Mauricio Cárdenas aporta un nuevo aire al manejo de esta cartera. Sus anuncios permiten avizorar el fortalecimiento de la institucionalidad, aunque descartan la posibilidad de un cambio en el modelo minero, que de por sí nos ha traído tantos males.

Ese modelo, expresado en la ley 685 de 2001, minimiza el papel del Estado; establece un régimen particular para la minería, desconociendo la transversalidad de la ley 99 de 1993; consagra el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” y la continuidad de la actual “orgía extractiva”; entrega los recursos naturales a cualquier empresa o persona sin mayores requisitos, y no cumple el deber de planear y racionalizar el uso y aprovechamiento de los mismos, como establece la Carta Política.

La crisis de la institucionalidad obligó al Ministerio de Minas a suspender términos por un año, e Ingeominas se ha dedicado a estudiar y responder las más de 15.000 solicitudes de contratos de concesión, licencias temporales y solicitudes de legalización que reposan en sus archivos, muchas de ellas ubicadas en zonas de protección ambiental. Ahora el ministro Cárdenas habla de licitar las áreas mineras más promisorias, lo cual es un buen intento de eliminar el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho”; sin embargo no pasan de 15 las “áreas más promisorias”, y las demás tendrán que ser concesionadas según la ley 685 de 2001.

También habló el ministro Cárdenas de exigir capacidad económica a las nuevas empresas o personas que soliciten títulos mineros, pero eso no es suficiente. Habría que exigir que hicieran públicas sus hojas de vida para garantizar que no estén involucradas en violación de derechos humanos o en prácticas ambientales desastrosas en otros países, y para evitar que dudosos puedan hacerse al patrimonio natural de los colombianos.

Recientemente fueron divulgados los decretos que permitirán establecer la nueva institucionalidad: la creación del Viceministerio de Minas y de la Agencia Nacional de Minerales, además de concentrar a Ingeominas en lo que sabe hacer. Es una buena noticia, pero queda por verse que no caigan en manos de los mismos personajes que manejaron el sector en los últimos años y, sobre todo, cómo llegarán esas instituciones a todos los rincones del país, en especial allí donde es muy alta la ilegalidad.

Legalización minera
Desde que entró en vigor la ley 141 de 1994 se han presentado 6.461 solicitudes de legalización (aunque es posible que algunos aspirantes hayan repetido sus solicitudes); pero apenas el 3,5% de ellas culminó en la expedición de un título minero. La inversión del Estado en los programas de legalización alcanza los 15.000 millones de pesos.

Estos programas se inspiran en el asistencialismo estatal y no implican mayores exigencias para el solicitante, por lo cual su fracaso es evidente. Más aún: muchos operativos para cerrar este tipo de minas, sobre todo por inseguridad o contaminación ambiental, quedan burlados tras la presentación de la solicitud de legalización. De este modo el anuncio de Cárdenas de “bajarle la caña” a los mineros que desean legalizarse desconoce el fracaso reiterado de este programa a lo largo de tres décadas. Urge por eso replantear el enfoque y poco o nada se avanzó en el año que termina.

Auge de la minería ilegal
En su Informe del estado de los recursos naturales y el medio ambiente 2010-2011, la CGR señala que en el país existen 9.420 explotaciones ilícitas de minerales, cifra que supera los 9.011 títulos inscritos en el Registro Nacional Minero.

La ilegalidad supera a la legalidad en materia minera y se explica por el auge de los precios, especialmente el del oro; por la débil o inexistente presencia del Estado en algunas regiones; por la descoordinación entre las autoridades mineras y las ambientales; por la confusión o la ignorancia de las normas entre otras entidades públicas, y por corrupción oficial.

Existe gran confusión sobre las modalidades de minería que ampara el Código de Minas: la pequeña minería de hecho que dio origen a otra de mayor escala y que utiliza medios mecanizados; o, peor todavía, la extracción ilícita de minerales por parte de organizaciones armadas que encontraron en el oro una manera nueva de financiarse para enfrentar al Estado y agudizar el conflicto interno.

¿Conflicto inevitable?
La defensa del agua, de los bosques y en general de la biodiversidad constituyó durante 2011 una importante fuente de conflictos entre las comunidades y los proyectos mineros. En este año se registraron no menos de 50 movilizaciones contra la minería, muchas de ellas impulsadas por organizaciones sociales que han ido consolidando una agenda de defensa de sus recursos naturales.

La Audiencia Pública realizada en Bucaramanga en contra del proyecto de Greystar en el páramo de Santurbán marcó el inició de dichas expresiones contra proyectos que, aunque de interés nacional, no prosperan por falta de la licencia social y ambiental. Otras organizaciones que se movilizan en contra del proyecto La Colosa en Tolima, o en Marmato, o por el desvío del río Ranchería en la Guajira, siguen el ejemplo de Bucaramanga.

Durante 2011 se destacó la dificultad del Ministerio de Minas y Energía para dialogar y coordinar con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y para destrabar procesos que permitan extraer los recursos naturales en condiciones de sostenibilidad.

La creación del nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las primeras declaraciones de los ministros Frank Pearl y Mauricio Cárdenas han despertado expectativas favorables para enderezar la locomotora minera, pero hay hechos que siguen sin resolverse por falta de decisión, como los títulos en zonas de alta fragilidad ambiental y el alto volumen de solicitudes de contratos de concesión en estas mismas áreas.

En el sector privado se observa la dificultad de las empresas y sus gremios para entender y reaccionar ante las nuevas exigencias ambientales de la sociedad. Por el contrario, y de manera equivocada, insisten en mantener un divorcio entre su discurso público y su quehacer diario. A las empresas corresponde poner la casa en orden, y así lo han entendido gremios como Asogravas y, de alguna forma, Fenalcarbón Boyacá y Cundinamarca, que han dado un paso importante en el sentido de incorporar el tema ambiental en las agendas con sus afiliados.

*Director de Colombia Punto Medio, entidad que trabaja en pro del medio ambiente, el bienestar social y el desarrollo sostenible de la industria minero – energética.

http://www.elespectador.com/economia/articulo-318360-locomotora-minera-puja-el-gobierno-perdio-el-ano

El Espectador revela los puntos claves de la ley de tierras que propondrá el Gobierno

Reforma agraria de Santos

Por: Redacción Política

La iniciativa, que aún está en construcción, plantea los lineamientos para el fomento del desarrollo rural en el país.

 

La ley de tierras que propondrá Santos plantea un proceso de transformación productiva, institucional y social de los territorios rurales. / Luis Ángel

Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica en cuanto a la concentración de la propiedad de la tierra: el 52% de ella está en manos del 1,15% de la población. El 32% de los colombianos son pobladores rurales y la ocupación y la falta de ordenamiento de la tierra son generadores de conflicto, al igual que el uso que se hace de ella y la explotación de los recursos naturales. El censo agropecuario está desactualizado, hay un atraso en la información catastral y el despojo y desplazamiento forzado han contribuido a favorecer la aglomeración en las grandes ciudades, en detrimento de las condiciones de vida de las personas.

Es el diagnóstico que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el informe titulado Colombia rural: razones para la esperanza, que fue entregado al presidente Juan Manuel Santos en septiembre pasado. Una cruda realidad que el Gobierno pretende cambiar a partir del impulso de un proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que será presentado el próximo año al Congreso y a cuyo borrador tuvo acceso El Espectador. Se trata de una norma prioritaria de cara a la implementación efectiva de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

En 324 artículos, hasta ahora, el documento establece los lineamientos de la reforma agraria que propone el presidente Santos, asunto que siempre genera controversias como quiera que se mete con dos temas espinosos: la posesión agraria y la concesión de tierras baldías, en un país donde ya nadie parece tener una cifra exacta del número de desplazados por la violencia y las hectáreas despojadas a sus propietarios. Si bien se trata de una iniciativa aún en elaboración, hay aspectos esenciales que prometen ardua polémica:

Un Incoder ‘todopoderoso’
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) será el encargado de promover y apoyar la ejecución de la política de ordenamiento de la propiedad rural y el uso del suelo, establecida por el Ministerio de Agricultura. Contará por lo menos con una sede en cada departamento y, entre otras funciones, será el encargado de constituir zonas de reserva campesina o de desarrollo empresarial, así como de conceder derechos reales de superficie sobre los baldíos o los bienes fiscales patrimoniales. El borrador dice que el Incoder “adjudicará baldíos con vocación productiva a los particulares, de acuerdo a los términos que establezca la ley”.

Adjudicación de baldíos
Según la propuesta, la propiedad de los terrenos baldíos sólo podrá adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Incoder, o por las entidades públicas en las que el consejo directivo de esta entidad autorice la delegación de esta facultad. Y aclara: “Los ocupantes de tierras baldías, por ese sólo hecho, no tienen la calidad de poseedores y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa”.

La adjudicación de baldíos por ocupación previa se hará en el marco del programa de formalización de la propiedad rural, mediante la metodología de barrido. Los baldíos adjudicados se someterán al régimen de Unidad Agrícola Familiar (UAF). En lo que respecta a la adjudicación por ocupación previa, esta podrá hacerse en tierras con aptitud agropecuaria que se estén explotando conforme a las normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales renovables.

En este sentido, para ser beneficiario de adjudicación de baldíos por ocupación previa se pide reunir ciertas condiciones, como por ejemplo, poseer un patrimonio neto que no supere los 200 salarios mínimos mensuales al momento de la solicitud; no haber tenido la condición de funcionarios, contratistas o miembros de las juntas o consejos directivos de las entidades públicas vinculadas a programas de desarrollo rural dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud, y no ser propietario o poseedor de otros predios rurales cuya extensión sea igual o superior a la UAF.

Formalización de la propiedad rural
Sin duda, uno de los capítulos claves del proyecto tiene que ver con la política de formalización de la propiedad rural, con la que se busca “promover una mayor seguridad jurídica en los derechos sobre la tierra, crear condiciones para un funcionamiento más ágil de la justicia, impulsar el desarrollo agrario sostenible, prevenir el despojo y facilitar la protección de los predios abandonados o en riesgo de abandono forzado”.

La iniciativa señala que podrán acceder a la formalización de la propiedad rural “quienes ejerzan posesión agraria en los términos establecidos en la ley sobre predios cuya tenencia no haya sido el resultado de violencia, despojo, o abandono forzado, y que no estén destinados a cultivos ilícitos ni hayan sido adquiridos como resultado de actividades ilícitas o despojo jurídico o material del predio”. Tendrán trato preferencial y prioridad: la población rural vulnerable por condiciones de pobreza, marginalidad y desplazamiento forzado; la mujer cabeza de hogar, y los menores de edad sin representación legal.

Otro tema neurálgico es la formalización de los predios privados. Los procesos, dice la propuesta, se regirán de manera especial “por los principios de oralidad, publicidad, celeridad y transparencia”. En cuanto a los requisitos para formalizar la propiedad rural privada, se exige que el demandante haya poseído materialmente el inmueble en forma pública, pacífica e ininterrumpida durante el término de cinco años. Para tal efecto, “no se admitirá la acumulación de posesiones” e, igualmente, que el inmueble “esté destinado a vivienda, a explotación económica o a conservación ambiental, y su extensión no supere dos Unidades Agrícolas Familiares”. Así mismo, que el inmueble no se encuentre destinado a cultivos ilícitos o no haya sido objeto de despojo o abandono forzado y su adquisición no sea consecuencia de una situación de violencia generalizada o de los actos de grupos armados ilegales.

Derecho real de superficie sobre predios rurales
La ley crearía el derecho real de superficie sobre predios rurales, en virtud del cual el titular del dominio otorga a otra persona, denominada “superficiario”, el uso, goce y disposición jurídica de la superficie del inmueble, para emplearla por un tiempo determinado en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas, agroindustriales, turísticas o de prestación de servicios ambientales certificados por la autoridad ambiental competente.

El Estado podrá conceder derechos de superficie sobre los baldíos y bienes fiscales patrimoniales a favor de entidades públicas, para explotación de recursos naturales no renovables, y de sociedades habilitadas, para la ejecución de proyectos en Zonas de Desarrollo Empresarial, mediante acto administrativo. “El Incoder determinará los supuestos en los cuales, de forma excepcional, se podrá conceder a personas naturales derechos de superficie para la ejecución de programas de desarrollo rural. El derecho real de superficie de predios rurales podrá constituirse hasta por un término máximo de 30 años, prorrogable por un término igual”.

El fracasado Estatuto Rural de Álvaro Uribe
En marzo de 2009 la Corte Constitucional declaró inexequible el Estatuto de Desarrollo Rural, impulsado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, el cual establecía una serie de medidas institucionales y económicas para manejar el tema del desarrollo en áreas rurales. La ley había sido objetada por diversas organizaciones populares, indígenas y afrocolombianas, que alegaron que no fueron consultadas para su aplicación.

La Corte reconoció que se incumplía con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por Colombia, y que obliga a los Estados a consultar con las comunidades este tipo de proyectos que las afecten directamente. Sin embargo, dicho Estatuto también había sido cuestionado porque, según sus opositores, supuestamente abría la puerta para la legalización de tierras a los paramilitares y proponía la entrega de terrenos baldíos del Estado a grandes empresas para su explotación.

Otros tres puntos claves de la Ley de Tierras de Santos

Desarrollo empresarial
El proyecto propone la creación de zonas de desarrollo empresarial, cuya conformación será otra de las atribuciones del Incoder, entidad que, previos estudios correspondientes, “delimitará y constituirá, de oficio o a solicitud de parte, dichas zonas en áreas con predominancia de terrenos baldíos”.

Reserva campesina
Según la ley, las zonas de reserva campesina se constituirán y delimitarán por el Incoder en las áreas geográficas, cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación, adquisición, redistribución y ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios y terrenos rurales.

Un nuevo fondo
El actual Fondo Nacional Agrario se transforma en el Fondo Nacional de Desarrollo Rural, administrado por el Incoder. Los recursos serán para la inversión en programas de desarrollo con enfoque territorial, ejecutados por el mismo Incoder o mediante contratos y convenios con entidades de públicas o privadas.

http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-317398-reforma-agraria-de-santos

Prevalecen la autonomía y el gobierno de los grupos étnicos

Hay que preguntar a los indígenas

Por: Alexánder Marín Correa

La Corte Constitucional obliga a consultar a los grupos étnicos antes de tomar una decisión sobre territorios. Resguardos de Riosucio (Caldas) ganaron lucha contra Alcaldía del municipio para defender su autonomía.

 

Los embera chamíes ganaron una nueva pelea por su autonomía en la Corte Constitucional. /Archivo

Lo pueblos indígenas ganaron un nuevo round de su lucha por hacer respetar su autonomía frente a las administraciones locales donde están sus territorios. La Corte Constitucional les dio de nuevo respaldo a través del fallo de tutela 601 de 2011, en el que insistió en que cualquier acción que pretendan adelantar alcaldías y gobernaciones en territorios indígenas se debe consultar previamente con sus autoridades tradicionales.

Este es el resumen de la decisión que tomaron los magistrados al resolver en última instancia (tras dos años de pelea) una tutela que impulsó la comunidad embera chamí, del resguardo indígena de San Lorenzo de Riosucio (Caldas), contra la Alcaldía municipal, por reactivar luego de 28 años las Juntas Administradoras Locales (JAL) en su territorio sin consultarles.

Según el fallo, las JAL vulneran los derechos de los indígenas a la autodeterminación, a la supervivencia, a la identidad, a la integridad territorial y a la consulta previa, por tratarse de figuras ajenas a sus usos y costumbres.

Este caso se suma a otra reciente decisión de la Corte en el enfrentamiento entre la comunidad indígena Achagua y Piapoco, del Resguardo Turpial (Meta), contra el Gobierno y a la petrolera Meta Petroleum, en la que los magistrados ordenaron reestructurar el proyecto Oleoducto Campo Rubiales, al considerar que no consultaron la explotación con los grupos indígenas de la región.

Tras el análisis de ambos casos, la Corte fue concreta al limitar las acciones de las administraciones, al indicar que cualquier actuación que afecte los ámbitos políticos, económicos, culturales, educativos, sociales o espirituales de los indígenas “deberá ser canalizada por intermedio de sus autoridades tradicionales”.

Frente a la autonomía, dice la Corte, “exige el derecho de tales grupos a participar en las decisiones que los afectan”. Y agrega que existen ámbitos de la autonomía en los que la intervención externa puede ser nociva y, en consecuencia, lo más indicado es promover el diálogo interno de la comunidad para que los conflictos sean resueltos en el marco de su cosmovisión, usos y costumbres”

Los enfrentamientos entre los gobiernos civiles y las autoridades indígenas pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de implementar mecanismos efectivos para que las autoridades involucren a los grupos étnicos en las decisiones que afectan sus territorios.

“Pese a que en el país existe el marco jurídico para la consulta previa, en muchas ocasiones no se cumple, por desconocimiento o por la mala intención de las autoridades locales, que se arriesgan a tomar decisiones a ver qué reacción tienen las comunidades. Ahí es donde nos toca acudir a la justicia”, dijo Julián Téllez Méndez, asesor jurídico de la Consejería de Territorio de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Por su parte, Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, expresó que lamentablemente en este tema la legislación colombiana es obsoleta y es importante reglamentar la consulta previa para garantizar los derechos de las comunidades. “Es importante que el Gobierno avance en una ley específica frente al tema y los procesos para aplicarla en la práctica. Esto es algo difícil, porque los tiempos y reglamentos de los comunidades son diferentes a los de un ministerio”.

Salazar agregó que: “La ONU está en proceso de consulta en todo el país con las comunidades indígenas y afrocolombianas para ver cómo quieren ellos que funcione esa consulta previa, para aportar este conocimiento y que el Gobierno lo desarrolle teniendo en cuenta a las comunidades y no que sea una norma de arriba hacia abajo. Se debe resolver ese hueco legal y su forma de ponerla en práctica para mejorar el panorama, ya que los grupos étnicos están bajo mucha presión”

De acuerdo con la Corte, “en las comunidades con un alto grado de conservación de sus costumbres el juez debe ser más cauteloso y valerse de conceptos de expertos para aproximarse al derecho propio. Ese grado de conservación cultural no puede llevar a ningún operador judicial a desconocer las decisiones autónomas de cada comunidad, incluidas aquellas dirigidas a iniciar un proceso de recuperación de tradiciones o a separarse de algunas de sus tradiciones”, puntualizó.

http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-315653-hay-preguntar-los-indigenas
 

Una de las ciudades con mayor contaminación del mundo

Niebla tóxica obliga a cancelar vuelos y cerrar autopistas en Pekín

Por: José Reinoso, Pekín / El País de España

Muchos habitantes se protegen con mascarillas de un aire calificado de "peligroso" por la Embajada de EE.UU.

Foto: EFE

Vista de una autopista un día nuboso en Pekín (China). Un manto de niebla cubrió la capital china lo que causó retrasos y cancelaciones de vuelos y el cierre de autopistas.

Mientras China negocia en Durban (Sudáfrica) el futuro del cambio climático, la contaminación alcanza en Pekín cotas preocupantes. La nube gris -mezcla de bruma y polución- ha provocado la cancelación de cientos de vuelos desde el domingo pasado en los aeropuertos de Pekín, que se encuentran entre los más transitados del mundo, y el cierre temporal de algunas autopistas. Muchos habitantes de la ciudad han hecho acopio de mascarillas para protegerse del aire, que ha sido calificado de "peligroso" por la Embajada de Estados Unidos. La legación norteamericana tiene su propia estación de control. La situación ha movilizado a millones de chinos, que han escrito comentarios en los microblogs (servicios de mensajes cortos) para mostrar su enojo por la niebla tóxica (smog) que desde hace varios días cubre la capital.

"Hoy es otro bonito día de smog en Pekín. Esta mañana me he puesto una mascarilla. No sé cuánto tiempo viviré si respiro este aire peligroso durante todo el día", escribió un internauta en Weibo, el servicio de microblogs más popular de China. Taobao.com, el mayor sitio de compra por Internet del país, vendió 30.000 mascarillas el domingo, según la agencia oficial Xinhua.

Las organizaciones internacionales -entre ellas, Naciones Unidas- clasifican a Pekín como una de las ciudades con mayor contaminación del mundo, debido a su creciente consumo de energía -mucha de ella, obtenida a partir de combustibles fósiles- y su parque automovilístico. Según Greenpeace, la capital ha multiplicado por más de dos el consumo de carbón en los últimos 10 años, por lo que ahora hay más hollín en la atmósfera, junto con otros contaminantes secundarios como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que también contribuyen a la niebla tóxica. El problema se ve agravado por los casi cinco millones de vehículos que circulan por sus calles.

Las autoridades afrontaron con decisión el problema en 2008, ante los Juegos Olímpicos. Clausuraron plantas de producción de electricidad, sacaron industrias de la ciudad, jubilaron autobuses y taxis obsoletos, sustituyeron miles de calderas de carbón por otras de gas, paralizaron las obras y restringieron el número de coches en las calles. Unas medidas fueron permanentes, otras temporales. Tres años después, el gran crecimiento económico y la continua llegada de coches a las carreteras han absorbido buena parte de lo ganado.

La frecuencia de las nieblas tóxicas registradas en los dos últimos meses ha dado un nuevo ímpetu al debate sobre la polución en Pekín, donde sus 20 millones de habitantes están cada vez más preocupados. La inquietud ha sido alimentada en parte por los datos que recoge la Embajada de EE UU, que los publica tanto en su web como en Twitter. Las cifras americanas han dejado en evidencia a las autoridades chinas, que han sido muy criticadas por sus ciudadanos, ya que, mientras EE.UU. clasifica la calidad del aire en función de las partículas finas, PM2,5, o de menor diámetro, Pekín solo hace públicos los datos de las que son iguales o menores a 10 micras (PM10). Los científicos aseguran que la contaminación en Pekín es causada principalmente por las más pequeñas, que son más peligrosas para la salud, ya que pueden pasar a través de vías de aire más finas y penetrar más profundamente en los pulmones, e incluso en la sangre.

El índice suministrado por la Embajada americana alcanzó un tope de 500 el domingo por la noche, lo que equivale al nivel "peligroso". La situación que se vive desde el lunes ha sido definida como "muy mala para la salud", un escalón menos perjudicial. Sin embargo, Pekín dijo el domingo que el aire se vio afectado por "contaminación ligera" durante el día.

Muchos ciudadanos han acusado a las autoridades de minimizar la gravedad del problema. Según el diario en inglés China Daily, si se adoptase el criterio de Estados Unidos en todo el país, solo en el 20% de las ciudades la calidad del aire sería calificada de satisfactoria, frente al 80% actual. Para los dirigentes chinos, se trata de no aplicar medidas o revelar datos que puedan provocar descontento y protestas sociales.

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-315515-niebla-toxica-obliga-cancelar-vuelos-y-cerrar-autopistas-pekin

Un documento de hace 34 años paralizaría los planes de desarrollo de 27 municipios

Un documento de hace 34 años paralizaría los planes de desarrollo de 27 municipios

El papel que nadie leyó

Por: Viviana Londoño Calle / Juan Camilo Maldonado T.

Una declaratoria ordena la protección forestal de 243.000 hectáreas de Cundinamarca, incluyendo 800 donde Bogotá desarrollaría proyectos de vivienda. La verdad detrás del desacuerdo entre Clara López y Gustavo Petro sobre el POT.

 

El proyecto de expansión de Nuevo Usme, donde se construirían 200 mil viviendas también está dentro de los límites de la reserva de la cuenca alta del río Bogotá. / Óscar Pérez

Un documento firmado hace 34 años tiene hoy en la cuerda floja proyectos como la Operación Nuevo Usme para la expansión urbana de Bogotá, el crecimiento de municipios como La Calera y Subachoque, así como el destino de miles de campesinos de otros 19 municipios de Cundinamarca que sobreviven de trabajos agropecuarios. Se trata de la Declaratoria de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá, la misma que, pese a ser emitida en 1977, acaba de ser desempolvada de los archivos del Ministerio del Medio Ambiente.

Aunque la junta directiva del Inderena —autoridad ambiental de la época— aprobó mediante la Resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura la creación de dos reservas forestales: una en los cerros orientales —que hoy sigue en un limbo jurídico— y otra en la cuenca alta del río Bogotá. Esta última había estado soterrada hasta hace pocos años, cuando el Distrito se percató de que existía, en su intento por modificar el Plan de Ordenamiento Territorial que sirve como instrumento para definir el uso del suelo en cada municipio.

En 1993 desapareció el Inderena para dar paso al Ministerio de Ambiente. Nadie, entonces, retomó esta declaratoria y nadie recuerda hoy quiénes eran, en esa época, los encargados del tema.
Entre tanto, los municipios de Cundinamarca siguieron creciendo, ignorando (o queriendo ignorar) que muchos de ellos expandían planes de construcción y desarrollo en áreas que, para la autoridad superior, eran consideradas reservas forestales y que, por ende, debían ser protegidas.

Para el año 2000, cuando se diseñaron los primeros Planes de Ordenamiento Territorial, ninguno de los 22 municipios por donde se extendía la reserva la incluyeron en sus proyectos y mapas. Sus alcaldes argumentaron, dice Roberto González, funcionario de la Subdirección de Planeación de la Corporación Autónoma Regional (CAR), que la declaratoria no contaba con límites claros. La CAR, entidad encargada de administrar la reserva, siguió expidiendo permisos ambientales y el Ministerio de Ambiente nunca se pronunció al respecto.

En su momento, como lo explica el concejal electo y ambientalista Diego Bejarano, la reserva era ideal para preservar los valores ambientales de la región. Sin embargo, hoy generaría un grave impacto para el desarrollo y la economía del centro del país. No se equivoca: cuando fue creada esta reserva forestal, de carácter nacional, se buscaba que 245.420 hectáreas, que cobijan parte de 22 municipios del departamento, se mantuvieran verdes. Pero 34 años después muchas ya están urbanizadas y con su cumplimiento no sólo se afectaría casi la totalidad de municipios como Villapinzón, Chocontá y Suesca, impidiendo su futuro crecimiento, además tendría que cerrarse el relleno sanitario Doña Juana y habría que desestimular la producción agrícola para dar paso a la producción forestal.
Lo más preocupante es que esta es la hora en que la reserva, que en tamaño es casi el doble del de Bogotá, sigue vigente y se debe cumplir. Así lo dispuso en una comunicación, en agosto pasado, el Viceministerio de Ambiente, que le ordenó a la CAR hacer valer lo dispuesto en la Resolución 076 y frenar cualquier actividad que atente contra la polémica reserva.

¿Por qué hasta ahora?
Aún es un misterio por qué hasta ahora sale a la luz un documento tan viejo y tan trascendental para los destinos de miles de personas que tienen intereses económicos en las áreas rurales de Bogotá, Zipacón, Sibaté, Soacha, Bojacá, Mosquera, Madrid, Facatativá, Cota, Tenjo, La Calera, El Rosal, Chía, Sopó, Cajicá, Tabio, Subachoque, Tocancipá, Gachancipá, Guatavita, Sesquilé, Cogua, Tausa, Suesca, Nemocón, Chocontá y Villapinzón (ver mapa).

Hay quienes dicen que durante el proceso de modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, la Secretaría de Planeación del Distrito descubrió, al consultar a la CAR, que dicho documento existía. Otros aseguran que fue a pedido de organizaciones ambientalistas que el Ministerio del Medio Ambiente desempolvó sus archivos, delimitó el área de la reserva y se lo comunicó a la CAR.

Aún hay muchas preguntas sin respuestas en todo este lío, que tiene actualmente a la alcaldesa Clara López y al alcalde electo, Gustavo Petro, enfrascados en una agria discusión sobre el futuro del POT de la ciudad.

Clara vs. Petro
A mediados de noviembre, Gustavo Petro le envió una carta pública a la alcaldesa Clara López, en la que le solicitaba que declinara su intención de reformar el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito sin antes “analizar en conjunto la pertinencia de mantener algunos de los puntos de desacuerdo que surgieron en el trámite de concertación de los asuntos ambientales con la CAR”.

Debido a la complejidad técnica de este tema, sumado a la brevedad de la misiva, nadie se enteró de que el principal punto de desacuerdo entre la CAR y el Distrito tiene que ver con la reserva forestal de la cuenca alta del río Bogotá. El mismo en el que no se han podido poner de acuerdo la alcaldesa saliente y el alcalde entrante.

El tema no es de poca monta. En medio de esta disputa técnica en torno a la reserva se encuentran 800 hectáreas de la localidad de Usme, que actualmente son la carta de salvación del Distrito para solucionar el déficit de 280.000 viviendas que tiene la capital y que año a año aumenta en 50.000.
Fue el alcalde Enrique Peñalosa quien, en el año 2000, imaginó la posibilidad de que Bogotá creciera hacia Usme. Desde entonces, el Distrito ha desarrollado un proyecto en estas 800 hectáreas en las que aspira a construir, a través de Metrovivienda, 53 mil viviendas, con una inversión aproximada a los $300 mil millones.

Diez años después el panorama del proyecto urbanístico, considerado por la Secretaría de Hábitat distrital como el más importante de Bogotá en los próximos 20 años, es bastante oscuro. En su oficina en la CAR, Roberto Emilio González señala que en agosto la entidad le notificó a Metrovivienda de la existencia de la Resolución 076. Según González, de los cuatro planes parciales diseñados para la nueva ciudadela, sólo podría terminarse el primero, denominado Tres Quebradas, pues tiene un avance significativo y tuvo luz verde por parte del Distrito desde 2008. Los demás quedarían sólo en el papel.
Frente a esta encrucijada, la administración actual insiste en seguir adelante sin que esto se resuelva. Gustavo Petro, por su parte, es partidario de esperar a que las autoridades ambientales saquen a Usme del limbo.

“La mejor forma de solucionar ese tema es que, antes de avanzar en más inversiones, se realicen los estudios del caso dirigidos a realinderar esa reserva. Mientras tanto es un riesgo aún para el plan parcial ya aprobado, de aproximadamente 300 hectáreas, denominado Tres Quebradas. El Distrito además enfrenta el problema de que no concertó con la CAR el plan de ordenamiento zonal de Usme, a pesar de estar obligado a hacerlo”, asegura María Mercedes Maldonado, investigadora del Instituto de Estudios Urbanos y parte del equipo de empalme del alcalde electo, Gustavo Petro.

Maldonado añade además que la CAR es apenas la entidad administradora de la reserva y que la entidad competente para realinderar y definir los usos es el Ministerio de Ambiente, por tanto, es la única que puede destrabar el tema.

Pero Xiomara Sanclemente, directora del área de ecosistemas del Ministerio, advierte que esa cartera está dispuesta a replantear los límites de la reserva, siempre y cuando la CAR adelante los estudios técnicos pertinentes que determinen cuáles áreas definitivamente no pueden considerarse como zonas de protección.

Desde hace dos meses, la CAR empezó a devolver proyectos urbanos que estén dentro de la reserva. Entidades como Catastro también la están incluyendo en los certificados de usos del suelo. Sin embargo, todavía no han empezado a realizarse los estudios que menciona Sanclemente.

¿Quién tiene la culpa?
Cuando se trata de determinar responsabilidades frente al olvido de este importante documento, tanto el Ministerio de Ambiente como la CAR se limpian las manos. Según González, la CAR permitió que se aprobaran distintos proyectos urbanísticos en la reserva durante todos estos años porque, hasta agosto pasado, no se habían definido los límites de la reserva.

Sanclemente tiene otra versión: asegura que desde 2004, con apoyo del Instituto Agustín Codazzi, se establecieron los límites de la reserva. Dice también que desde entonces la CAR conocía la declaratoria, pero nunca la quiso cumplir. Además, asegura que la reserva no es una amenaza, sino una oportunidad para preservar miles de hectáreas que serán la despensa de recursos de la región en el futuro.

Independientemente de quién tenga la razón, lo cierto es que en la medida en que esta conciliación no se lleve a cabo, 22 municipios y miles de sus habitantes verán surgir trabas a sus aspiraciones similares a las que ahora enfrentan los bogotanos que sueñan con vivir en la ciudadela de Nuevo Usme.

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