Nada ha impedido que se sigan comercializando tierras

Los verdaderos dueños del Tayrona

Por: Pablo Correa/Juan David Torres

Más del 90% del parque está en manos de 261 personas. Recuperarlo le costaría al Estado 1 billón de pesos. No hacerlo significa que los propietarios podrán seguir reclamando permisos ecoturísticos.

 

La construcción de cualquier tipo de infraestructura en zonas de recreación exige licencia ambiental.

En los videoclips de la campaña Colombia es Pasión el Parque Nacional Tayrona, resguardado por la Sierra Nevada de Santa Marta y bañado por las aguas cristalinas del mar Caribe, es promocionado como uno de esos destinos donde “el riesgo es que te quieras quedar”.

Un eslogan perfecto para resumir su atractivo turístico, pero también la actitud de decenas de personas que han intentado quedarse con un pedazo de este encantador rincón de playas blancas, atolones rocosos, manglares exuberantes, matorrales y donde sobrevive uno de los últimos relictos del bosque seco tropical del mundo.

A pesar de haber sido declarado área protegida en 1969, y por lo tanto patrimonio natural de todos los colombianos, la verdad es que hoy más del 90% del parque está en manos de particulares y después de cuarenta años nada hace pensar que las cosas vayan a cambiar.

Por el contrario, el comercio ilegal de predios que se ha gestado, el tráfico de estupefacientes, el turismo sexual, la pesca sin control, así como el deseo de muchos de sus propietarios de sacar algún provecho económico a través de proyectos ecoturísticos, sólo tienden a empeorar la situación.
Según datos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de 2007, son 59 los dueños del parque, al menos los que tienen predios constituidos legalmente. Se supone que estos propietarios estaban allí cuando el Estado tomó la decisión de declarar área protegida al Tayrona. Pero una investigación jurídica adelantada en 2008 por el abogado Filipo Burgos demostró que eran muchos más, pues los originales se habían loteado en algunos puntos y otros habían entrado a ocupar zonas sin propiedad clara. Hoy, podrían ser unas 261 las personas que reclaman algún derecho sobre la tierra.
Recuperarla legalmente, según un cálculo aproximado, podría costar al país cerca de un billón de pesos. Más o menos la cantidad invertida en la autopista Bogotá-Villavicencio. Una cifra que asusta a las directivas de la Unidad de Parques Nacionales, acostumbradas a resolver problemas con un modesto presupuesto de $25.000 millones para el mantenimiento de los 55 parques que existen en el país.

Pero no es sólo un asunto de dinero. Sanear el Parque Tayrona es desenredar una madeja de problemas como la que envuelve al predio Gairaca, Neguanje, Cinto y Guachaquita. Ubicado en el centro del Parque, abarca un 70% de toda el área protegida (ver mapa). Hasta hoy, nadie ofrece una explicación precisa de por qué ningún gobierno ha sido capaz de devolvérselo al Estado.

Historia de un predio
En 1980, es decir, once años después de la declaración oficial del parque, un abogado de nombre José Castillo Blanco vendió este predio a Antonio Nel Zúñiga y Alfredo Díaz Granados, miembros de dos familias bien conocidas entre los samarios.

El Inderena había ocupado el terreno durante una década. Tres casas construidas allí servían a los funcionarios del gobierno para ejercer sus labores administrativas. Pero Castillo argumentó que le pertenecía desde 1953, época en que lo ganó en una batalla jurídica para uno de sus clientes y éste se lo cedió. Pasarían dos años para que lograra demostrar que la venta era legítima y que él era el dueño. Lo hizo al presentar un título de la Corona española que había revoloteado de mano en mano a lo largo de la historia.

Nada pudo hacer el Inderena para demostrar que se trataba de una transacción ilegal. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia le daba la razón a Castillo y por ende a sus dos nuevos propietarios.
En noviembre de ese año, Alfredo Díaz Granados Caballero vendió a Victoria Carrillo de Aguilera el 49% de la propiedad. Y su socio, Antonio Nel Zúñiga, vendió 51% a Inversiones y Construcciones Zuca Ltda. Transacciones que nuevamente se hacían bajo la mirada cómplice de las autoridades, violando las restricciones impuestas por la declaración de un Parque Nacional.

En 1993, Canel Hermanos Ltda. se hacen con una parte del predio. Hoy, esa gran tajada del parque, que incluye quizás las más bellas playas de toda la costa colombiana, figuran a nombre de Victoria Carrillo, al parecer la madre de la esposa de Carlos Alberto Zúñiga Caballero.

A Antonio Nel y Carlos Alberto Zúñiga Caballero, la Fiscalía les incautó el 50 por ciento de las acciones que tenían en una empresa, Gradesa, que según el Departamento de Estado de EE.UU. mantuvo vínculos con paramilitares. Los Zúñiga fueron investigados por los delitos de concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzado de comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano.

Según la ambientalista y exrepresentante a la Cámara de Representantes Alegría Fonseca, la puerta para el desarrollo de proyectos ecoturísticos en esta zona del parque o en cualquier otra no se cerró cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció que se daba por muerto el proyecto de un hotel de siete estrellas.

No le faltan razones para pensar así. El 26 de julio de 2004, un documento Conpes trazó las directrices para el desarrollo de servicios ecoturísticos en los parques nacionales. Una resolución expedida por el Ministerio de Ambiente el mismo año determinó 13 zonas en las que se podrían desarrollar proyectos ecoturísticos en el Tayrona. Parecía el remedio para incrementar los recursos destinados a la protección ambiental. Pero hoy todo apunta a que al abrir esa puerta en realidad se complicó aún más la posibilidad de aclarar la propiedad sobre el Tayrona, un parque que a pesar de todo les sigue ofreciendo a sus visitantes instantes de contemplación y descanso.

Ecoturismo en el Tayrona
El 17 de diciembre de 2004 la directora de la Unidad de Parques Nacionales, Julia Miranda, firmó la resolución 0234, por la cual se determinaba la zonificación del Parque Nacional Natural Tayrona y su “régimen de usos y actividades”.

Con la resolución, el parque quedó dividido en 25 zonas y se autorizó realizar actividades recreativas en 13 sectores, entre ellos las conocidas playas de Cañaveral, Arrecifes, Cabo-piscina.
En total, se destinaron 11.131 metros de playa para este fin y una capacidad total de carga por día para 6.900 personas.

El 4 de julio de 2005 el Gobierno entregó en concesión el parque a la Unión Temporal Parque Tayrona, conformada por la prestigiosa agencia de viajes Aviatur, la Cámara de Comercio de Santa Marta y Alnuva.

Técnicamente quien demuestre propiedad sobre alguna de estas áreas puede solicitar una licencia ambiental para poner en marcha algún tipo de proyecto ecoturístico.

El parque más visitado
Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica del mundo. Esa diversidad está representada en 56 áreas naturales del Sistema de Parques Nacionales.

El porcentaje del territorio colombiano que se conserva en los parques nacionales naturales de Colombia es del 9,98% del territorio terrestre y el 1,30% del territorio marino.

La resolución Nº 0292 del 18 de agosto de 1969 permitió la creación del Parque Tayrona con una extensión de 15.000 hectáreas (12.000 terrestres y 3.000 marinas).

Ubicado en el litoral Caribe a 34 km de Santa Marta vía Riohacha, departamento del Magdalena, es el parque que más visitantes recibe cada año.

Actualmente una empresa privada, Aviatur, administra un hotel dentro del parque bajo la modalidad de concesión.

http://www.elespectador.com/impreso/cultura/vivir/articulo-308305-los-verdaderos-duenos-del-tayrona

Aclara que sabía que habría "incompatibilidades"

Felipe Santos aclara que no era inversionista en proyecto Tayrona

Por: Elespectador.com

El empresario aclaró que su participación "se limitó a facilitar a los promotores locales acercamiento con el director de Parques Nacionales".

 

Felipe Santos, hermano del presidente Juan Manuel Santos.

El empresario Felipe Santos emitió un comunicado en el que aclaró cuál fue su participación en el proyecto de la cadena hotelera Six Senses en el Parque Tayrona.

"Le informo a la opinión pública nacional que mi participación en el proyecto de la cadena hotelera Six Senses se limitó a facilitar a los promotores locales su acercamiento con el 14 años director de Parques Nacionales, Carlos Castaño Uribe, a comienzos del año 2010, mucho antes que los inversionistas de Six Senses visitaran Colombia o escogieran terreno alguno dónde realizar el Proyecto y sin desconocer que alrededor del mundo la cadena internacional se caracteriza por desarrollar proyectos ecoturísticos sin atentar contra la naturaleza", aseveró. 

De acuerdo con Felipe Santos, que firma el comunicado como director de Entertaiment Marketing Solutions, "si bien fui invitado a participar en ese momento, decliné, ya que mi hermano Juan Manuel comenzaba su campaña presidencial y era obvio que si era elegido, habría futuras incompatibilidades".  

Esta semana, el ministro de Medio Ambiente Frank Pearl informó que el proyecto "está muerto". “El presidente Juan Manuel Santos fue claro en afirmar que cualquier iniciativa en la que tuvieran alguna participación parientes suyos no se hace, por eso el proyecto del Parque Tayrona está muerto”, según dijo el jefe de la cartera en mención.

 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-307854-felipe-santos-aclara-no-era-inversionista-proyecto-tayrona

Minería, una apuesta de alto riesgo

Por: María Elvira Samper

No comparto el exceso de entusiasmo del Gobierno para impulsar la locomotora minera.

Pese a los bombillos rojos de alerta y a las advertencias de numerosos expertos sobre el riesgo de avanzar a velocidad por un camino que puede conducir al abismo, no parece haber disposición alguna para meterle un poco de freno a la máquina. Todo lo contrario. En la posesión del nuevo ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, el presidente afirmó que la locomotora que Rodado dejaba marchando avanzaría a mayor velocidad, y nombrar en el ministerio de Ambiente a Frank Pearl —confeso lego en asuntos ambientales— sembró más dudas sobre su compromiso con la protección del medio ambiente.
Pese a que Colombia es el segundo país del mundo más rico en biodiversidad, la gran apuesta del Gobierno es por la minería —y los hidrocarburos—, en la misma línea de su antecesor. Una apuesta peligrosa: crecer a costa de los recursos naturales que, además, no garantiza ni más y mejores empleos, ni una reducción significativa de la pobreza. Para botón de muestra lo que ha dejado la gran minería del ferroníquel en Córdoba, y la del carbón en La Guajira y Cesar.

En lugar de mirar hacia Costa Rica, país biodiverso que prohibió la minería a cielo abierto, o hacia la Unión Europea que el año pasado lo hizo por la puerta de atrás al vetar el uso de cianuro por 100 años, el Gobierno parece mirar hacia Chile, un país que no es biodiverso y en donde si bien la minería ha contribuido al crecimiento de la economía, la desigualdad es escandalosa: el 10% más rico tiene ingresos 78 veces más altos que el 10% más pobre. Las descomunales ganancias mineras van a los bolsillos de las multinacionales y de unos pocos empresarios nacionales. Chile es el cuarto país más inequitativo de la región.

¿Es ese el camino por el que queremos avanzar con el acelerador a fondo? ¿Conveniente abrirle el chorro a la minería? ¿Está pensando el Gobierno en términos estratégicos y de largo plazo? ¿Están las instituciones mineras y ambientales en capacidad de hacer frente al desafío de un desarrollo minero con el menor riesgo ambiental posible? ¿Está el Gobierno en capacidad de exigir a las empresas mineras que operen bajo las más exigentes normas internacionales para reducir al máximo el daño ambiental? ¿Existen los mecanismos efectivos de fiscalización y control de 8.500 títulos mineros (19.000 esperan aprobación) y 3.600 operaciones ilegales? ¿Está actualizado el catastro minero? ¿Y la reforma de las regalías? ¿Dónde está el negocio si, según un estudio del economista Guillermo Rudas, en 2009 las regalías fueron de 1,93 billones y las exenciones de 1,75 billones? ¿Tiene el Gobierno un plan integrado para crear vínculos entre la minería, el resto de la economía y las economías locales (agricultura, silvicultura, pesca, minería informal…) y evitar que los megaproyectos funcionen como enclaves? ¿Puede garantizar transparencia e información suficiente en los procesos de consulta previa? ¿Está dispuesto a aceptar los resultados si son contrarios a la minería? ¿Gobierno, departamentos, alcaldías y empresas mineras acogerían la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (Eiti), que supone verificar y publicar los pagos de las empresas y los ingresos públicos provenientes de la explotación del petróleo y la minería?

Son sólo algunas preguntas, al margen de los problemas que presenta la minería ilegal, fuente de financiación de grupos armados, caldo de cultivo de la corrupción y combustible del conflicto interno. No veo cómo el Gobierno va a ser el alquimista capaz de convertir en bendición lo que tradicionalmente ha sido una maldición para los países que han dado prioridad a la explotación de los recursos naturales.

http://elespectador.com/impreso/opinion/columna-306942-mineria-una-apuesta-de-alto-riesgo

Nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Licenciamiento ambiental a la medida de la gran minería

Nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Licenciamiento ambiental a la medida de la gran minería

Domingo, 23 de Octubre de 2011 21:41

En materia de licencias ambientales, la nueva Agencia parece estar cortada a la medida para acelerar la locomotora minera, pero sobre todo para que ruede sin frenos su vagón más riesgoso: la gran minería.  Por fin un Ministerio verde Hace unos días presenciamos la tan esperada resurrección del Ministerio de Medio Ambiente. En 2003 había sido fusionado con el de Desarrollo Económico y convertido en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o en otras palabras, el ministerio de todo y de nada a la vez. Hoy este Ministerio se escinde y el de Ambiente renace con nuevo nombre, nuevas funciones y nueva estructura, mediante la ley 1444 de 2011 y el Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011, que no solo restablecen el Ministerio, sino que reorganizan el ahora llamado Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sin duda este renacimiento es positivo, no sólo por la importancia intrínseca del patrimonio natural del país y la necesidad de una institucionalidad ambiental de alto perfil para protegerlo, sino también por la importancia de que dicha institucionalidad sea fuerte en épocas de un desarrollo impulsado por locomotoras desbocadas, como la minera. Auto-servicio casi automático Sin embargo, hay al menos un aspecto de esta nueva institucionalidad verde que vale la pena examinar con lupa, pues sospecho que no se diseñó para contener a la locomotora minera, sino todo lo contrario, para ponerla a andar más rápido: el licenciamiento ambiental. Comienzo por señalar que los procesos de licenciamiento ambiental en Colombia han sido tradicionalmente bastante débiles: En primer lugar, los decretos que han regulado la licencia ambiental han ido excluyendo de este procedimiento a cada vez más actividades, hasta llegar al flaco y laxo Decreto 2820 de 2010, que nos rige hoy. En segundo lugar, en estos procesos es el propio peticionario de la licencia quien realiza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el diagnóstico ambiental de alternativas del proyecto, lo cual resulta bastante absurdo, pues al fin de cuentas el papel de la autoridad -que es evaluar los impactos ambientales- se reduce casi al de una notaría. En tercer lugar, estos procesos suelen estar permeados por intereses políticos locales, son herméticos y poco transparentes. Tan oscura es la situación que, como lo señaló recientemente Guillermo Rudas, las autoridades ambientales –sobre todo las corporaciones– no son transparentes con la publicación del registro completo de licenciamiento, el cual ni siquiera el Ministerio de Ambiente conoce aún. Y por último, las autoridades ambientales son laxas al entregar licencias, tal como lo reveló un estudio de la Contraloría en 2006: entre 1994 y 2005 apenas se negó el 3 por ciento de las licencias solicitadas. Una rueda suelta Esta debilidad preocupa aún más si se tiene en cuenta el revolcón institucional que se ha producido con el nuevo Ministerio: la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente ha dejado de existir. Mediante Decreto 3573 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), una unidad administrativa especial con autonomía administrativa y financiera que queda vinculada al sector de ambiente y desarrollo sostenible. Es decir, la función de estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales de los megaproyectos ya no está dentro del Ministerio, sino en una unidad administrativa que aunque vinculada al mismo, ya no estará bajo la autoridad del ministro. Según el Decreto 3573, el director de esta Agencia será nombrado directamente por el presidente de la República, pero tendrá relación directa con el ministro, quien tendrá poder de veto en la concesión de licencias ambientales para proyectos de gran escala. ANLA: ¿cortada a la medida? No hay duda de que lo que está detrás de esta reforma son las reiteradas quejas de varios sectores –entre ellos el minero– acerca de las demoras en la expedición de licencias y el afán del gobierno por acelerar la locomotora minera. Esta reforma debilitará el ya flojo proceso de licenciamiento ambiental. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Ministerio sólo tiene competencia para expedir licencias en proyectos de gran escala y envergadura (Artículo 52 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 2820 de 2010) y que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) expiden el grueso de las licencias, no deja de ser curiosa esta reforma, pues según el Decreto 3573, la ANLA sólo podrá expedir las licencias que hasta ahora eran de competencia del Ministerio. ¿Por qué hacer más expedito el licenciamiento ambiental que hace el Ministerio y no aprovechar la oportunidad para modificar también el que hacen las CAR? ¿Por qué quitar las “trabas” solamente para los proyectos de gran escala? ¿Será que la locomotora minera arrastra un vagón VIP, cargado de proyectos estratégicos de gran escala que requieren licencia ambiental del Ministerio en poco tiempo y sin restricciones? No parece descabellado pensarlo. Y más si se tiene en cuenta el gol que metió el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) a este respecto: el artículo 224 de dicha ley recortó en 30 por ciento el tiempo del procedimiento para evaluar y otorgar licencias ambientales. Además estableció que tras cierto tiempo, si el Ministerio de Ambiente –ahora la ANLA– no ha decidido sobre la licencia, un comité con participación del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del sector al que pertenece el proyecto evaluado –que puede ser por ejemplo el de Minas o el de Transporte– podrá hacer recomendaciones obligatorias respecto a la licencia, contra las cuales no cabrán recursos. Reducir el tiempo para evaluar las propuestas implica reducir el rigor con el que se evalúan —que de hecho ya era bajo—; y permitir que un sector sea juez y parte en la concesión de una licencia es hacer aún más laxo el control que corresponde al Estado. Para los mega-proyectos mineros Resulta más preocupante que estas reformas apunten a beneficiar principalmente a los grandes proyectos mineros: son los de mayor potencial productivo y el gobierno ya ha dicho que no desea desaprovecharlos. Sería el caso de la Gresytar Resources y su fallido proyecto de explotación de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán. La empresa tenía título minero hace más de diez años (podía explorar), pero no había podido obtener la licencia ambiental (no podía explotar aún), pues el Ministerio no había decidido sobre la solicitud de la misma. Al final, debido a la presión de la ciudadanía, la empresa desistió del proyecto y el Ministerio terminó negando la licencia, aunque la letra menuda de la resolución parecería permitir que el proceso continúe de oficio. El caso Greystar –hoy llamada, irónicamente, EcoGold Resources– se convirtió en el ejemplo de mostrar para las empresas mineras que protestan por la demora en el licenciamiento. Pero con esta nueva institucionalidad, casos como este difícilmente se repetirán, pues nunca más una licencia se tardará tantos años y habrá menos tiempo para que la sociedad civil reaccione y participe de veras en las decisiones acerca de un proyecto de este tipo. Este escenario parece estarse presentando en el caso del proyecto minero Cañaverales de la empresa brasileña MPX, en el sur de La Guajira —donde fungen como asesoras una exministra de ambiente, una exviceministra de aguas y una exdirectora de licencias ambientales— y que efectivamente obtuvo la licencia en menos de un año, tiempo récord que todas las demás empresas querrán tratar de batir. Así pues, en materia de licencias ambientales, el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible parece estar hecho a la medida de la locomotora minera, pero sobre todo, a la medida de su vagón más riesgoso y arrollador: la gran minería. * Abogado e investigador del Centro de Investigaciones Sociojurídicas -CIJUS- de la Universidad de los Andes. http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2490-nuevo-ministerio-de-ambiente-y-desarrollo-sostenible-licenciamiento-ambiental-a-la-medida-de-la-gran-mineria.html

Ese año se autorizó otro proyecto ecoturístico

La otra licencia del Tayrona

Por: Redacción Vivir

En 2009, el Minambiente autorizó a Julio Sánchez Sierra para hacer uno.

 

Decenas de propietarios con terrenos en el Parque en teoría podrían reclamar autorización para nuevos proyectos. / Semana

El revuelo que ha causado la propuesta de construir un proyecto hotelero en predios del Parque Nacional Tayrona tiene un antecedente reciente que pasó completamente inadvertido para la opinión pública y constituye un ejemplo más del complejo problema de propiedad de tierras dentro de la reserva natural.

El 3 de abril de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó una licencia ambiental al empresario samario Julio Sánchez Sierra para desarrollar un proyecto ecoturístico de seis a ocho ecohabs, en dos pequeñas ensenadas localizadas en el costado noroeste de la Bahía Concha en el Parque.

El Ministerio negó inicialmente la construcción de un muelle, una cabaña administrativa y plataformas “para tomar el sol” a lo largo de las Playas Ciruelos 1 y Ciruelos 2 incluidas en el diseño del proyecto. Pero, meses más tarde, tras un recurso de reposición interpuesto por Sánchez Sierra el Ministerio autorizó la ejecución total del proyecto ( 8 de septiembre de 2009). Sánchez, a través de sus abogados, reclamaba que estas construcciones adicionales no generarían un impacto negativo sobre el ecosistema.

El proceso de autorización se inició cuando el ministro de Ambiente era Juan Lozano y concluyó un mes después de que éste anunciara su retiro de la cartera. El documento fue firmado por la entonces directora de licencias Diana Marcela Zapata.

“Si a ellos le dieron un permiso, por qué no a otros, es lo que deben estar preguntándose algunos de los propietarios de predios dentro del parque”, plantea Margarita Pacheco, urbanista y experta en temas ambientales. En su opinión, el gran problema de fondo en el Parque Tayrona es la falta de información sobre la propiedad de los predios.

Aunque no existe un registro preciso, se calcula que el 90% del territorio del parque está en manos de privados. Y comprar esos predios superará en más de tres veces todo el presupuesto anual que recibe la Unidad Nacional de Parques Nacionales.

¿Podría cualquiera de estos propietarios reclamar el derecho a un proyecto ecoturístico? Carlos Costa, exviceministro de Medio Ambiente y quien sucedió a Juan Lozano, explica que dentro de las actividades humanas permitidas en un Parque Nacional están la investigación y el ecoturismo. Pero cada vez que se va a aprobar un nuevo proyecto es necesario medir la capacidad de carga del ecosistema. “Si ya hay un proyecto, el siguiente debe tener en cuenta que no exceda esa capacidad”, señaló Costa.

Enfatizó, además, que “una cosa son unos pocos ecohabs y otra un proyecto hotelero de gran envergadura”.

http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-307355-otra-licencia-del-tayrona

Entrevista

"El modelo económico actual no es viable": Achim Steiner

Por: Pablo Correa

El director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente habló sobre los retos de la economía verde.

 

Achim Steiner está convencido de que la prosperidad económica en el siglo XXI estará gobernada por la riqueza natural. /Cortesía Pnuma

Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de paso por Colombia, calificó como un éxito la conferencia sobre el Convenio de Basilea que concluyó en Cartagena este fin de semana y en la que se adoptaron nuevas decisiones para el control y la eliminación de los desechos tóxicos transfronterizos.

¿Cuál fue el principal logro de la conferencia en Cartagena?
Posiblemente lo más importante fue la aprobación de una iniciativa, liderada por Suiza e Indonesia, que permitirá la entrada en vigor de la enmienda de prohibición que busca restringir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos provenientes de países desarrollados hacia países en desarrollo.

Hacerse cargo de la basura electrónica puede ser muy costoso para países en vías de desarrollo. ¿Qué propone el Pnuma?
En efecto, la basura electrónica es un problema que crece exponencialmente, no sólo en países industrializados sino en los que están en vías de desarrollo. Se estima que el volumen de computadores obsoletos en regiones en desarrollo excederá a los de países desarrollados entre 2016 y 2018. En 2002, bajo la Convención de Basilea, se implementó un convenio para la gestión de teléfonos móviles al final de su ciclo de vida y desde 2008 para los equipos de cómputo.

Usted ha trabajado en promover la economía verde. ¿Existen modelos distintos para los países desarrollados y en vías de desarrollo?
No hay una “solución para todos” cuando se habla de economía verde. En gran medida depende del desarrollo económico de cada país. En una nación como Uganda, que depende mayoritariamente de la agricultura, una decisión deliberada fue moverse hacia los cultivos orgánicos. Los análisis demostraron que decenas de miles de granjeros orgánicos no tenían que pagar por los altos precios de los fertilizantes y pesticidas, y estaban logrando un precio tres veces más alto de sus productos en mercados globales. Son muchos los ejemplos de cómo la economía verde encaja con distintos tipos de economía.

Colombia enfrenta difíciles dilemas, como sacar ventaja de su riqueza minera sin perder al mismo tiempo su capital natural. ¿Cual es el mejor camino?
El punto clave es contar con la información correcta para que los gobiernos, hombres de negocios y comunidades puedan tomar decisiones informadas. En el pasado, por ejemplo, el valor económico de la naturaleza era invisible en las cuentas nacionales de ganancias y pérdidas. Pero en el informe La economía de los ecosistemas y la biodiversidad, promovido por Naciones Unidas, se hizo evidente que se pierden trillones de dólares por la degradación y destrucción de los recursos naturales. No son sólo los ambientalistas los que están preocupados por la pérdida de recursos naturales. Una encuesta reciente realizada por Pricewaterhouse Coopers encontró que cerca del 30% de los CEO están “extremadamente preocupados” o “medianamente preocupados” por la pérdida de biodiversidad.

¿Todavía es optimista frente a la firma de un acuerdo global para luchar contra el cambio climático?
Sí. Aun cuando ha sido difícil encontrar una fórmula para hacer coincidir a los 190 países en un nuevo tratado legalmente vinculante, ninguna nación se ha alejado de las negociaciones. Quizás la clave es resistirse a la idea de que “nada está acordado hasta que todo está acordado” y moverse hacia áreas con amplia acogida como el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Algo crucial en Durban, Sudáfrica, el próximo mes, cuando se retomen las negociaciones, será avanzar en la creación del Fondo Verde y ofrecer opciones sobre cómo generar los US $100 mil millones por año de financiación para el 2020. Existen opciones a corto plazo que se pueden tomar para evitar que la temperatura se incremente más de dos grados centígrados.

¿Cree que sólo una tragedia global logrará convencer a todos de la realidad del cambio climático?
Muchas personas se están tomando el cambio climático en serio. El año pasado se invirtieron US$211 mil millones en energías renovables, mucho más que en nuevos combustibles fósiles. Los desastres naturales sirven para recordarles a los políticos y al público en general los riesgos que corremos si no detenemos el cambio climático.

Muchos economistas hablan de una nueva etapa del capitalismo. ¿Está de acuerdo?
El modelo económico de los últimos dos siglos, basado en el consumo sin pagar el costo de externalidades ambientales, simplemente no es viable en un planeta con 7 mil millones de personas. La economía verde provee análisis sobre cómo pueden crecer las economías, generar trabajos decentes y aun así mantener la huella humana dentro de los límites ecológicos.

¿Cuál sería su mensaje para los tomadores de decisiones en Colombia?
Que probablemente existan más oportunidades de desarrollar una economía en el siglo XXI basada en la sostenibilidad más que en la degradación ambiental. El país que invierta en activos naturales tendrá más posibilidades de prosperar.

http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-307151-el-modelo-economico-actual-no-viable-achim-steiner

Los empresarios del Tayrona

Finalmente parecemos tener a todos los que estan detrás del escandoloso proyecto.
Se trata de terrenos sagrados intocables para la intervención humana, el ecosistema de la Sierra Nevada de principio a fin y termina en las playas del Tayrona, son uno solo a pesar de la carretera que los divide que antiguamente no exísitia.
No entiendo la posición de Carlos Castaño, y que lo motivo a hacer esto. Estuvimos hace algunos años en un Curso de Ecoturismo en Riohacha, y el eje y base fue el ecosistema de la Sierra Nevada y tuvimos visitas guiadas al Tayrona, se hablo de la importancia de tener eco-guias etc etc, más nunca la creación de un Hotel 7 estrellas, es un magnicidio contra el lugar y las especies animales y bienes intangibles que son de todos...ni de los Davila Abondano ni eventualmente de six senses. Pensemos un poquito.....

La idea fue del exviceministro de ambiente Carlos Castaño Uribe. Los dueños del terreno, el grupo Daabon y prestantes familias del Magdalena. Los promotores, Mickmash, con inversiones, entre otros, de la multinacional Six Senses.

 

Carlos Castaño Uribe, exdirector de parques y exviceministro de Ambiente, gestor de la idea del hotel ecoturístico en el parque Tayrona. / Archivo particular

El 24 de noviembre de 2009, con el propósito de buscar opciones para desarrollar un proyecto hotelero ecoturístico de alto nivel en Colombia, el empresario Stefan Saldarriaga, en representación de la empresa Mickmash, inspeccionó varios terrenos en el Magdalena. El recorrido se concentró en la zona de los ríos Mendihuaca y Buritaca y la idea era que fuera próximo a la ciudad de Santa Marta. Así surgió una de las iniciativas de mayor polémica en la actualidad porque compromete grandes intereses económicos y políticos.

Un mes después, de nuevo Stefan Saldarriaga regresó al Magdalena y formalizó su propuesta ante la secretaría de Turismo de Santa Marta. Lo hizo invocando los objetivos de la empresa Mickmash, dedicada a desarrollar proyectos de destinos únicos  en materia hotelera, en el contexto de la aventura, la ecología y el turismo. Además, Mickmash había ganado la representación exclusiva de la multinacional de la hotelería Six Senses, promotor de lujosos proyectos ecoturísticos en Vietnam, Tailandia, Jordania o las islas Maldivas.

A finales de enero de 2010, se produjo la tercera visita. Esta vez volvió a Santa Marta Stefan Saldarriaga en compañía de su hermano Juan Guillermo, ingeniero civil de profesión y residente en Estados Unidos, y un invitado especial: Itthi Yossundra, alto ejecutivo de Six Senses. En esta ocasión la reunión fue con el alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Diazgranados, a quien le presentaron un balance de las observaciones realizadas en la región, y en especial el interés por un lote de 20 hectáreas en el sector de Palomino, en La Guajira.

La reunión terminó con un recorrido en yate por las costas del caribe, en particular por el parque Tayrona, donde el visitante exteriorizó su admiración por el enorme potencial de este escenario. Pero como el interés estaba centrado en el terreno de Palomino y la multinacional Six Senses respaldaba esta  opción, los voceros de Mickmash retornaron a mediados de  febrero, en esta ocasión acompañados por uno de sus más entusiastas promotores: el empresario Felipe Santos Calderón, hermano del presidente Juan Manuel Santos.

En Santa Marta los recibió un experto en asuntos ecológicos, Carlos Castaño Uribe, exdirector de Parques Nacionales,  después nombrado viceministro del Medio Ambiente en septiembre de 2010. Él fue quien le bajó el entusiasmo a la gente de Mickmash, y por extensión a la multinacional Six Senses, al advertir que el área escogida en Palomino correspondía a una zona de resguardo indígena, por lo cual su realización sería muy compleja. No obstante,  como lo admitió a El Espectador,  ofreció colaborar para la búsqueda de una alternativa.

La prueba es que entre marzo y abril de 2010, preocupados por las observaciones de Castaño Uribe, los voceros e inversionistas de Mickmash siguieron buscando un  lugar para su proyecto. En uno de tales viajes estuvo Omar Romero, director de desarrollo de Six Senses. Evaluaron una posibilidad en la región de Dibuya, pero la descartaron por tratarse de una franja de protección étnica. Fue entonces cuando Carlos Castaño Uribe propuso que se hiciera en el parque Tayrona, entre los sectores de Cañaveral y Arrecifes.

Castaño comentó a El Espectador  que su idea era que el Estado recuperara esta zona, hoy en manos privadas, para desarrollar un proyecto controlado por la Unidad de Parques Nacionales. Un esquema de asociación entre el sector público y la empresa privada, regido por autoridades nacionales. La idea cuajó y ese mismo día, según detalló a este diario uno de los consultores de la iniciativa, hubo una reunión en el condominio Marino Sierra Laguna en Santa Marta para darle curso al proyecto buscando los socios determinantes.

Aunque Castaño recalca que no siguieron sus recomendaciones al pie de la letra, quien sí fue consultado y manifestó su  apoyo e incluso propuso coordinar con Proexport el soporte a Mickmash y Six Senses, fue el entonces vicepresidente Francisco Santos. La evidencia es que a la siguiente visita de  Saldarriaga, estuvo acompañado por la funcionaria de Proexport Shalma Díaz Granados, pariente del actualministro de Comercio Exterior Sergio Díaz Granados, por ese entonces presidente  del gremio hotelero, Anato. Ese mismo día, se hizo el contacto con uno de los dueños del terreno: el grupo Daabon de la familia Dávila Abondano.

En las oficinas del grupo, con la presencia de algunos de sus socios, se diseñó una hoja de ruta para que Six Senses adelantara el proyecto en el sector de Arrecifes, dentro del parque Tayrona. Los inversionistas de Mickmash se comprometieron a conseguir todos los permisos y licencias necesarios para sacar adelante la iniciativa y se puso en marcha una hoja de ruta de contactos a nivel nacional para que tuviera éxito la construcción de un hotel de siete estrellas, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos en septiembre pasado.

El siguiente paso era lidiar con los dueños del terreno, pues a pesar de que el parque Tayrona es un área protegida, hay títulos de propiedad y detrás de ellos están algunos miembros del grupo Daabon, un grupo empresarial de carácter familiar que nació en 1914 con cultivos de banano y ganadería en el departamento del Magdalena, que hoy, ya por su tercera generación, puede tener ingresos del orden de los 120 millones de dólares al año, al tiempo que representa el mayor empleador del Magdalena con más de 2.000 trabajos directos.

El 24 de marzo de 2011 , en la Cámara de Comercio de Santa Marta, se constituyó la empresa Promotora Arrecifes S..A.S., con el objeto de desarrollar proyectos ecoturísticos. Como miembros principales de la Junta Directiva quedaron Manuel Julián Dávila Abondano, el director comercial del grupo, y Simón Solano Tribín, esposo de Claudia Dávila, quien a su vez quedó al frente de la gerencia. Otros miembros de la familia Dávila Abondano quedaron registrados como integrantes suplentes de la gerencia y la junta directiva.

Lo demás es historia reciente. El presidente Juan Manuel Santos anunció en uno de sus acuerdos para la Prosperidad que Colombia iba a tener su primer hotel de siete estrellas, y que éste tendría forma a través de la empresa internacional Six Senses en el parque Tayrona, en el departamento del Magdalena. Desde ese día la polémica no cesa. Y menos desde que se supo que el Ministerio del Interior certificó que, desde el punto de vista geográfico y espacial, no había comunidades indígenas en el sector Arrecifes del parque Tayrona.

Hoy es claro que detrás del ambicioso proyecto en el Tayrona está el grupo Daabon con su poder empresarial en el área de la comercialización de productos orgánicos, el negocio del biodiesel o la producción de aceite de palma, pero también con sus  escándalos por derrames de aceite vegetal en el sector de Taganga o  los millonarios beneficios que recibió en el programa Agro Ingreso Seguro. Junto a Daabon está Mickmash de los hermanos Saldarriaga y la multinacional del ecoturismo Six Senses.
El resto del negocio lo llenan los otros dueños del terreno: las familias Dávila Zúñiga, Castro Guerrero y Solano Tribín. Todas familias acomodadas del Magdalena. En las trascena de las decisiones está la Fundación Pro Sierra Nevada, quien tendrá que hacerle un seguimiento al caso y dar la última palabra. Con un detalle adicional, por su carácter independiente la Fundación tiene un peso muy grande sobre los Mamos de la Sierra. De alguna manera en sus manos también está el futuro de un proyecto que tiene agitado el mundo ecológico.

“Me  encanta el proyecto”: Felipe Santos Calderón
“Conocí el proyecto, me reuní no una sino varias veces con los hermanos Saldarriaga en Bogotá y en Santa Marta. Es cierto que ellos me buscaron y que el proyecto me encanta. Carlos Castaño Uribe estuvo con nosotros. Pero apenas conocí de las intenciones electorales de mi hermano decidí marginarme del proyecto. No acepté, a pesar de que me parece una muy buena idea”. En estos términos se pronunció el empresario Felipe Santos Calderón frente a los comentarios de su presencia en las reuniones preparatorias del proyecto del hotel de siete estrellas en el Parque Tayrona.

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