domingo, 11 de marzo de 2012

Obama busca incentivos para que ciudadanos utilicen autos eléctricos


8 Mar 2012 - 8:36 pm

Elecciones en Estados Unidos

Obama busca incentivos para que ciudadanos utilicen autos eléctricos

Por: Redacción Vivir

En medio de la carrera por la presidencia, el pedido del presidente de EE.UU. no parece sencillo de cumplir.

El presidente Obama instó a los empresarios a no depender de los cumbustibles fósiles. /AFP  
El presidente Obama instó a los empresarios a no depender de los cumbustibles fósiles. /AFP

La lucha por la presidencia de Estados apenas comienza y pone en primer plano un elemento que aparece a menudo en las agendas políticas: el medio ambiente. El presidente Barack Obama, que busca la reelección, no se ha quedado atrás. En tres semanas y en diferentes escenarios ha declarado que Estados Unidos debe dejar su “dependencia” a los derivados del petróleo y buscar nuevas fuentes de energía. El último discurso, pronunciado en Carolina del Norte, fue claro en ese sentido: hay que buscar más incentivos para que los estadunidenses utilicen carros eléctricos.

Sin embargo, el camino del éxito para Obama no es tan sencillo. El Congreso debe aprobar los créditos fiscales para que más de 15 estados puedan poner a funcionar estaciones de carga para carros eléctricos porque, de lo contrario, serviría de muy poco que los ciudadanos utilicen automóviles de este tipo. Pero la mayoría republicana, cuya oposición a la política ambiental de Obama ha sido constante, le complicará sus objetivos.

¿Qué dijo Obama en Carolina del Norte, en una fábrica de camiones? “No podemos seguir confiando en las viejas formas de hacer negocios. No podemos depender de los combustibles fósiles desde el siglo pasado. Tenemos que desarrollar continuamente nuevas fuentes de energía”. Para ello, y en medio de un alza en los precios de la gasolina, Obama aseguró que extendería más de $1.000 millones en créditos fiscales e incentivos para carros y camiones que utilicen energías alternativas.

Este es el tercer discurso de Obama en tres semanas. El 3 de marzo, en el Congreso, Obama aseguró que las exenciones fiscales a empresas petroleras debían ser derogadas, una declaración que puede ser interpretada como una afrenta a las grandes productores de petróleo estadounidense o una jugada política, pocos meses antes de la cumbre de cambio climático en Río+20.

“Aunque consumimos el 20% del petróleo del mundo, sólo tenemos un dos por ciento de las reservas mundiales”, dijo Obama. Y ya que las reservas de petróleo se encuentran, en su mayoría, en el Oriente Medio, Obama también busca que dicha dependencia disminuya y, por medio de la producción de nuevas energías, Estados Unidos pueda suplir sus propios medios.


http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-331254-obama-busca-incentivos-ciudadanos-utilicen-autos-electricos

Los dueños del Macizo Colombiano

8 Mar 2012 - 11:41 pm

Entre la minería legal, ilegal y artesanal (3)

Los dueños del Macizo Colombiano

Por: Edinson Arley Bolaños

Testaferros y multinacionales se disputan la hegemonía en las minas de La Petrolera y Curiaco.

Este es el campamento donde vivían los mineros en plenos páramos de la Bota Caucana. Tiene cable y plantas generadoras de energía.      / Fotos: Guido Rivera (CIMA).  
Este es el campamento donde vivían los mineros en plenos páramos de la Bota Caucana. Tiene cable y plantas generadoras de energía. / Fotos: Guido Rivera (CIMA).

A La Petrolera, la locomotora minera llegó antes de que lo anunciara el gobierno de Santos. El 6 de noviembre de 2007, mientras hacía un camino para bajar la madera aserrada, Dorance Meneses vio la pinta brillante. “Me puse a cavar y la hallé. Era una mina”, le dijo esta santarrosana a algunos medios de comunicación en 2011. Desde entonces, ella y treinta mineros artesanales empezaron a sacar 15 gramos de oro semanales, “algo más, como para vivir un poco mejor que antes”, replica Dorance.
Pero ni ella ni sus compañeros, que hoy hacen parte de la lista de desplazados de este país, se imaginaron que tras la mina llegaría no sólo un dueño, sino dos, y con ellos una guerra entre Gilberto Rojas Salinas, un campesino de la zona, y Arsecio Plazas, quien figura como el último propietario de la finca La Petrolera, y quien es procedente de Acacías, Meta.

En ese mismo predio, Ingeominas les entregó en noviembre de 2009 un título minero para explotación de oro a dos personas naturales que aparecen registradas en un documento de la página web del instituto. El título está localizado en: “La escuela de la vereda La Petrolera, municipio de Santa Rosa, Cauca”, cerca al Parque Nacional Natural Alto Fragua, que queda en el límite entre los departamentos de Cauca y Caquetá, zona que hace parte del núcleo del Macizo Colombiano y donde el río Caquetá se nutre de las aguas que drenan las quebradas y ríos del Parque Nacional Natural Doña Juana, el cual está conformado de serranías, páramos y cerros.

El litigio entre estas dos personas está en proceso; sin embargo, el señor Arsecio Plazas tomó posesión de la finca La Petrolera el año pasado, quince días después de que el exalcalde de Santa Rosa, Héctor Vicente Ortiz, desalojara a los trabajadores de la mina por falta de requisitos legales. Pero, también después de que el señor Plazas amarrara a un tractor la casa donde vivía el señor Rojas y la derribara, tal y como lo denunció públicamente este campesino.

La pelea por Curiaco
El señor Arsecio Plazas reapareció en junio de 2011. Y lo hizo nuevamente en el municipio de Santa Rosa, pero ahora con un título para explotar oro en la mina de Curiaco. Allí, los mineros artesanales se pararon en la raya, alegando ser los dueños ancestrales de la mina, los herederos de la peña que se ubica en la zona de amortiguamiento del páramo de Santo Domingo, y que anteriormente, en la época de la colonia, empezó a ser explotada por orden de los españoles.

Este nuevo litigio, que también tiene implicado al exalcalde de la población, inició cuando María del Carmen Rojas, en ese entonces la gerenta de la Compañía Agrominera Curiaco S.A. (Coamicur), le vendió al señor Arsecio Plazas. La asociación, que estaba conformada por once mineros, tenía un título expedido por Ingeominas en el año 2006 y una licencia ambiental que les entregó la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Poco tiempo después, algunos de los mineros que murieron o se marcharon le vendieron a la señora Rojas, y desde ese tiempo posee las mayores acciones de la mina. Ella vive actualmente en la ciudad de Cali, Valle.

Nadie sabe cómo lo hizo, pero lo cierto es que el señor Plazas compró dichas acciones, y fue a mediados del año pasado cuando llegó imponiendo su ley a la zona. Acompañado del entonces alcalde de Santa Rosa, su hijo y uno de los candidatos a la Alcaldía de ese municipio en las pasadas elecciones, les dijo a los doscientos mineros artesanales que él era el nuevo dueño de la mina, que de ahí en adelante se iba a trabajar bajo sus condiciones, o que de lo contrario le vendieran los molinos californianos con los que trituraban la roca y los cuales, años atrás, habían sido transportados a lomo de mula por los guaqueros de Curiaco. “Entre 4 y 5 millones de pesos les ofreció por cada máquina. Quien no quisiera, que se fuera, que cuando construyera la carretera hacia la mina, iba a sacar todos esos hierros que a él no le servían para nada”, dice Guido Rivera, miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, quien ha seguido de cerca este caso.

El día en que Rivera llegó a la mina de Curiaco se encontró a muchos de los mineros con los ojos aguados y tragando grueso, apostados a las afueras de los campamentos que quedan en medio de las ocho vetas o túneles. Pero también a Arsecio Plazas. De capa negra, en medio de la neblina del páramo y hablando con los que trabajan al jornal. Les ofreció un salario mínimo y la seguridad social para que trabajaran con él. Ese mismo día los mineros rechazaron la oferta: “Ganarse seiscientos mil pesos en condiciones de minero artesanal es muy complicado, pues hay túneles de 300 y 400 metros de profundidad para sacar el material al aire libre. El sueldo nos lo colocábamos nosotros. Ganábamos dos millones mensuales”, respondieron ellos.

Los contratos de un testaferro
Muchos de los accionistas, como Adolfo Medardo Andrade, terminaron vendiéndole a Arsecio Plazas. Según Víctor Hugo Romero, un minero que interpuso una denuncia contra el señor Plazas ante la Defensoría del Pueblo en agosto de 2011, “después de amenazarlo con que lo iba a demandar en la Fiscalía por explotación minera ilegal, llegaron a un acuerdo de venta”.

De los once mineros que pertenecían a Coamicur S.A., cinco le vendieron sus acciones y sus herramientas. Algunos, como Andrade, en 8 millones de pesos, según consta en el documento de compraventa de las partes, donde también se puede ver que Arsecio Plazas actuó en representación del señor Carlos Aguirre Babativa, natal de Villavicencio, Meta, y no en su propio nombre o como propietario del contrato. Sin embargo, donde sí aparece Plazas, no como apoderado sino como dueño, es en dos solicitudes más que ha hecho ante Ingeominas para poder explotar oro en 11.996 hectáreas del mismo municipio de Santa Rosa.

El mismo Arsecio Plazas es el dueño de dos fincas de 6 mil hectáreas en San Martín y Mapiripán, Meta, que hoy reclama porque los testaferros de Pedro Oliverio, alias Cuchillo, se las robaron a través de documentos de compraventa irregulares en los que estaría involucrado uno de sus sobrinos, según le explicó a este diario el supernotariado, Jorge Enrique Vélez, a finales del año pasado.

Pero la historia no termina ahí. Hoy, a pesar de que muchos de los mineros se desplazaron a la cabecera municipal de Santa Rosa, al vecino municipio de Bolívar o a su tierra natal, setenta están trabajando actualmente en la mina. Nadie sabe si de parte de Plazas o no, pero lo cierto es que actualmente en la corporación autónoma cursa una solicitud para la apertura y construcción de la carretera hacia la mina de Curiaco, “que es de alrededor de 8 kilómetros y que nosotros estamos dando la pelea para que no se haga. Primero, porque la mina está en zona del páramo de Santo Domingo y Las Ánimas, que queda cerca al Parque Nacional Natural Doña Juana, y además porque está sobre las cabeceras de la quebrada La Mina que es donde ellos lavan el oro con mercurio. Aguas abajo, esa fuente va a caer directo al río Curiaco que desemboca en el río Caquetá”, explica Guido Rivera.
Para la explotación de minerales como el oro están solicitadas ante Ingeominas 179.333 hectáreas en los municipios de Santa Rosa, San Sebastián y Piamonte, que conforman la Bota Caucana, el Parque Nacional Natural Doña Juana y la Serranía de los Churumbelos. Dichas solicitudes son de empresas y multinacionales como AngloGold Ashanti, Greystar Resources Ltda., Continental Gold Ltda.,
Sociedad Proenza S.A., H Mines S.A.S., CBR Colombia S.A.S., Anglo American Colombia Exploration S.A., Cholo SOM, CI UraGold Corp. Mientras, las aspiraciones a títulos mineros por parte de particulares ascienden a 87.205 hectáreas en la misma zona.

Por estos días apareció en Santa Rosa otro señor diciendo que ha comprado la mina de Curiaco. Dicen que se llama Gilmar Enrique Vaquiro Herrera y se hace pasar como representante de una empresa de nombre Agroruber. Por ahora, el futuro legal de la mina parece incierto. Pero de lo que no hay duda es de que los páramos, serranías, ríos, parques naturales y todo el Macizo Colombiano están en el corazón de Guido Rivera, quien sigue aferrado a la virginidad de esta tierra rica en oro, plata, carbón, coltán y, sobre todo, en agua. Mucha agua.

Cauca, por fuera de la estrella fluvial
Según el decreto 4950 de 2011, que expide el presupuesto del Sistema General de Regalías para 2012, el Cauca, que es donde se forma el Nudo de Almaguer, está dentro de la región Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca), pero no en la región Sur Macizo Colombiano (Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima). Para la CRC este es un grave error que comete el Ejecutivo ya que en el Cauca nacen los principales ríos del país, que abastecen de agua al 70% de los colombianos.
El Cauca no se beneficiaría de los $812 mil millones destinados para la región del Macizo, sólo de los $525 mil millones que hay para la región Pacífico. Los alcaldes del Cauca están solicitando que se revise el articulado que los excluye de dicha región.

El manantial del que bebe el país
Santa Rosa, está dentro del núcleo del Macizo Colombiano que alberga el 70% del agua dulce que consumen el resto de los colombianos. Donde nacen los cinco ríos más importantes para el país: el Magdalena, el Patía, el Putumayo, el Caquetá y el Cauca. En un recorrido que hizo el sociólogo Alfredo Molano en 2011 por el también conocido Nudo de Almaguer, pudo contemplar algunos de los 15 páramos y las 65 lagunas que componen la estrella fluvial del sur del país. Muchos de los afluentes que nacen en este conjunto montañoso hoy están siendo utilizados para lavar y extraer minerales como oro o carbón.

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-331214-los-duenos-del-macizo-colombiano

9 Mar 2012 - 11:39 pm

Entre la minería legal, ilegal y artesanal (4)

Los dueños del Macizo

Por: Edinson Arley Bolaños

Santa Lucía es el reflejo del impacto que está generando la locomotora minera en la agricultura tradicional de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del sur del país.

Los afrodescendientes e indígenas de la región se unieron  para retirar las dragas y retroexcavadoras del río Esmita, en el Hoyo Patía.    / Fotos Fundación Censat - Agua Viva  
Los afrodescendientes e indígenas de la región se unieron para retirar las dragas y retroexcavadoras del río Esmita, en el Hoyo Patía. / Fotos Fundación Censat - Agua Viva

Doña Diosa es hermana de la profesora Rocío. Ambas saben por qué Carboandes celebró la fiesta de Navidad el año pasado en su vereda, Santa Lucía. “Por primera vez se festejó en dos lugares: en la escuela, donde dimos los regalos que nos donó la comunidad, y en la parte de abajo, donde dieron los que la empresa les llevó”, dice Rocío, mientras agacha la mirada, asienta la cabeza y recoge los brazos como una niña rebelde pero sincera.

Ella misma es la representante del Consejo Comunitario Afrosiso de 14 veredas de La Sierra, Cauca. Desde hace cinco años, cuando llegó la minera AngloGold Ashanti a sus parcelas, ha liderado una dura pugna por la defensa del territorio. Es de raza negra, descendiente de los cimarrones que en el siglo XVIII se asentaron en el Valle del Patía y que hoy defienden la minería artesanal que se hace con bateas en los ríos Esmita y Patía, actividad que sirve de complemento al cultivo de yuca, café o caña, y que los afros o mestizos aún practican, más que todo en tiempos de verano.

A la llegada, un puñado de negros nos esperan en la puerta de la escuela. Al unísono preguntan si somos los periodistas. Luego empiezan a contar que ese día tienen una minga a la que algunos padres de familia no asistieron en razón de que trabajan para Carboandes, y eso los ha puesto en disputa.
En julio del año pasado Afrosiso empezó a dar la dura pelea contra la minería legal e ilegal. Los negros se juntaron con los indígenas para sacar una retroexcavadora que estaba en lecho del río Esmita, exactamente en el Hoyo Patía. La guardia indígena de la vereda Frontino Alto, que también padece la misma situación, y más de 150 comuneros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) llegaron pidiéndoles las llaves a los operarios de las máquinas. Ellos se negaron a hacerlo y fue entonces cuando respondieron que estaban en predios del señor Jorge Díaz, un oficial retirado del Ejército, quien también era el dueño de la maquinaria. Los indios procedieron a quemar las mangueras de las dragas y a desarmar los cambuches apostados en los playones del río. Luego fue retirada la retroexcavadora.
La minga duró un día y medio, pero no ha resuelto el problema. La maquinaria pesada insistió en seguir en el lecho del río Esmita que es un afluente del Patía. En los meses de agosto y septiembre del año pasado la Policía Nacional, junto a la corporación autónoma, incautaron cuatro retroexcavadoras y judicializaron a más de 80 trabajadores de minas a cielo abierto, que han desviado el río de su cauce natural en varios puntos de este predio. Este año volvieron a encontrar maquinaria pesada y varios kilos de mercurio en la misma zona.

Entre 2011 y lo corrido de este año se han realizado 42 operativos en todo el departamento. Aunque éstos continúan, muchos creen, incluso la Fuerza Pública, que siguen siendo pañitos de agua tibia, pues la norma no permite quemar la maquinaria ni meter a la cárcel a quienes explotan las minas ilegalmente, como se hace con los campamentos o laboratorios para el procesamiento de coca.

La concesiones en el Macizo
Para la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), el Valle del Patía es un área muy importante para el país y el Macizo Colombiano. “Es un valle subxerofítico que tiene unas connotaciones propias exclusivas de este departamento”, dice la CRC.

Sobre esa área están los municipios de El Patía, La Sierra y La Vega. En el primero, Ingeominas concedió un título minero por 1.855 hectáreas a la multinacional AngloGold Ashanti para que pueda explotar oro y otros minerales. Pero también están pendientes 34 solicitudes, entre particulares y multinacionales, sobre las márgenes de los ríos Patía, Quilcacé, Timbío y San Pedro. Los mismos afluentes que hoy son blanco de explotación aurífera a cielo abierto.

De igual modo, en el municipio de La Sierra hay cuatro solicitudes hechas por la multinacional AngloGold Ashanti que comprenden un área de 13.362 hectáreas y cinco títulos mineros de 13.163 hectáreas. Carboandes también tiene un título por 3.634 hectáreas con el fin de explotar oro y que es la razón por la que la comunidad de Santa Lucía se ha dividido y ha venido protestando. Hay otras empresas, como la Antioquia SOM, que ha solicitado 19.508 hectáreas para explotar carbón y otros minerales en estos municipios.

El río Guachicono, que vierte sus aguas en el Patía, hace una frontera natural entre los municipios de La Sierra y La Vega, Cauca. Este último, que también hace parte del cordón del Macizo Colombiano, cada mes de marzo recuerda que en 1991 el Ejército asesinó a 17 de sus campesinos porque supuestamente eran militantes de la guerrilla del Eln. Esa fue la conocida masacre de Los Uvos.

Hasta esa población también ha llegado la minería a mediana escala y quiere llegar la grande. Desde el año anterior han aparecido mineros ilegales provenientes de Antioquia, quienes llegan con retroexcavadoras y dragas a desviar las aguas del río Altamira que desemboca en el Guachicono. “La presencia de foráneos y la bonanza minera han incrementado el número de cantinas y el consumo de alcohol. Ha hecho que muchos alumnos del colegio hayan desertado y que la directora de la institución fuera amenazada de muerte por oponerse a la explotación aurífera”, según lo reportó el último informe de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.

En varios operativos realizados a finales del año 2011, se incautaron cinco retroexcavadoras y se judicializaron más de 150 obreros. Estaban sobre el lecho de los ríos Altamira y Santa Juana, que hacen parte del municipio de La Vega, y del compendio de aguas del Macizo Colombiano.
En esta población maciceña, el territorio minero se lo disputan la AngloGold Ashanti y la Anglo American Colombia. La primera tiene ocho solicitudes que comprenden un área de 38.971 hectáreas y nueve títulos por 7.542, ubicados sobre los ríos Pancitará, San Pedro y la quebrada del Buey, principalmente. La sigue la Anglo American Colombia con seis solicitudes para explotar minerales derivados del cobre. Ésta aún no tiene títulos mineros en el municipio, según documentos de la página web de Ingeominas y el mapa de catastro minero que reposa en la CRC.

En total, 16 municipios que pertenecen al Macizo Colombiano y son atravesados por los ríos Cauca, Caquetá, Magdalena, Patía y Putumayo, están solicitados para exploración y explotación minera. Con el resto de los municipios, los títulos en el Cauca ascienden a 248, mientras que las solicitudes llegan a 813 en total. De concederse esas pendientes, según documentos de Ingeominas, 1’623.000 hectáreas, es decir, más del 50% del departamento, que posee 3’090.000 hectáreas, quedaría en poder de multinacionales, testaferros y particulares.

El fin de Santa Lucía
Las camionetas de Carboandes se movilizan por la trocha que atraviesa a Santa Lucía. Deambulan de arriba abajo, a veces con contratistas como María Alejandra González, hermana del exgobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, trabajadora social de esa empresa. “Hacen fiestas y con la música que ellos quieren, porque la mayoría son costeños. A nosotros esa música no nos gusta”, sentencian los pobladores.

Ellos siguen reuniéndose para reflexionar sobre lo que ha pasado en sus comunidades. “Uno ya no encuentra jornaleros, porque la empresa les paga a 25 o 30 mil pesos, y lo máximo que se puede pagar acá son 12 o 14 mil”, afirma Rocío, representante del Consejo Comunitario Afrosiso.
Muchos campesinos han dejado de bajar a sus parcelas a arrastrar la caña panelera. Han abandonado sus trapiches por ir a trabajar con Carboandes.

Los pobladores de Santa Lucía dejaron de vivir como antes e incluso ahora es el miedo lo que impera entre muchos de ellos. Lo que tienen claro es que si las empresas o multinacionales encuentran minerales en sus territorios, ellos tendrán que irse del Macizo. “Así nos lo hicieron saber”, puntualiza Rocío.

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miércoles, 7 de marzo de 2012

ONU propone crear impuestos a productos poco saludables


6 Mar 2012 - 10:00 pm

Al año mueren cerca de tres millones de personas por obesidad o sobrepeso

ONU propone crear impuestos a productos poco saludables

Por: Redacción Vivir

También les pidió a los gobiernos suspender los subsidios a productos como el maíz y la soja, porque son la materia prima para la "comida basura".


En el mundo hay 1.300 millones de personas con obesidad o sobrepeso. Al año se registran, por lo menos, tres millones de víctimas fatales a causa de estos males (cifras de Naciones Unidas). En palabras de Olivier de Schutter, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, este escenario es una muestra clara del fracaso de las políticas alimentarias que rigen hoy al mundo. Políticas impuestas por los mismos gobiernos.
“El derecho a la alimentación no se limita únicamente a salvaguardar el acceso a una cantidad adecuada de alimentos; se extiende también a la necesidad de poder disfrutar de un régimen equilibrado y nutritivo. Los gobiernos no pueden desentenderse de su obligación de garantizar este derecho”, dijo De Schutter desde Ginebra, en la presentación de un informe sobre alimentación que podría resumirse en una frase: los malos hábitos alimenticios son hoy tan mortales como el hambre (ver infografía).
De Schutter es también contundente al señalar a los culpables de esta realidad: la industria alimentaria y los gobiernos. Los dos por igual. “Hemos delegado en las empresas alimentarias la responsabilidad de garantizar un equilibrio nutricional adecuado”.
Con el mismo tono enfático, la ONU hizo un llamado a los gobiernos para que adopten unas “acciones prioritarias” y urgentes, teniendo en cuenta que los indicadores de hoy son más que desalentadores: el 65% de la población mundial vive en países donde la obesidad “mata a más personas que la falta de peso”. Y un dato más: un aumento del 10% en las enfermedades ligadas a las dietas poco saludables provoca la caída en un 0,5% del producto interno bruto (PIB) mundial, principalmente por los mayores gastos de los sistemas de salud.
Entre las propuestas, que los empresarios ya empezaron a calificar como polémicas y desmedidas, está la creación de impuestos a los productos poco saludables (se habla puntualmente de los refrescos y las bebidas azucaradas); la imposición de medidas rigurosas en contra de la publicidad de la “comida basura” y la suspensión de las subvenciones a productos agrícolas como el maíz y la soja, argumentando que sirven de materia prima para la producción de estos alimentos.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si el gobierno colombiano adoptara esas recomendaciones? Camilo Herrera, presidente de la firma Raddar, especializada en consumo, analizó el escenario en el caso de que Colombia aumentara los impuestos a los productos poco saludables. “Puede que no pase nada con esa medida. Buen ejemplo en Colombia es la cerveza, que paga casi el 50% de su precio en impuestos y sigue con una dinámica positiva. Eso no funciona porque no afecta las razones de compra de las personas”. Otra cosa piensa el relator de la ONU que calcula que si el precio de los refrescos sube el 1%, el consumo desciende un 10%.
¿Y la regulación en publicidad? Tampoco es una solución contundente, dice Camilo Herrera. “La publicidad no hace completamente el consumo. Regular el mercado casi siempre es contraproducente, porque el consumidor busca la forma de llegar al producto ‘violando’ la norma. El problema no está en los productos ‘no sanos para la salud’ sino en el exceso de su consumo, y esto lo tienen claro las compañías que han educado al consumidor en el proceso”.
Adriana Amaya, nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, cree en cambio que la regulación de la publicidad tendría efectos positivos. “La publicidad vende alimentos poco saludables como si les dieran un mayor bienestar a las personas que los consumen, cuando es todo lo contrario. Inclusive te dicen que eres mejor persona si los ingieres. Tendría un impacto grandísimo pensando, por ejemplo, que los niños están expuestos a estos mensajes”.
“Los niños se vuelven adictos a la comida basura especialmente diseñada para ellos —dice Olivier de Schutter, relator de la ONU— (...) los grupos poblacionales más pobres son los más afectados, porque los alimentos ricos en grasas, azúcar y sal son a menudo más baratos que los alimentos más saludables”.
En otra de sus sugerencias, la ONU pide retirar las subvenciones agrícolas para determinadas materias primas (como el maíz y la soja). ¿Qué pasaría en este escenario? Responde Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC): “Aunque en Colombia el maíz no tiene subsidios directos, esta medida tendría efectos colaterales. Tres cuartas partes del maíz que se utiliza en el país (por ejemplo, como base para los concentrados de la avicultura, la porcicultura y la ganadería de leche especializada) son importadas. Sólo con que los países europeos le retiren las ayudas a la agricultura, que son altísimas, Colombia se vería afectada con los precios”.
Mejía concluye diciendo que “una propuesta de esa naturaleza hay que mirarla con cuidado. Nos perjudicaría a todos, teniendo en cuenta que la carne de res y de pollo están entre los principales productos que afectan el costo de vida en Colombia”.
¿Qué medidas, entonces, serían efectivas? Según Camilo Herrera, el camino más seguro sería “promover el consumo racional de productos y la construcción de marca en bienes mas saludables”. Y esa tarea, así como lo sostiene la ONU, sería también responsabilidad de los gobiernos y la industria alimentaria. Los culpables.

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-330827-onu-propone-crear-impuestos-productos-poco-saludables

La ruta del oro en el Cauca


|6 Mar 2012 - 8:37 pm

Entre la minería legal, ilegal y tradicional

La ruta del oro en el Cauca

Por: Edinson Arley Bolaños / Especial para El Espectador

Especial sobre la guerra que libran guerrillas, 'Los Urabeños' y delincuentes comunes por las minas en el departamento.

Cientos de afrodescendientes de Santa María esperan su turno para lavar oro en las riveras del río Timbiquí, a la intemperie del sol y a la orden de sus amos: Los Rastrojos o el frente frente 29 de las Farc.      / Investigador de la Universidad del Cauca  
Cientos de afrodescendientes de Santa María esperan su turno para lavar oro en las riveras del río Timbiquí, a la intemperie del sol y a la orden de sus amos: Los Rastrojos o el frente frente 29 de las Farc. / Investigador de la Universidad del Cauca

La mancha amarilla de Santa María
De cómo se está explotando el oro en el Pacífico caucano, por una comunidad palenque que ha vivido de la minería artesanal, pero que hoy es esclava en su propia tierra de los amos de las retroexcavadoras y los fusiles.

Cuando les abrieron la boca a los dos afrodescendientes, vino lo inesperado: una pepa de oro llevaba cada uno debajo de su lengua. De castigo, dos disparos; luego los cuerpos fueron arrastrados por las aguas turbulentas y contaminadas del río Timbiquí. En ese momento, el comprador* esperaba a que el administrador del entable le vendiera unos gramos de oro. Sintió miedo porque era un foráneo, un desconocido entre la multitud de negros de la zona, de guerrilleros y paramilitares que custodiaban las vetas de oro, extraídas por las retroexcavadoras desde las entrañas de Santa María.

El comprador siguió sentado, pero casi arrepentido de haber avanzado hasta el tercer entable (mina de oro a cielo abierto). Iba junto a su guía, que desde el principio le prometió garantizar su seguridad. Era un líder comunitario del corregimiento a quien tuvo que pagarle $500.000 para que lo llevara.
Sucedió en 2010. Una semana comiendo y bebiendo al lado de las minas de oro. Contemplando el esplendor selvático que esconden las montañas en el occidente del Pacífico caucano, donde el Estado no ha podido llegar con proyectos sociales y mucho menos con la Fuerza Pública para contrarrestar la devastadora minería ilegal que está sepultando a una Santa María sin Dios y sin ley.

Su primer destino fue la cabecera municipal de Timbiquí, Cauca. Tres horas en lancha rápida se demoró desde que partió del puerto de Buenaventura. Ahí se encontró con el profesor Demetrio Mosquera, un líder comunitario que hace las veces de Estado, exigiéndoles a los que explotan el oro en estas tierras que inviertan un porcentaje del dinero en obras para la comunidad. Por eso hoy hay carreteras pavimentadas, un médico de planta y, de vez en cuando, remesas para muchas familias. Sin embargo, la población vive a oscuras, sin energía eléctrica, sin acueducto ni saneamiento básico.

—Vamos a conocer Santa María —dijo Demetrio Mosquera.

—Quiero conocer y además comprar de ese oro puro del que usted habla —le respondió el comprador.
Ese día cogieron una lancha de motor rumbo a Santa María. Cuatro horas. A la llegada, la vista panorámica de las casas alzadas en madera que se extrae de la misma zona, y unos habitantes que por los caminos de herradura caminan con los pies descalzos, como si quisieran demostrar que no son nada, y que mucho menos poseen algo, aunque sus tierras estén repletas del mineral dorado.
Llegar hasta este corregimiento es un poco tenebroso, dice el comprador, pues hasta la fecha no hay registro de operativo alguno realizado por la Fuerza Pública para incautar las 40 retroexcavadoras que hay en la zona y cuyo ingreso está registrado en la capitanía del puerto de Buenaventura. La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) reporta este territorio como una zona crítica de minería ilegal desde hace cinco años.

Cuando se adentran en la intimidad del caserío, el comprador, que para este caso le cuenta a Demetrio que es un investigador de la Universidad del Cauca, sabe por qué Santa María es la tierra de la mancha amarilla. A la vista, varias máquinas —“sofisticadas”, dice Demetrio— que los rusos abandonaron en 1993, dejando en estas tierras enormes daños ambientales y pobreza total en las familias nativas. Sin embargo, entre la maleza también están las de la compañía inglesa The New Timbiquí Gold Mines Ltda., a la que el Gobierno tituló en el año 1900 toda la margen derecha del río Timbiquí.

El comprador conoció y regresó en 2011. Visitó casi todos los entables. El más cercano estaba a media hora a pie desde Santa María, mientras que el último quedaba casi a siete horas. Sabía que eran once y que los del bajo Santa María estaban custodiados por ‘Los Rastrojos’, al mando de alias El Zarco, y que los de arriba, donde el municipio de Timbiquí se besa con Argelia y el Tambo, Cauca, eran los vigilados por el frente 29 de las Farc, al mando de alias Silvestre.

Se dio cuenta cuando estuvo en las minas y se encontró gente desconocida y mal encarada, eso sí, con pistola al cinto o fusil en la mano, que le preguntaban quién era y para dónde iba. Que si era “polocho” y que “qué opinaba del presidente de la República”. Pero también se topó con palenques mazamorreando la batea, en busca de las sobras que la retroexcavadora dejaba al remover la tierra del río Timbiquí desviado de su cauce.

Amos y esclavos de El Dorado
Son aproximadamente tres mil los afrodescendientes que aguas arriba del río Timbiquí, en los corregimientos de Santa María y Cheté, acompañan a las clasificadoras separando el oro de la tierra movida. En cada entable, que según el comprador puede medir uno o dos estadios de fútbol, hay trescientos de ellos escarbando en una cocha que a simple vista parece aguabarro.

Arriba, dos uniformados que dicen pertenecer a ‘Los Rastrojos’, con lista en mano van turnando a la gente para lavar el oro puro de 24 quilates. Trabajan de seis de la mañana hasta el mediodía. Allá no hay distingo de raza o edad para “trabajar“. Los niños también acompañan a sus matronas. Algunos de ellos lo hacen, y luego a las dos de la tarde suben a recibir la capacitación del frente 29 de las Farc en la Escuela de Pensamiento Comunista. Cuando el comprador visitó la escuela de Santa María había 15 niños en un aula. En ese mismo salón estudiaban los de preescolar, primaria y secundaria.

A los palenques, lavadores del codiciado metal, no les pagan por gramo, sino por día: $10.000. El mínimo son diez gramos, si sacan más el dinero les aumenta en $1.000 por gramo. Ellos les entregan el oro a los administradores de cada entable y quien viole la norma no vuelve a ver el amanecer, sentencia el comprador.

Antes de que llegaran las Daewoo, Komatsu o Coldeco, de $300 millones cada una, los palenques barequeaban con sus bateas a la orilla del río Timbiquí o excavaban en los socavones, como lo hace la Asociación de Mineros de Santa María: Renacer Negro. Ellos se han querido organizar, porque rechazan el estado en el que están quedando sus tierras de vivir y sus aguas de beber: contaminadas de cianuro y mercurio. Sin árboles y sin playas. Porque ellos saben que puede suceder como le pasó a un colonizador antioqueño que llegó a Guapí, Cauca, hace varios años y descubrió que el oro es un metal maldito, porque así como se recibe dinero se gasta sin beneficio; en ese entonces, abriendo nuevos socavones que duraban años sin mostrar una pinta brillante, pero ahora en prostitutas, trago y placeres que los mismos dueños de las minas llevan a la zona.

El comercio del oro adentro y afuera
El negocio es tan firme que las retroexcavadoras trabajan de seis de la mañana a diez de la noche y de once de la noche a seis de la mañana del otro día. En promedio, según los cálculos del comprador, salen de cada entable 4 kilos al día, cada uno de los cuales se avalúan en el mercado legal en $90 millones. Si lo venden en el Banco de la República de Cali —donde no preguntan de dónde es, ni de dónde viene y sólo piden la cédula— serían 360 millones de pesos diarios por entable. “Por siete días, estamos hablando de 2.500 millones de pesos, y hay once entables; son en promedio más de 27 mil millones de pesos semanales”, hace cuentas el comprador.

Según el comandante Silvestre del frente 29 de las Farc, a quien el comprador se encontró aguas arriba del río Timbiquí, la guerrilla los distribuye por gramitos. Mandan a cinco o diez personas de la comunidad, a cada una le dan 100 gramos y ellos regresan con la plata. De ese dinero, el 40% les corresponde a los dueños, a los grupos ilegales otro 40%, para el pago de otras vacunas el 10%, los administradores se llevan el 6% y a la comunidad le corresponde el 4% restante que se ve reflejado en obras.

Allá nunca hay retenes, y la única vez que aparece la Armada Nacional es los sábados en la tarde, cuando un helicóptero aterriza en la zona, baja el billete verde y sube los kilos de oro. De resto, no hay Estado, afirma el comprador. Él presenció una de esas escenas, tuvo que quedarse quieto y voltear la cara “para no dar papaya”.

Los tesoros del Cauca
La Costa Pacífica caucana está integrada por los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay, en los que, según el mapa de catastro minero que reposa en la Corporación Autónoma Regional del Cauca, hay más de 18 títulos mineros y 90 solicitudes pendientes para la explotación de minerales como el oro. Sólo en Timbiquí hay 30 solicitudes y 13 títulos. “Ingeominas entregó concesiones en el Cauca sin ninguna consideración de orden ambiental. Primero crea el problema y después nos lo informa”, dijo Jesús Hernán Guevara, director general de la Corporación Autónoma.

Por su parte, quienes explotan oro ilegalmente en esos territorios tienen desde 2011 un ingeniero que pretende legalizar los predios donde se asienta el mineral dorado.

De cualquier manera, en este Cauca de páramos, ríos y abolengos, la minería artesanal se evapora como el cianuro y el mercurio cuando se derraman sobre la tierra después de haber separado el oro de las piedras pulverizadas.

El negocio no es para los lugareños
Las 40 retroexcavadoras registradas han entrado por Buenaventura. Sin embargo, según fuentes de la zona, son más de 80 las que se encuentran allí. La Policía solicitó recientemente a los alcaldes un listado de la maquinaria pesada que ha ingresado y hasta la fecha no hay respuesta alguna.
Quienes operan estas máquinas son gente de Antioquia, Córdoba, Chocó y Valle. Dicen que como no hay trabajo y les pagan bien prefieren venir a estas tierras marginadas por el Estado, pero ricas en minerales como el oro.

Los compradores son autorizados para llegar hasta el octavo entable y logran negociar con los administradores para que les den el gramo de oro a sólo $30 mil. En el mercado normal cuesta $90 mil, y para los que ingresan hasta la zona o buscan intermediarios cuesta $60 mil, por las vacunas que se deben pagar.

Ver infografía sobre las minas de oro del norte del Cauca.
* Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-330727-ruta-del-oro-el-cauca

martes, 6 de marzo de 2012

"Hay otros intereses tras las protestas en El Quimbo": Frank Pearl

5 Mar 2012 - 11:44 pm

Entrevista con el ministro de Medio Ambiente

"Hay otros intereses tras las protestas en El Quimbo": Frank Pearl

Por: Diana Calderón* / Especial para El Espectador

Asegura que tiene bajo la lupa a multinacionales mineras.

El ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, asegura que fortalecerá la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y que perseguirá a quienes la usan para la corrupción.      / Daniel Gómez - El Espectador  
El ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, asegura que fortalecerá la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y que perseguirá a quienes la usan para la corrupción. / Daniel Gómez - El Espectador

El ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, le reveló a El Espectador que ya tiene fotografías y otras evidencias que confirman que varias empresas estaban explotando en el Páramo de Santurbán. Denunció que algunas empresas están dividiéndose no sólo para evadir el pago de regalías, sino para acceder a licencias a través de las corporaciones autónomas, y que en El Quimbo, Miller Dussán, hermano de Jaime Dussán, atiza las protestas. “Hay una red de traficadores de licencias que meteremos a la cárcel”, concluye Pearl.

La Contraloría hizo una advertencia al Ministerio sobre una presunta aprobación de una licencia para la explotación de oro en el Páramo de Santurbán. ¿Qué puede decir sobre eso?
En el Páramo de Santurbán hay tres temas sobre los cuales estamos trabajando. Uno es el de la minería ilegal; el domingo estuvimos hasta tarde mirando unas fotos de una visita que hicieron funcionarios del Ministerio el sábado y hay problemas de actividad ilegal que vamos a resolver con la Fiscalía. El segundo tema del páramo es la delimitación. En Colombia está prohibido hacer minería en los páramos pero no tenemos los páramos delimitados, así como en los humedales. En el caso de Santurbán, estamos trabajando con el Instituto Humboldt, que tiene un equipo de científicos y técnicos que están delimitando el páramo.

¿Me está diciendo que sí se confirmó que había explotación no aprobada en el páramo?
No sabemos si es aprobada o no. Hoy vamos a pedir los expedientes a la Corporación Autónoma Regional, para cruzar el inventario que tenemos de las visitas y las fotografías con las actividades que ellos han autorizado.

¿Tienen ya el nombre de la empresa? ¿Es la empresa sobre la cual advirtió la Contraloría?
Tenemos varias evidencias y fotografías no solamente de una, sino de varias empresas. Lo que sucede es que antes se otorgaban títulos mineros inclusive en páramos y luego salió una ley que prohíbe la minería en páramos, entonces hay empresas que tienen títulos. Pero tener un título minero no autoriza para hacer la actividad, se requiere una licencia. La tarea siguiente es pedir a la Corporación el inventario de las licencias que han otorgado y mirar cuáles están dentro del páramo, constatarlo con la evidencia fotográfica y actuar con la Fiscalía.

Si en los páramos es prohibido explotar, ¿para qué delimitar?
Porque la prohibición viene con posterioridad a la expedición de títulos mineros en los páramos… Es que no sabemos cuáles son los páramos en Colombia; hasta ahora los estamos empezando a delimitar y el primero va a ser Santurbán.

¿O sea que no se descarta que cuando ese estudio termine haya aprobación para explotación en el Páramo de Santurbán?
Nunca va a haber aprobación para minería en páramos, nunca. Lo que debemos es delimitar los páramos para saber qué queda por dentro y qué por fuera. Si algo queda por fuera, es posible que se autorice o es posible que no. Es posible que eso quede en una zona de amortiguación o en una zona que, no siendo páramo, necesite preservarse para protegerlo.

¿Goldmine cambió su razón social para poder explorar?
Esa empresa sí cambió de razón social, cambió de nombre.

¿Con qué objeto?
No conozco los detalles, pero eso no cambia el trabajo que tenemos que hacer en el Ministerio ni nuestra decisión.

La Supersociedades, la DIAN y la Contraloría hallaron que unas empresas se están dividiendo para no ser consideradas como grupos, no pagar regalías y lograr otras licencias. Son los casos de Carbones de La Jagua, Carbones del Tesoro, Greystar (que pasó a llamarse Eco Oro) y Minera Real, que le vende a Ley Hat y Mineros S.A.
No sé si sea sólo con las regalías; nos preocupa que cuando las explotaciones son pequeñas, las licencias las dan las corporaciones, y cuando son grandes, las da el Ministerio. Quedamos en pedir el inventario de licencias, ir a esas empresas, indagar sus actividades en zonas de influencia directa o indirecta y pedir un inventario a la Supersociedades. No puede ser que las empresas hagan operación avispa para evitar ir al Ministerio y lograr licencias a través de las corporaciones. No lo permitiremos.

¿Tiene claro el impacto ambiental en el Quimbo?
El Ministerio tiene claro el impacto ambiental: hay 8.600 hectáreas que se van a impactar y de esas, 300 las tienen familias campesinas. Necesitamos compensaciones ambientales y sociales. Las ambientales van a ser 18.000 hectáreas, que se dividen en dos: un bloque de 11.000, que la compañía va a restaurar en bosque natural, y uno de 7.000, que la compañía va a reforestar. En cuanto a compensaciones sociales, allá hay cerca de 3.000 mil personas, de las cuales cerca de 1.272 son no residentes. A los no residentes la compañía los está indemnizando con entre 25 y 45 millones de pesos.
Además, tiene unos programas de capacitación para que puedan continuar o rehacer su actividad productiva y, mientras duran los programas de capacitación, les pagan $500 mil al mes. Con los residentes la preocupación es la tierra. Todo el mundo va a recibir una casa más cinco hectáreas, así tuviera menos. Número dos, hay programas de capacitación y $200 mil millones en inversión social para que las personas puedan reconvertir su actividad productiva; se van a hacer tres comunidades con tres asentamientos.

El Ministerio tiene la lupa puesta sobre este proyecto. Hemos recibido quejas, denuncias, alertas de diferentes tipos, incluyendo organismos de control, pero mientras el proyecto cumpla, va adelante. Debemos garantizar que las reglas se cumplan.

¿Tiene información sobre la presunta participación de un hermano de Jaime Dussán y del congresista Alexánder López en las protestas?
Claro que sí, se llama Miller Dussán. Es una persona que está detrás de las protestas. Entiendo que trabaja en la Universidad Surcolombiana —dentro de los manifestantes del sábado, había 40 estudiantes de esa universidad—. Son personas que no tienen que ver con el proyecto, aquí hay intereses que no son del todo claros, en el sentido de que cualquier ciudadano se puede pronunciar sobre cualquier proyecto, pero ellos dicen representar a los campesinos de la zona y no los representan. Es más, han llevado para las marchas gente de otros departamentos, como Cauca. Estuvimos en una reunión en el Ministerio con Miller Dussán y con los supuestos representantes de las comunidades, les ofrecimos un diálogo directo, ir a la región, con el compromiso de que no acudieran a las vías de hecho, pero incumplieron la palabra tres veces. Entonces estamos trabajando directamente con las comunidades. Tuvimos una reunión con la gobernadora y el secretario de Gobierno del Huila y acordamos un plan de trabajo. Queremos que todos los ciudadanos estén bien como consecuencia del proyecto, lo que no vamos a permitir es que personas que no tienen intereses claros manipulen las cosas.

Hay denuncias de corrupción en la Corporación Autónoma del Chocó. Dicen que les cobran a los informales para dejarlos explotar y privilegian a Anglogold Ashanti...
Todo lo que estamos haciendo en Chocó es insuficiente: la Corporación es muy débil, tenemos denuncias de corrupción; por ejemplo en el caso de explotación de madera, asumimos la competencia, se la quitamos a la Corporación, y ahí, en primer lugar, la compañía que tenía un derecho a aprovechar el bosque natural había incumplido normas de vertimientos de agua, y se multó y se sancionó. Luego vino un inversionista más grande, que asumió esa operación y los costos de esos incumplimientos; nos hemos reunido con ellos para entender cuál es el modelo de negocio y miraremos cómo el aprovechamiento del bosque natural es permitido en Colombia y de qué manera. Mientras tanto, allá no hay explotación de madera autorizada por el Ministerio. La compañía dice que están parados mientras definimos qué pasa. Ahora, si dijéramos que estamos controlando todo lo que pasa en minería ilegal en el Chocó, estaríamos mintiendo. Cuando recibimos denuncias, las tramitamos en la Fiscalía, hacemos operativos, pero no tenemos absoluto control.

El Espectador y Noticias Uno denunciaron minería ilegal en el Vichada y tráfico de coltán en Guainía, ¿qué sabe al respecto?
Es así. Estamos trabajando con el Ministerio de Minas y Energía, con la Fiscalía y la Policía y teníamos un operativo listo…. Esas denuncias son ciertas.

¿En qué va la recuperación del Parque Tayrona?
En el Parque Tayrona hay un conjunto de problemas serios: construcciones ilegales, disputas de títulos, tala de madera, el turismo, que le hace mucho daño al parque porque ensucia. Vamos a hacer un plan de recuperación zona por zona, porque tienen problemas diferentes. En el caso del hotel, no hemos recibido solicitud para mirar un proyecto.

¿Ha detectado corrupción en la entrega de licencias?
Estamos modernizando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Sabemos que en algunos casos hay tráfico de licencias, personas de la entidad, del sector privado. Pueden estar seguras de que acabarán en la cárcel.

¿Quiénes del sector privado participan de ese tráfico para obtener licencias ambientales?
Hay investigaciones en curso, pero lo que estamos haciendo es blindando a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que no sea permeable a los grandes intereses que hay detrás de todo el negocio de las licencias. Las licencias deben ser una decisión, técnica, administrativa y científica común, no un negocio. Estamos trabajando en ello de la mano con la Fiscalía y otras entidades.

En marcha segunda fase del proyecto
Pese a las manifestaciones y protestas contra la megaobra de El Quimbo en Huila, Endesa iniciará la segunda fase del proyecto, que consiste en la construcción de la represa y la casa de máquinas.
La nueva etapa de la obra se inicia luego de que se desviara el cauce del río Magdalena a través de dos túneles de 450 metros de longitud, construidos para secar cerca de 500 metros del cauce. Según los cálculos de Endesa, el caudal del río estaría canalizado hoy, permitiendo que se inicie la construcción del dique auxiliar y las bases para la presa, que fue lo que obligó el desvío.
Lucio Rubio Díaz, director general de Endesa en Colombia, explicó al diario La Nación, del Huila, que en el tramo de 500 metros se construirá el dique principal y luego el lugar donde se asentará la presa. “Se sigue trabajando en otros frentes, como la construcción del vertedero, la edificación de los túneles de carga y la casa de máquinas, donde se albergarán las futuras turbinas para poder generar energía eléctrica”, señaló.

Contraloría investigará impacto ambiental
La contralora general, Sandra Morelli, aseguró ayer que el organismo abrió una investigación fiscal para determinar el impacto ambiental que podría originar la construcción de la represa El Quimbo en Huila.
La decisión se tomó debido a denuncias ciudadanas, que aseguran que el proyecto no sólo aislaría a la población, sino que con la desviación del río Magdalena se inundarían las tierras más ricas.
La Contraloría también investigará el presunto detrimento económico derivado de las protestas, que han motivado retrasos en la obra. “Esa es una verificación que estamos haciendo, así como los censos de afectados”, explicó Morelli.
*Directora Servicio Informativo de Caracol Radio.

http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-330443-hay-otros-intereses-tras-protestas-el-quimbo-frank-pearl

lunes, 5 de marzo de 2012

Cuestión de energía


Nacional |4 Mar 2012 - 9:00 pm

Desvío del Magdalena, fruta de discordia

Cuestión de energía

Por: Gigante, Huila

La construcción de una hidroeléctrica en el Huila enfrenta a la comunidad con el Estado.

Panorámica de la zona afectada por la construcción del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, en el Huila.  
Panorámica de la zona afectada por la construcción del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, en el Huila.

John Jairo Soto dice que es pescador desde el vientre de su madre, una mujer aguerrida como lo son las de esas tierras de Gigante. Nació hace 33 años en Puerto Seco, un poblado ubicado a cinco kilómetros abajo del dique.
Creció como lo hacen muchos de sus coterráneos, en una familia humilde pero muy trabajadora y con ganas, insiste, de “echar pa’lante”.
Soto es de familia de pescadores que le han sacado una buena cantidad de peces al río Magdalena, desde cuando sus aguas no se encontraban tan agitadas como lo están ahora por cuenta de las protestas contra el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que afecta a seis municipios de Huila, una extensa área en la que se comenzó el desvío en 500 metros del cauce del río Magdalena, para construir los túneles contemplados en la megaobra.
Míller Dussán, de Asoquimbo, asegura que no es que haya oposición a la producción de energía, sino que se busca que se haga de manera adecuada (ver nota anexa).
Y aunque el presidente Juan Manuel Santos señaló que se trata de un proyecto de energía limpia que el país necesita, ayer, frente al sitio donde comienzan las obras, decenas de personas, entre estudiantes, pescadores y entidades de derechos humanos, volvieron a sentar su voz de protesta, mientras una comisión de la corporación autónoma regional, CAM, se reunía con delegados de Emgesa en el interior del túnel.
El plan ha sido cuestionado por ecologistas y habitantes de Gigante, Garzón, Tesalia y otros municipios de la zona, quienes han expresado sus temores porque, según ellos, con el desvío de las aguas del río, a la altura de Puerto Seco, serán inundadas las tierras más productivas de la región para construir allí un túnel.
Como lo informó El Espectador el pasado sábado, la firma Emgesa, dueña del proyecto, dice que invirtió US$143 millones en repoblación, reubicación y sostenimiento de afectados por la obra, con quienes concertó hace dos años.
Ante el posible daño al ecosistema, Julio Santafé, director técnico del proyecto, explicó que se hará un retiro de peces para trasladarlos aguas arriba de la estructura que se está construyendo.
En el tema ya pusieron sus ojos la Procuraduría y la Fiscalía, que comenzaron averiguaciones preliminares en el terreno para detectar eventuales irregularidades.
Y es que el asunto no es de poca monta, teniendo en cuenta que miles de familias de la zona derivan su sustento de la pesca en esa región, labor que se vería alterada con el desvío del río.
“Nosotros no tuvimos mucho, pero eso sí nunca nos faltó nada, porque yo crecí viendo a mi papá levantarse muy temprano a pescar y con eso nos levantó. Ahora mismo somos siete en la familia los que pescamos diariamente para poder vivir”, dice Soto.
Pero la historia de Jhon Jairo Soto no es la única en Puerto Seco y sus alrededores. Con él han marchado al menos otros 1.200 pescadores que vienen bajando desde La Jagua, un centro poblado del municipio de Garzón, hasta Betania, donde está la hidroeléctrica, para protestar por que se les cumpla lo prometido.
José William Soto, vocero de los pescadores, expresa su molestia al afirmar que “llevamos cuatro meses haciendo resistencia, desde cuando comenzamos a reunirnos con la gente de Emgesa para ver cómo nos iban a recompensar, porque con el desvío del río la pesca se nos volvía complicada. A la fecha no ha pasado nada y sólo hemos recibido malos tratos”.
Y es que según sostienen, a ellos les prometieron una solución antes de que se diera el desvío del río pero hasta la fecha, añaden, nada ha pasado.
De hecho, afirman que ni siquiera la comisión de garantes del Estado, conformada por la Procuraduría y la Defensoría, entre otras entidades, les cumplió, pues al parecer la idea era que antes de que se diera el desvío del río habría sobre la mesa una alternativa para reactivar la producción.
Ni Jhon Jairo ni José William saben ahora qué harán con sus vidas, dicen. Antes, sus jornadas podían comenzar a la madrugada o en los primeros instantes de la noche, pero desde hace ya varias semanas no tienen nada que hacer.
“Uno se podía levantar temprano, o trabajar de noche, dependiendo de cómo estuviera el agua. Había meses que nos tocaba de noche, cuando el agua estaba bien clarita, pero cuando llovía íbamos de día. Ahora no estamos haciendo nada, porque no sabemos hacer más que pescar”, subraya Jhon Jairo.
Míller Dussán dice que la situación ahora es mucho más preocupante y va más allá del impacto ambiental que está provocando la construcción de la hidroeléctrica, pues lo que sigue es un problema social: “esta gente ha pescado toda su vida y no sabe hacer otra cosa, no conoce otro oficio”.
Pero los pescadores no parecen ser los únicos afectados con el desvío del río. En Puerto Seco, un sitio donde la economía depende de la comercialización del pescado, las cosas no están mejor.
José William Soto asegura que buena parte del producto se vendía en Puerto Seco a los restaurantes, pero ahora muchos de ellos han tenido que cerrar porque ya no hay qué vender.
El costo de la obra es de aproximadamente 832 millones de dólares y, según Lucio Rubio, gerente de la empresa que adelanta el proyecto, es similar al de Betania, y abastecerá el mercado local para luego dar paso a la exportación a Ecuador y Panamá, a través de un proceso de interconexión.
Los temores de Asoquimbo
Míller Dussán, de Asoquimbo, advierte que en Europa proyectos como estos son llamados dinosaurios, porque son depredadores y destructores, a sabiendas de que hay otras alternativas menos dañinas.
Además, afirma, aquí no se está cumpliendo con lo establecido en la licencia ambiental.
Asegura que los vertimientos del túnel ya acabaron con el 80 por ciento de la pesca en el río y con mucha de la minería artesanal. Esto sin contar con que por cuenta de la construcción de la hidroeléctrica se verá afectada la capacidad productiva de al menos seis municipios en el departamento.
Y aunque mientras duren las obras, que concluirían en 2014, se estima que se produzcan 3.300 empleos, nadie sabe qué va a pasar luego con las zonas afectadas y sus habitantes.

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-330278-cuestion-de-energia