¿Minería grande, minería responsable?

Por: JORGE EDUARDO COCK |

5:53 p.m. | 01 de Marzo del 2013

Jorge Eduardo Cock

La minería no puede seguir teniendo el tratamiento privilegiado y preferencial que le otorga el código de la materia frente a cualquier otra actividad.

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Recientemente se reunió en Cartagena el segundo congreso del sector de la Minería a Gran Escala o, como dicen también, el II congreso de la Minería Aliada del Desarrollo de Colombia, Minería Responsable. Se juntaron las trece empresas mineras más grandes que operan en Colombia a repetirle al país en mil formas que la actividad que desarrollan es minería responsable, como lo afirmaron y firmaron en un acuerdo con ministros y Presidente a bordo y con gran despliegue el año pasado. Ese juego de palabras parecería llevar a confundir o suponer que la minería a gran escala es de por sí responsable.

Por eso, es justo el momento para invitar al grupo-gremio, a sus principales actores y a las autoridades ambientales, al país todo, a reflexionar sobre la realidad de esa responsabilidad, con la ayuda de unas pocas preguntas, como estas:

¿Sí será responsable generar y mantener una inmensa y espesa nube de polvo sobre varios municipios, que se observa a lo lejos desde el avión en el Cesar y que valió para que no se ampliara la licencia ambiental?¿Y será responsable arrojar trescientas toneladas de carbón al mar por salvar una barcaza?
¿Sí será responsable pretender el traslado del cauce de un río como el Ranchería, especialmente en una región totalmente desértica, para sacar carbón?

¿Y lo será pretender y aprobar el traslado de un afluente del río Nus y destapar, volar y remover millones de metros cúbicos de tierra y roca en el nordeste de Antioquia para extraer oro?
¿Será responsable pretender que grandes cantidades de agua que hoy van a distritos de riego como el del Saldaña sean utilizadas más bien para hacer los lodos y la cianuración que requiere la extracción de oro?

¿Y será muy responsable destapar, remover, cambiar por profundos e inmensos cráteres lo que hoy son cafetales o bellas praderas aptas para cultivos de cítricos, guanábanas, papayas, guayabas y muchas otras frutas, alimentos para siempre, que demandan y demandarán tanto el mercado nacional como los de exportación?

¿Y qué tan responsable es dragar y revolcar los lechos de ríos limpios hasta hace poco, como el Atrato o el Inírida y sus afluentes, acabando con la pesca, envenenando sus productos y dañando su navegabilidad, todo eso para lavar oro?

¿Y qué tal destruir y arrancar grandes extensiones de bosque primario, pulmón de Colombia y del planeta todo, en ecosistemas frágiles como los del Chocó biogeográfico, para remover el suelo y sacar más oro? ¿Será eso responsable?

¡No! Mil veces no, nada de eso puede calificarse como responsable. Y pensar que es tan poquito el empleo que se genera con esa minería a gran escala y tan grande el daño que, además del ambiental, se le produce a la economía realmente productiva del país, inoculándole con más y más dólares la "enfermedad holandesa".

La minería no puede seguir teniendo el tratamiento privilegiado y preferencial que le otorga el código de la materia (Ley 685 del 2001) frente a cualquier otra actividad, llámese agricultura, silvicultura, ganadería, nuevas viviendas, vías, puertos, la satisfacción de tantas necesidades de la sociedad.

Por encima de esos privilegios deberían estar el bien común y la utilidad pública, realizados en garantizar derechos fundamentales de la población, como la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, la sostenibilidad ambiental en general.

Esa es la modificación más importante y más urgente que se le debe introducir a dicho código. Y ello me lleva a un próximo artículo sobre la materia y a invitar a que se abra ese debate.

Así es la pobreza que rodea a las grandes mineras Los presidentes de las 13 mayores empresas mineras del país -agrupadas en el Sector de la Minería a Gran Escala- firmaron un acuerdo con el Gobierno para reducir la pobreza extrema en sus áreas de trabajo. En el congreso minero que terminó en Cartagena la semana pasada quedó claro que las mayores empresas mineras saben que nada es más popular que atacarlas a ellas. Y también que el flanco más débil que tienen es que en sus zonas de explotación, por más que paguen regalías, la pobreza sigue siendo muy pronunciada. Por eso, el jueves pasado las 13 mineras que integran el gremio del Sector de la Minería a Gran Escala firmaron una alianza con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza (Anspe), que venía impulsando su director saliente Samuel Azout. Con este acuerdo, se comprometen por escrito a sacar de la pobreza extrema a 3.500 familias en al menos 30 municipios donde se encuentran sus proyectos. Como contó La Silla, este pacto es uno de los caminos que quieren seguir para ganarse su licencia social y mejorar sus generalmente tensas relaciones con las comunidades locales. Aunque aún no se ha decidido en qué municipios concentrará sus esfuerzos cada empresa ni cuáles serán exactamente los pasos a seguir, ésta es la situación de pobreza en los 38 municipios donde actualmente estas empresas explotan oro, carbón o níquel. La mayoría tiene indicadores más preocupantes que el promedio nacional, de acuerdo a la medición que utilizó la Anspe y que es de 2005. Haga clic en cada una de las categorías para ver cómo está la situación en cada municipio. Los números expresados son porcentajes. Los indicadores han sido tomados del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) desarrollado por la Universidad de Oxford y considerado la medición más compleja de pobreza actualmente, que ha sido adoptada como guía por el Departamento de Prosperidad Social y elaborada utilizando datos del Censo de 2005. El índice mide el grado de pobreza de la población según cinco dimensiones (educación, salud, servicios públicos y vivienda, trabajo y las condiciones de los menores de edad), que se pueden observar de acuerdo a 15 variables. Para este análisis, escogimos seis de esas variables. Una familia es considerada multidimensionalmente pobre cuando enfrenta carencias en cinco de estas 15 variables. Por: La Silla Vacía.

Economía |27 Feb 2013 - 10:00 pm

Trabajadores de Prodeco bloquearon paso del tren

El sector carbonero no sale de su crisis

A la huelga de los trabajadores del Cerrejón se sumó la prohibición del cargue del mineral a multinacional Drummond.

Por: Redacción Negocios

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Los habitantes también protestaron por el paso de los trenes carboneros. / Archivo

Al sector carbonero colombiano le llegó la mala hora. A la parálisis en el Cerrejón —la mina más grande a cielo abierto—, que hoy cumple 20 días, se suma la imposibilidad de Drummond para hacer cargue y descargue en Ciénaga, por el incidente de una barcaza que vertió el mineral al mar. Pero como si esto fuera poco, ayer los trabajadores de Prodeco bloquearon el paso al ferrocarril carbonero, con lo cual las exportaciones prácticamente están paralizadas.

El bloqueo de la línea férrea se dio a la altura de Don Jara (en jurisdicción de Santa Marta), donde un grupo de personas impidieron el paso del tren que moviliza el carbón de la mina hacia el puerto de Prodeco, para protestar por el despido de 17 obreros de esta empresa.

Los manifestantes denunciaron que la compañía, además de eliminar de su nómina a estos empleados, los reemplazó con personal que no es de la zona, lo que va en contravía del compromiso suscrito con la comunidad, de contratar trabajadores de la región.

La protesta se levantó antes del mediodía, luego de que se fijara entre las partes una mesa de trabajo para el próximo lunes, con miras a identificar qué fue lo que ocurrió con los despidos que generaron la protesta, aseguró la compañía.

César Díaz, presidente de la Cámara Colombiana de Minería (CCM), señaló que para solucionar este tipo de problemas se debe usar el diálogo. Estamos seguros de que las empresas están dispuestas a tener un diálogo directo y transparente antes que ir a una acción de hecho.

El último paro en el sector carbonero fue el de Prodeco, que duró 98 días, en el que los trabajadores dejaron de recibir sus sueldos y beneficios. Hoy la huelga en Cerrejón cumple 20 días. Sin embargo, se reanudaron las negociaciones que podrían ponerle fin a la parálisis de los 5.657 empleados, que le genera pérdidas diarias a la economía por $5.400 millones.

Expertos en el tema carbonero señalaron que este tipo de acciones sólo aumenta la crisis que vive el sector, que en los dos últimos años ha visto cómo el precio de la tonelada ha perdido entre un 30 % y un 35 % de su valor.

La situación de Drummond y Cerrejón afecta no sólo a sus empleados, que tienen paralizada la exportación del 70 % del mineral, sino al país, que deja de recibir divisas por la venta al exterior.

El exministro de Minas de Perú, Pedro Pablo Kuczynski señaló que la suerte del carbón es bien complicada, especialmente en Colombia, donde el carbón es uno de los mayores generadores de divisas.

El bajo consumo de carbón en la China, la transformación de Estados Unidos de importador a productor y el descubrimiento del Shell Gas en los campos estadounidenses ponen en duda que el negocio del carbón siga siendo rentable.

Kuczynski señaló que una de las mejores alternativas para no depender de este mineral es incentivar la exploración y fijar reglas claras que impidan que cuando un país es competitivo se cambien la normas y se espante a los inversionistas extranjeros.

Redacción Negocios 
Elespectador.com

CONSULTA PREVIA: RESPUESTA A MARIA ISABEL RUEDA

Actualizado 07:00 pm

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[El pasado 15 de febrero la columnista del periódico El Tiempo María Isabel Rueda hizo públicas, en su columna dominical habitual, algunas apreciaciones sobre las consultas previas bajo el título “De la consulta al chantaje“ bit.ly/W3vYaw.

Tengo el honor hoy de presentar en mi publicación habitual las importantes reflexiones de la Doctora Gloria Amparo Rodríguez, Directora Especialización y Línea de Investigación en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, sobre las consultas previas a modo de respuesta a la ilustre columnista]

Nota Editorial escrita por Gloria Amparo Rodríguez:

Algunas visiones señalan que la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo del país. Desde nuestra Línea de Investigación, se considera que la consulta previa es una oportunidad y no una amenaza, dado que permite la defensa de los derechos, la discusión y la concertación previa a la toma de decisiones, tres elementos fundamentales para un país que busca el crecimiento de la economía, el bienestar social, la elevación de la calidad de vida de todos los colombianos y, en especial, la prevención de conflictos.

Se observa cómo la consulta es un escenario para el intercambio de saberes, a través de los cuales se pueden identificar estrategias para buscar de manera conjunta, mecanismos para la minimización de los impactos culturales, sociales y ambientales que puedan ocasionarse con un proyecto.

Este tema tiene una gran importancia, pues las mismas comunidades han planteado que no se oponen al desarrollo, por el contrario, su preocupación es la construcción colectiva y pluralista del desarrollo del país. Su participación a través de la consulta tiene entonces un trasfondo muy grande, trata de cimentar el desarrollo de los grupos étnicos y el de todos los colombianos, con mayor razón, teniendo en cuenta que las decisiones de la consulta previa contribuyen a su propia pervivencia como culturas.

Efectivamente se presentan obstáculos con la consulta previa, los cuales nos convocan a todos (sector institucional, grupos étnicos y a la sociedad en general) a superarlos en el marco de un Estado que según la Constitución, debe caracterizarse por ser democrático, participativo y pluralista. Se trata de una compleja realidad que obedece a las dificultades que se generan al tratar de conciliar dos visiones diferentes, además de intereses inherentes y válidos por demás, como los del modelo de desarrollo económico y la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Esta articulación genera desavenencias y grandes retos, cuyo análisis se debe asumir con el propósito de ofrecer formas de solución a los conflictos y avanzar hacia la realización efectiva de los derechos de todos los colombianos, incluidos los derechos a la identidad, la cultura, el territorio y a la consulta previa de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos reconocidos por nuestro texto constitucional y por varios instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Es necesario mencionar con el fin de precisar lo que está aconteciendo, que en materia ambiental, según información que nos ha suministrado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Colombia se han otorgado 2.331 licencias ambientales desde 1993 y hasta la fecha se han efectuado 156 consultas previas en dicho escenario.

Hemos analizado casi en su totalidad estos procesos de licenciamiento ambiental y las respectivas consultas, encontrando que en su gran mayoría no se presentan dificultades. Sin embargo, unos pocos proyectos como el caso del Bloque Samoré, la Represa de Urrá, Alamos I, Puerto Brisa, Presa el Cercado y la desviación del río Ranchería, entre otros, han generado procesos sociales de reclamo o demanda por parte de las comunidades, los cuales han sido ampliamente conocidos y documentados por los medios de comunicación.

Bajo este contexto, no podemos desconocer que existen problemas en los cuales la Corte Constitucional ha tenido que intervenir. En total son 47 casos que han terminado judicializándose, de los cuales 30 han tutelado el derecho a la consulta previa y han coincidido en señalar que el proceso de participación de los grupos étnicos en la toma de las decisiones estatales, debe buscar asegurar la efectiva protección de los intereses colectivos y derechos fundamentales de estas comunidades (entre otras las sentencias T-737 de 2005, T-380 de 1993, SU-039 de 1997 y SU-383 de 2003).

En el caso de medidas legislativas, lo que sí llama la atención es que después de más de veinte años de estar vigente la obligación de realizar consultas previas, hasta ahora sólo se han efectuado en tres casos específicos: Plan Nacional de Desarrollo, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y una Ordenanza Departamental (aclarando que esta es una medida administrativa de orden normativo).

De otro lado, debemos señalar con preocupación que, de acuerdo con informes de prensa - especialmente los que han aparecido en La Silla Vacía - y los pronunciamientos del señor Ministro de Agricultura, se están presentando intereses económicos de carácter individual en los procesos de consulta previa. Según se manifiesta, este tipo de denuncias se ven en particular con relación a la Comisión Consultiva de Alto Nivel en casos como los que se evidencian en la zona del Pacífico colombiano.

Esta situación deslegitima cualquier proceso de consulta que responda a los estándares señalados por la jurisprudencia tanto del orden interno como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay buena fe cuando se piden o se ofrecen prebendas para la realización de la consulta. Además, se considera ilegítima la actitud de quien ofrece o de quien las recibe y en consecuencia, estos casos deben ser objeto de investigación y sanción. Cuando suceden hechos como los que usted menciona, no sólo se desvirtúa sino que se vulnera el derecho de los grupos étnicos a la consulta previa, libre e informada.

No obstante, no se pueden hacer generalizaciones ni demeritar el trabajo importante que realizan los asesores de los pueblos indígenas. Si bien pueden presentarse casos de asesores que se aprovechan y benefician individualmente de estos procesos, en nuestra experiencia, debemos mencionar que conocemos a varios de los colaboradores de la Mesa Permanente de Concertación y resaltamos que en su mayoría son mujeres que realizan un trabajo profesional serio, donde se evidencia un conocimiento profundo de la consulta previa y de las demás garantías. Para ellas solo tenemos admiración.

Dra. María Isabel, estamos en un momento clave para saber cuál es la forma más idónea para garantizar el derecho a la consulta previa en medidas legislativas; es más, la Corte Constitucional acaba de establecer que es exequible la Ley de Regalías (Sentencia C-068 de 2013) la cual se consideraba inicialmente como objeto de consulta. Es importante tener claro entonces, cuáles son las normas que deben consultarse ya que existe gran incertidumbre al respecto. Así las cosas, es posible también que exista seguridad jurídica en la garantía de los derechos de estos pueblos y por eso el Tribunal Constitucional ha instado al Congreso y al Gobierno para adoptar una reglamentación sobre la forma y el procedimiento para realizar la consulta.

Quedo atenta a sus comentarios y dispuesta a que ahondemos en el debate y logremos un consenso en el que desde la óptica de los derechos humanos contribuyamos al desarrollo y a la protección de las riquezas naturales y culturales de nuestro país.

@ALEJANDRO_ARIA2

ALEJANDROARIA2.BLOGSPOT.COM

Los páramos huérfanos

Medio Ambiente | Feb 25 - 10:00 pm

Los páramos huérfanos

Aunque la minería está prohibida en estos ecosistemas desde 2010, las empresas que obtuvieron títulos antes pueden explotarlos. Pisba, en Boyacá, es uno de los más afectados.

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Si hoy una compañía quisiera tramitar un título minero en alguna zona de páramo en el país, no podría hacerlo: desde febrero de 2010 estas zonas están excluidas de actividades como la minería. Otro era el panorama hace tres años: aunque desde la Ley 99 de 1993 se estableció que los páramos debían ser protegidos, la prohibición sólo empezó a ser efectiva en 2010, con la reforma al Código de Minas.
En resumen, antes de ese año, pedir un título para extraer oro o carbón de zonas de páramo era como hacerlo en cualquier otro terreno. Bajo esa política, que de estos ecosistemas dependiera el agua que consumen millones de colombianos, no era razón para negar un título minero.
Así fue como desde 1993 y hasta 2010, el Gobierno entregó 404 títulos mineros en veinte zonas de páramos, entre los que se destacan los páramos de Guerrero, Santurbán y Pisba. Títulos que siguen vigentes porque fueron obtenidos antes de la prohibición y que ahora están blindados por tener derechos adquiridos.
Aunque no todos podrán continuar, pues sólo tendrán el aval los títulos que ya tengan una licencia ambiental y un Plan de Trabajo y Obras —como señala Catastro y Registro Minero—, el malestar y el rechazo de los pobladores aledaños a los páramos, con los que tienen luz verde, sigue creciendo.
El caso del páramo de Pisba
El páramo de Pisba, escenario durante décadas de la minería informal de carbón, hace parte de la lista de los páramos que fueron titulados en el país. En 2009 el Gobierno le entregó a la empresa Hunza Coal tres títulos para extraer carbón en la zona (que suman más de 500 hectáreas) y desde el pasado 11 de febrero la empresa llegó al páramo, con la maquinaria necesaria para empezar las labores de exploración. Ese mismo día, decenas de campesinos caminaron hasta la vía de acceso del páramo y aún continúan bloqueando el camino para impedir que la empresa empiece a explorar.
El asunto allí es bastante complicado. Por un lado, está la comunidad pidiendo que se revoquen los títulos, pues de este ecosistema depende el agua que consumen los cerca de 10 mil habitantes del municipio. “Vamos a permanecer aquí hasta que se revoquen los títulos, porque está en juego el agua de todo el municipio”, le dijo a El Espectador Mauricio Reyes, uno de los voceros de la manifestación.
Pero por el otro lado está el gerente de la compañía , José Manuel Cely, quien ha insistido en varias oportunidades que no van a abandonar el proyecto, porque la empresa cuenta con la documentación legal en mano.
Más cuestionamientos
Pese a que la comunidad reconoce que la empresa cuenta con los títulos antes de la prohibición, no entiende por qué, en 2012, cuando era clara la exclusión de estas zonas de la minería, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) modificó las licencias, ampliando así las posibilidades de la minera en el páramo.
Ricardo López, director de la Corporación (que tiene la competencia en la zona), reconoce que antes de que él ocupara el cargo, sí hubo algunas modificaciones para adicionar un centro de acopio para el material y para otorgarle a la minera una concesión de aguas. Todo esto en momentos en que ya era clara la prohibición de la minería en estos ecosistemas.
Según López, “la comunidad tiene la razón, porque la extracción se haría en pleno corazón del páramo y aunque esta empresa tiene la licencia ambiental, el daño será supremamente grande”. Sin embargo, reconoce que es poco lo que puede hacer, debido a que la empresa tiene los papeles en regla.
Lo mismo señala el alcalde del municipio de Tasco, John Freddy Cristancho, “estamos a punto de declarar una alerta, nos enfrentamos a una problemática realmente difícil, la empresa tiene todos los papeles en regla, pero la comunidad defiende el derecho al agua. Estamos pidiendo la presencia de las autoridades ambientales para conformar unas mesas de diálogo en las que podamos encontrar una solución.
La situación que se vive en Pisba, donde además de los títulos de Hunza Coal se entregaron por lo menos otros 70, es la misma que puede replicarse en los demás páramos que están titulados legalmente, como Santurbán. Aunque la única solución sería revocar los títulos, debido a que prevalece el derecho al medio ambiente sano, como coinciden varios expertos en Derecho Ambiental, según Catastro y Registro Minero, por ahora seguirán vigentes hasta su vencimiento, pero no podrán ser prorrogados. Lo más preocupante es que varios de estos tienen vigencia por 30 años más.
Tres décadas en las que los páramos pueden transformarse completamente por cuenta de una política tardía. Sin embargo, hoy nadie explica por qué el Gobierno permitió que se entregaran durante más de 15 años títulos en los páramos. La respuesta del director de Corpoboyacá resume la falta de claridad al respecto: “Esa es la misma pregunta que me hago yo”.

http://m.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-406842-los-paramos-huerfanos

El reciclaje, una obligación para las llanteras

Los diferentes centros de acopio se crearán a lo largo y ancho del país

Foto: Fotolia

Llegar al 65 por ciento de recolección y crear puntos de acopio hacen parte de los objetivos.

A partir del 2012 se pondrá en vigencia el programa de reciclaje de llantas, con el que se pretende asegurar la recolección y gestión ambiental, como mínimo, del 20 por ciento anual de las ruedas usadas, que hoy hacen que se incremente el nivel de contaminación en el país.

Así lo establece la Resolución 1457 del 2010 del Ministerio de Ambiente, en conjunto con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que busca que las compañías fabricantes y comercializadoras de este producto, así como quienes importen al año 50 o más automóviles, camiones, camionetas, buses, busetas y tractomulas cuenten con un plan de reciclaje de llantas más serio y sólido.

Los miembros del Comité de Posconsumo de la Andi, entidad encargada del óptimo funcionamiento de este proceso, sostiene que la labor no puede realizarse de una forma individual, sino con compromisos colectivos.

"Por eso, hoy casi todas las marcas de llantas, presentes en el país, trabajamos en equipo para que este proyecto se pueda llevar a cabo de la mejor manera y se puedan alcanzar importantes resultados", comentó Mario Rodríguez, gerente de Supply Chain de Goodyear.

¿Cómo funcionará?

Para optimizar los procesos, el programa dispondrá de varios centros de acopio, en todo el territorio nacional, con el fin de facilitar la labor de recolección. Estos deben estar ubicados en lugares que cuenten con las condiciones ambientales apropiadas, y en los que se garantice que las llantas no van a permanecer almacenadas por más de seis meses.

El objetivo es que cada año se pueda incrementar, en un cinco por ciento, el reciclaje de ruedas, hasta llegar a una meta del 65 por ciento. Además, a partir del 2013, el plan debe expandir su cubrimiento y llegar hasta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

"Nosotros estamos conscientes de que es un proceso que demanda mucho tiempo y dinero, pero es un compromiso que debemos tener con el medio ambiente y con la sociedad. Hay que analizar procesos como los que se han llevado a cabo en países como Brasil, Estados Unidos y Japón, por ejemplo, donde han encontrado un nuevo fin para esos neumáticos reciclados", expresó Carlos de Araujo, director general de Bridgestone Colombia.

En estos países son empleadas para la elaboración de bloques para pisos, campos deportivos, juegos infantiles, dispositivos antisísmicos, entre otros. Por su parte, Bridgestone tiene una buena opción, y es que con el material de los neumáticos fabrica sandalias para niños que viven en zonas marginadas, para que eviten contagiarse con enfermedades como el tétano.

En la actualidad, este material es una de las principales amenazas para el medio ambiente, si no es tratado debidamente. Es por eso, que "estos planes se han convertido en una de las grandes ayudas para disminuir la contaminación excesiva. Al año, tenemos un total de 60 mil toneladas de neumáticos mal utilizados o se arrojan en cualquier parte, sin la mínima consideración, alrededor del mundo", dijo Jorge Salazar, gerente comercial de All Mark Comercial de Colombia S.A.

De la misma manera, han enfatizado en los programas de reencauche, que están dirigidos especialmente hacia los que son empleados en los tractocamiones, ya que son estos los que más se desgastan por la cantidad de horas y kilómetros de uso que tienen. Es gracias a los ahorros en gastos que esta alternativa ha tenido acogida en este grupo, ya que significa pagar entre 30 y 50 por ciento menos que por un neumático nuevo.

"Esta es una gran opción para este tipo de vehículos. Se ha comprobado que para la fabricación de una sola llanta de camión se necesitan aproximadamente 22 galones de petróleo. A través de nuestros puntos llamados Bridgestone Tire Solution (BTS) estamos promoviendo esta práctica", señaló Araujo.

Asimismo, las llanteras, gracias a espacios especializados, están diseñando nuevos modelos pensados en ayudar al medio ambiente. "Por ejemplo, Yokohama desarrolló la llamada C.Drive 2, la cual ha reemplazado los derivados del petróleo por el aceite de cáscara de naranja para su fabricación, logrando generar mayor rendimiento de combustible y mejor agarre", aclaró Salazar.
 
JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ GÓMEZ
REDACTOR DE EL TIEMPO

Inversión de $15.000 millones en segurida

ASUNTOS MINEROS

Jueves, Febrero 21, 2013

Inversión de $15.000 millones en seguridad

Bogotá_

El Grupo de Seguridad y Salvamento Minero podrá fortalecer y extender su accionar en el país gracias a una estrategia que puso en marcha la Agencia Nacional de Minería (ANM) en la que se invirtieron más de $15.000 millones. Dicha estrategia, además de pretender garantizar una mejor atención en accidentalidad, se enfocará en temas de prevención y capacitación con el fin de implementar prácticas más optimas, dentro de los estándares internacionales.

El equipo humano pasará de 20 contratistas a 45 profesionales de planta, en su mayoría ingenieros de minas y especialistas en salud ocupacional, con experiencia en minería subterránea. Las herramientas serán reemplazadas por equipos de alta tecnología, óptimos para atender todo tipo de emergencias. Además, una nueva estación, ubicada en Marmato, Antioquia, será incorporada a las cinco existentes que operan en las zonas mineras del país. 

 

Catalina Gheorghe, gerente de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM, explicó que este año se hará un seguimiento más detallado de la actividad y que se comenzó a realizar un ‘Programa de Asistencia Técnica  en Seguridad Minera’. “Queremos convertirnos en  un referente para el país y para otras instituciones’.