¿Por qué Minambiente suspendió la obra?

Lo que esconde el Túnel de Oriente

Por: Carolina Gutiérrez Torres

Gobierno asegura que le pidió información a Cornare y sólo recibió discos en blanco. La corporación dice que todo se ha hecho de frente.

La notificación la hizo el ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, el jueves pasado, a las 10:00 a.m., en la Gobernación de Antioquia: las obras del Túnel de Oriente serían suspendidas por lo menos por un plazo de 90 días, tiempo que el ministerio se tomaría para analizar uno a uno los estudios de impacto ambiental que se han presentado para el desarrollo de este proyecto, del que se empezó a hablar hace 15 años y que ha sido noticia reiterada por sus implicaciones ambientales.

¿Qué hay detrás de esta decisión del Gobierno? ¿Qué criterios tuvo en cuenta? Estos son los motivos que expone el ministro Pearl: para empezar explica que en 1996 el Gobierno le otorgó a la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare (Cornare) la potestad de conceder o rechazar la licencia ambiental del túnel que conectaría al Valle de Aburrá con el oriente de Antioquia. Dice el ministro que Cornare otorgó una primera licencia en 2002 y una segunda en 2009, y que entre esos dos proyectos “hubo cambios en el trazo de la obra, en la longitud de los túneles e incluso en el número de túneles”, que no le fueron informados.

Asegura Pearl que lo que más preocupa “es que este proyecto atraviesa la reserva del Nare y, como la obra empieza y termina por fuera de la reserva, la corporación no exigió los estudios ambientales”. Explica que el túnel perfora la tierra y atraviesa la reserva de manera subterránea, y que se podrían ver impactadas unas fuentes de agua (“incluso se podrían secar, y si eso ocurre no tiene reverso”), lo que afectaría el suministro del servicio a Medellín, Guarne, Rionegro y Envigado.

Dice el ministro que, a raíz de los cambios y de la expedición de la nueva licencia, empezaron a llegar al despacho quejas de la ciudadanía, de algunas organizaciones ambientales e, incluso, en los últimos meses, de la Procuraduría y la Contraloría, quienes le recomendaron, “si era necesario”, asumir la competencia del proyecto y exigir la suspensión de la obra.

Lo primero que hizo el ministerio —continúa Pearl— fue solicitarle a Cornare los estudios de impacto ambiental, lo que, en sus palabras, ha sido “imposible” conseguir: “No sabemos si es que no los tienen, o si los estudios muestran un impacto negativo, o si ellos no tienen la disposición de entregarlos”. Según Pearl, a la petición de esta información Cornare respondió con “una carta y un disco en blanco en su interior”.

Entonces el ministerio pidió que viajara alguien a Bogotá y les entregara directamente la información, pero “cuando la persona de Cornare fue a abrir el disco, otra vez estaba en blanco”. Finalmente llegó el ultimátum: Cornare tiene plazo hasta el próximo miércoles para entregar toda la información; el ministerio la analizará y determinará el paso a seguir: o la avala o realiza sus propios estudios.

También podría ocurrir que el ministerio le retire definitivamente la competencia a Cornare y la asuma. “Esto no es una confrontación —dice Pearl—, pero no podemos cerrar los ojos y correr un riesgo tan grande”.

La defensa de Cornare
El anuncio del ministro Pearl no tomó por sorpresa a la corporación. Eso dice Javier Parra Bedoya, director de Planeación de Cornare. En diciembre pasado —explica— tuvieron tres reuniones en Bogotá (el 1, 5 y 26 de ese mes), en el Ministerio del Medio Ambiente, y en la última de ellas Luz Helena Sarmiento Villamizar, directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, les dijo que “dada la polarización política y social que se estaba gestando sobre el proyecto, el ministerio estaba pensando asumir la competencia”.

Parra menciona las tres reuniones, también, para contrarrestar las afirmaciones del ministerio que señalan que la corporación no les ha hecho llegar ninguna información. Luego se extiende en explicar cada una de las afirmaciones hechas por el ministerio. Asegura que las primeras modificaciones que se le hicieron al proyecto fueron en 2002, cuando, luego de una recomendación del Fondo de Prevención y Atención de Desastres (Fopreve), se decidió que la obra “arrancaría unos 500 metros más arriba de lo previsto, porque se encontraron algunas fallas geotécnicas, además de impactos sociales y ambientales”.

Hubo una nueva modificación realizada por el concesionario (Concesión Túnel Aburrá-Oriente, contratada por la Gobernación de Antioquia), que se conoció en 2009, cuando Cornare hizo la actualización de los estudios de impacto ambiental y renovó la licencia. En esa ocasión —argumenta Parra— no se trataba de unos cambios que impactarían el proyecto inicial, sino de una “segunda etapa” contemplada para el futuro, que tendría que contar con una nueva licencia y que comprendería un segundo túnel de la misma longitud del primero (8.167 metros) y otra doble calzada.

Sobre los riesgos del suministro de agua, Parra dice que la afirmación “dista mucho de la realidad. No sólo porque las obras están a una distancia considerable de las fuentes de agua, sino porque las fuentes de captación de Medellín, Guarne, Rionegro y Envigado corresponden a vertientes hídricas distintas”. Y sobre la reserva del Nare sostiene que el túnel pasaría a 400 metros de profundidad de ella, y la atravesaría en 1.300 metros, 1.000 de los cuales “son de uso sostenible. Es decir, está permitido desarrollar allí actividades productivas”.

Por ahora, Cornare dice estar preparando los documentos para presentarlos al Gobierno antes del próximo miércoles. En 90 días se dirá la última palabra.

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