8 Mar 2012 - 12:26 am

Renuncia del director del Incoder

Desarrollo rural deberá esperar a junio

Por: Diana Carolina Cantillo / Héctor Sandoval Duarte

El Espectador conoció el borrador de la Ley de Desarrollo Rural.

 

Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. / Luis Ángel

Aunque el Gobierno pretendía presentar en esta legislatura la tan anunciada Ley de Desarrollo Rural, las consultas con comunidades étnicas le han retrasado el cronograma al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar.
A esto se sumó ayer que el director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Juan Manuel Ospina, presentó su renuncia a la dirección de la entidad argumentando que entre él y el jefe de la cartera agrícola existen diferencias en las concepciones del desarrollo rural en el país. Aún se desconoce quién va a ser su sucesor.
Así las cosas, la iniciativa (que buscaba radicarse ante el Congreso en septiembre pasado) tendrá que presentarse apenas comience el segundo período legislativo, es decir, después del 20 de julio de este año.
Respecto a la salida de Ospina del Incoder, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, opinó que “no tendría por qué afectar, por lo menos, lo que se había concertado en el proyecto de ley. Pero de todas maneras considero que conseguir una persona que lo sustituya y que además tenga la visión que tiene el Gobierno, va a ser un reto importante”.
El proyecto que en este momento tiene el ministerio, y que fue conocido por El Espectador, busca fomentar el desarrollo rural con un enfoque territorial y planificar el ordenamiento de la propiedad y el uso de tierras rurales.
Gran parte de la misión, de acuerdo con el borrador, estará concentrada en el Incoder, entidad que se encargará de apoyar las políticas de formalización y de acceso a la propiedad de la tierra. Sin embargo, existen allí temas complejos, como la adjudicación de terrenos baldíos y la posesión de predios en un país donde el acceso a la tierra continúa siendo desigual, como lo reiteró un informe de las Naciones Unidas en septiembre de 2011.
A loanterior se suman las dificultades que afrontan los reclamantes en la restitución de tierras (ver página 8).
“La ley incluirá el agrupamiento de toda la legislación agraria de Colombia; se recrea la institucionalidad hoy inexistente para construir embalses regulatorios del agua en Colombia, se realza el rol de la mujer rural, de la vivienda rural, y de las vías de acceso a la tierra de los campesinos hoy carentes de ella”.
“Igualmente, el proyecto propone normas modernas para agilizar la formalización de la propiedad agraria en nuestro país, y para moderar los conflictos cada vez más agudos que se están presentando entre minería y agricultura, desafortunadamente a menudo en demérito de esta última”, dijo a este diario recientemente el ministro de Agricultura.
El texto de la Ley de Desarrollo Rural plantea de entrada la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Rural como entidad adscrita al Incoder y cuyo objetivo es financiar “los diferentes programas de desarrollo rural, de infraestructura extrapredial de adecuación de tierras y acceso a tierras a que se refiere la presente ley”.
Agrega el documento que este fondo estará financiado con recursos del Estado, bonos agrarios, dinero de las tierras que venda, donaciones, entre otros, y será administrado por una fiducia comercial constituida por el mismo Incoder.
Al comienzo del documento, compuesto por 320 artículos, se propone que los programas de desarrollo rural deben tener componentes como ordenamiento social, acceso a la tierra, orden en el uso del suelo y el agua, generación de ingresos para la población rural, robustecimiento de cadenas productivas y del desarrollo empresarial y “fortalecimiento de las actividades de transformación agroindustrial”.
Otros enfoques son el acceso a la infraestructura productiva y al crédito, financiamiento, asistencia técnica, capacitación a pequeños productores y conservación ambiental. Para poner en marcha este propósito, diferentes entidades nacionales tendrán que estructurar presupuestos y planes.
Desarrollo productivo
Con el fin de darle un impulso al campo, el proyecto pretende fortalecer la comercialización a través de la elaboración de un plan que se hará cada cuatro años y que debe contener un análisis de las tendencias del mercado agropecuario, la certificación de productos y la promoción del uso de información del sector.
Este bloque de la ley también plantea reglamentar la operación del mercado mayorista de bienes agropecuarios para modernizarlo. “Comenzando por las grandes ciudades, el país deberá contar con infraestructura adecuada para el acopio y la comercialización mayorista de bienes agropecuarios, acuícolas y pesqueros, acorde con sus requerimientos urbanísticos”. Agrega el documento que el Gobierno puede crear un incentivo para que los privados inviertan en el montaje y en la infraestructura de estos centros logísticos.
En materia de renovación para el campo, el ministerio busca crear un Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria que contendrá tres subsistemas: asistencia técnica, formación y capacitación agropecuaria y, por último, investigación y desarrollo.
Otro de los propósitos de la ley es poner en marcha la creación de políticas públicas para fortalecer el acceso a la salud en el sector rural, y también a la educación, la infraestructura productiva y la seguridad social.
En opinión del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, lo que tiene de bueno el proyecto de ley es que “permite la dinamización del mercado de tierras y el uso eficiente del suelo” y permite hacer “ajustes institucionales relacionados con la construcción de distritos de riego, su operación y administración”.
Otra de las ventajas, según el jefe del gremio del agro, es la creación de un sistema de información estadística y geográfica para el sector. Sin embargo, opina que la iniciativa tiene en contra que hace perder el enfoque sobre la competitividad y “desconoce la importancia del apoyo de las entidades descentralizadas en la territorialización de la política”.
De acuerdo con la SAC, a la propuesta le hacen falta elementos como “abordar el financiamiento para el desarrollo y la sostenibilidad de la actividad”, y agrega el gremio que “no se observa un concepto general sobre el tema ambiental: cambio climático, servicios ambientales y ordenamiento del territorio”.
Así las cosas, propone un ajuste en la legislación para dar solución a la atomización excesiva de la regulación y sugiere un orden en la estructura legal relacionada con cadenas productivas, para así “equilibrar los eslabones fuertes frente a los débiles”.
Otra de las críticas a la ley, según la SAC, es que no da herramientas para que los productores negocien sus productos de mejor manera con los intermediarios: “Es débil la visión del proyecto respecto al fortalecimiento y desarrollo del ámbito productivo, pues se concentra básicamente en el ámbito social”.
Tierras, tema espinoso
Como lo había mencionado este diario en diciembre pasado, el “todopoderoso” Incoder, de acuerdo con lo estipulado por la ley, tendrá en sus manos grandes responsabilidades. Así las cosas, dice la iniciativa que el ministerio adoptará la estrategia de ordenamiento de la propiedad y del uso de las tierras rurales, teniendo en cuenta el concepto de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales (UPRA).
Aparte de buscar la protección de páramos y otras áreas contra la ocupación ilegal, la ley busca cerrarle el paso a la extensión de la frontera agropecuaria, “sanear y asegurar los derechos de propiedad sobre la tierra; recuperar y registrar las tierras baldías de la Nación; realizar el inventario de baldíos de la Nación”, y darle acceso a tierras a quienes no las tienen.
Según el presidente de Fedegán, el Gobierno “ha hecho un gran esfuerzo por lograr que el Incoder asuma una cantidad de funciones que el Gobierno quiere desarrollar a nivel regional. Y debo suponer que una parte de la inspiración de esa reforma corría por cuenta del doctor Ospina”.
Jorge Robledo, senador de la República, opinó que la Ley de Desarrollo Rural tiene por objeto concentrar la riqueza rural en manos de unos pocos. Señaló además que el Incoder es visto como una entidad “enclenque” y de una “incapacidad inmensa” para asumir el rol que plantea el ordenamiento de la propiedad y el uso de las tierras rurales.
Aún pendientes las consultas del Gobierno con las comunidades indígenas y ahora el Incoder sin cabeza, la ley de Desarrollo Rural tiene un camino largo por recorrer. Y en el Congreso tendrá sus más duras batallas, no solo por quienes se oponen a la industrialización del campo sino por aquellos que creen que este nuevo documento nació muerto.
Zonas de desarrollo empresarial
El proyecto de ley dice que el Incoder tendrá la misión de delimitar las zonas de desarrollo empresarial en áreas “de terrenos baldíos en las cuales su uso y usufructo se sujetará a las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales que establezca su acto constitutivo”.
Agrega la iniciativa que las sociedades de “cualquier índole reconocidas por el Ministerio de Agricultura” como firmas del sector agropecuario y forestal tendrán la opción de solicitar el otorgamiento de derechos reales sobre terrenos baldíos.
¿Quién es Juan Manuel Ospina?
El saliente director del Incoder es economista y tenía entre sus tareas liderar el proceso de restitución de tierras a los colombianos desplazados por la violencia. Nieto de Pedro Nel Ospina y bisnieto de Mariano Ospina Rodríguez, ambos presidentes de la República, había sido presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y de Fedegán. El Espectador trató de contactar tanto a Ospina como al ministro Restrepo, pero ninguno contestó a los llamados.

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-334996-el-futuro-del-campo-un-documento

26 Mar 2012 - 9:48 pm

Estudio publicado en la revista PNAS

Las consecuencias de un desastre ambiental

Por: Redacción Vivir

El derrame de petróleo en el Golfo de México, en 2010, provocó grandes daños al ecosistema coral de las profundidades marítimas.

 

Afectación a la vida silvestre ocasionado por el desastre de la plataforma 'Deepwater Horizon' de la petrolera BP. / Flickr: Lord Mariser

Dos años atrás, la plataforma 'Deepwater Horizon', en el Golfo de México, explotó y derramó 4,9 millones de litros de petróleo durante tres meses. La empresa British Petroleum (BP), que encabezaba las operaciones en la zona, tuvo que responder judicialmente por los daños: el Gobierno de Estados Unidos la demandó y hace poco el conglomerado anunció que ya había pagado cerca de US$5.000 millones en indemnizaciones.
Ése es uno de los lados de la historia. El hundimiento de la plataforma también afectó la salud del medio ambiente marino. Este derrame, como cualquier otro de una magnitud similar, produce un alto daño en las aguas superficiales e interfiere con los ciclos normales de la vida acuática. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) asegura que el daño fue todavía mayor en las profundidades.
De acuerdo con la investigación, liderada por Charles Fisher, del departamento de biología de la Universidad de Estado de Pennsylvania, “los ecosistemas de las profundidades del Golfo de México están separados de la actividad humana, en la superficie, por 1.220 metros de agua, por lo que no se espera que los corales de aguas profundas se vean afectados por un derrame de petróleo típico. Sin embargo, la magnitud y profundidad del derrame de la plataforma 'Deepwater Horizon, hacen que este sea un caso muy diferente”.
¿Qué sucedió en concreto en las profundidades del Golfo de México? Con un robot, los científicos lograron acceder, en primer lugar, a nueve áreas cercanas al pozo Macondo, como se denominaba el lugar de trabajo de la BP. En ese lugar no encontraron nada extraño. Tiempo después trasladaron la zona de muestreo 11 kilómetros más allá del pozo. Fue entonces que, gracias a las imágenes capturadas, se dieron cuenta de que los corales y las estrellas no tenían tanto “color”. Estaban manchados de petróleo.
El daño fue provocado por una zona tapada, llamada surgencia submarina, en la que habían enterrado una determinada cantidad del crudo que se vertió en el mar. “Las colonias de coral presentan signos de estrés de forma muy generalizada, incluyendo varios grados de pérdida de tejidos —explicó Fisher en el diario El Mundo de España—, alargamiento de los escleritos (estructuras de carbonato cálcico que sirven como sustento del coral), exceso de producción mucosa, ofiuros (estrellas de mar) blanquecinos adheridos y una cobertura de un material marrón floculante”.
A través de las pinzas robóticas del Jason II, los científicos recogieron sedimentos y muestras del crudo, que luego analizaron con un proceso llamado cromatografía de gases integral de dos dimensiones. Esto les permite, por un lado, identificar los compuestos del petróleo y, por otro, encontrar su origen: la plataforma Deepwater Horizon.
Las pérdidas del derrame, para la BP, fueron millonarias. También lo serán, ahora, sus consecuencias.

http://www.elespectador.com/especiales/medio-ambiente/articulo-334730-consecuencias-de-un-desastre-ambiental

25 Mar 2012 - 9:00 pm

Reabren mesas de seguimiento

A seguimiento los 30 acuerdos de El Quimbo

Por: Redacción País/Neiva

Alcaldes de zonas afectadas están preocupados porque el dinero que sus municipios recibieron por compensación ya “se esfumó.

 

Panorámica de la represa de El Quimbo, actualmente en construcción en el departamento del Huila. Luis Angel

Un rosario de quejas, peticiones y hasta de mea culpas rodeó a la primera mesa de concertación de seguimiento a los compromisos pactados para la entrega de la licencia de construcción de la represa El Quimbo, en el Huila.
En una audiencia celebrada el fin de semana en Neiva, a la que asistieron el ministro de Ambiente, Frank Pearl; la gobernadora del Huila, Cielo González Villa; representantes de los organismos de control, y la bancada de congresistas huilenses, los alcaldes de los municipios de Altamira, Garzón, Gigante, Tesalia, Paicol y Agrado, entre otros, aseguraron que los más de $14.000 millones que sus antecesores recibieron por compensación, ya “se esfumaron” .
De entrada, la respuesta del gerente de Emgesa, empresa que construye El Quimbo, Lucio Rubio, fue que lo pactado, pactado se queda, y que no hay manera alguna de que se entregue un solo peso más, excepto lo que seguirá por impuestos.
Sin embargo, si algo quedó claro en el encuentro es que ahora, según lo anunció la gobernadora, se reabren las mesas de seguimiento con el fin de revisar cada uno de los treinta acuerdos incluidos en los compromisos de la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente. “Se acabaron los discursos, ahora vamos a los hechos”, sentenció González Villa.
Entre los acuerdos contemplados dentro de la licencia otorgada a Endesa, para proteger a 3.000 personas entre residentes y trabajadores, figuran el que los moradores con terrenos de al menos cinco hectáreas serán reubicados y restablecidos con proyectos productivos y apoyo económico para desarrollarlos.
También, la construcción del viaducto que comunicará a los municipios de Garzón y Agrado.
Otro acuerdo es la compensación forestal, coordinado por la CAM.
Sin embargo, los mandatarios locales están preocupados porque sus localidades perderán buena parte de sus tierras, además de habitantes, pues aquellos que están asentados en las zonas en donde se construirá la represa tendrán que ser reubicados en otras zonas.
Eso significaría, según denunciaron los alcaldes, que los impuestos que estas personas pagan irán a las arcas de otros municipios.
Pero el que más preocupado se mostró fue el alcalde de Altamira, Luis Eduardo Soto, quien denunció que a su municipio llegarán por lo menos 500 desplazados.
“Nosotros no nos oponemos al proyecto, pero en realidad la plata que se recibió no compensa el daño, más ahora que nos van a llegar desplazados de otras partes por donde pasará la represa”, señaló.

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-334493-seguimiento-los-30-acuerdos-de-el-quimbo

24 Mar 2012 - 10:40 pm

El director de Endesa en Colombia defendió el proyecto

"El Quimbo es necesario"

Por: Elespectador.com

Lucio Rubio Díaz resaltó que la obra busca satisfacer la demanda de energía de nuestro país y que sin ésta el suministro eléctrico se vería en peligro.

 

Lucio Rubio Díaz, presidente en Colombia de la multinacional Endesa, la empresa que realiza las obras del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. / Luis Ángel - El Espectador

La construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en el sur del Huila, sigue generando controversias. La realización de una represa que con la fuerza del río Magdalena genere 2.216 gigavatios de energía al año ha puesto al Gobierno, los órganos de control y los empresarios a hablar.
Hace dos semanas, El Espectador visitó la región y entrevistó a quienes rechazan que se haga una represa allí porque, dicen, empobrecerá la zona y afectará negativamente el medio ambiente. Ahora, Lucio Rubio Díaz, presidente en Colombia de la multinacional que realiza el proyecto, Endesa, le explicó a este diario los pormenores de las obras y se refirió a las discusiones que éstas han generado.
¿Cómo nace El Quimbo?
El Quimbo es un proyecto que nace de una subasta de energía organizada por el Gobierno. Varias empresas presentaron proyectos para la generación de energía, se les asignaron unas obligaciones y se les dio una fecha para la finalización de las obras que, para nuestro caso, es diciembre de 2014. Se ha dicho mucho que este recurso va al exterior. No, esta energía es para Colombia que, como país, puede exportar energía a Ecuador, pero es el conjunto del sistema el que toma la decisión. El Quimbo garantiza el suministro que se requiere para el abastecimiento de energía del país. Si no existiera éste, podría verse en peligro.
Ha habido controversias debido a los censos. La comunidad dice que se dejaron de contar dentro de los afectados a 15 mil personas. ¿Cómo se realizaron éstos?
Se hicieron con personas de la zona y durante dos años; se le dio oportunidad a todo el mundo. Tenemos un registro fotográfico y fílmico de cada una de las familias que visitamos. Y además hicimos fichas censales que fueron firmadas por los entrevistados y avaladas por los personeros de los municipios. Lo que está ocurriendo, a nuestro entender, es que como hemos empezado con las compensaciones, hay personas que quieren aprovecharse de esta situación.
¿Y las compensaciones a los afectados?
Hay 3.000 personas que se verán afectadas con la obra. Éstas se dividieron en dos grupos: los residentes y los trabajadores de la zona de influencia. A los primeros se les reasentará, son 425 familias que poseían apenas 300 hectáreas y que cada una de ellas recibirá 5 de compensación. Vamos a entregar más de 2 mil hectáreas y además se les van a dar unas casas mejores de las que tenían. Ya tenemos 800 personas que se han acogido a esta medida.
A quienes trabajan en la zona de influencia les entregaremos durante seis meses una capacitación y un auxilio salarial de $500 mil. Finalizada la capacitación les brindaremos un capital semilla de entre $25 y $40 millones. Por lo menos 580 personas ya han recibido la capacitación que dictamos con el Sena. Hay que tener paciencia pero, eso sí, el programa social se está ejecutando.
¿Qué ha pasado con las protestas?
Hubo vías de hecho de parte de un grupo conocido como Asoquimbo. Es un grupo que está contra la energía hidráulica, consideran que este tipo de proyectos no se deben hacer. Sería importante que digan, si no es con la hidráulica, ¿cuál es la mejor forma de satisfacer la demanda energética del país?, que sean propositivos. Una cosa es decir no a El Quimbo, pero entonces ¿qué hacemos? Nosotros respetamos que haya personas que estén contra este proyecto, lo que condenamos son las vías de hecho. Sin embargo, en estos momentos no ha habido protestas que impidan el avance de la obra.
¿El río ya se desvió?
Sí, valga decir que desviar no significa cambiarle el curso, sino simplemente secar un tramo del río para poder construir una represa de 150 metros de altura. Todos los proyectos hidráulicos se construyen de la misma forma.
¿Qué pasó con el puente conocido como El Paso del Colegio?
La empresa ha manifestado que no tiene ninguna responsabilidad con lo que le sucedió a El Paso. Lo que ocurrió es que el puente sufrió un socavamiento con la ola invernal pasada. El agua superó el estribo y éste se hundió. Sin embargo, la empresa desde la próxima semana dispondrá de un ferry para movilizar a la gente de la región.
¿El Quimbo estará listo para diciembre de 2014?
Dependerá mucho de cómo se vaya comportando el río Magdalena. Si bien hemos tenido obstáculos, es un tiempo manejable. Este año y el próximo se realizarán las obras de la represa y la casa de máquinas y a partir de abril de 2014 se pueda iniciar el llenado del embalse. Y por el lado de los reasentamientos ya están pactados y la mayoría —excepto uno con la comunidad de Veracruz— se realizarán entre abril y diciembre de 2013.

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-334286-el-quimbo-necesario

Los dilemas de Pacific Rubiales

 24 Mar 2012 - 11:50 pm

Los dilemas de Pacific Rubiales

Por: Norbey Quevedo H.

La formaron en Canadá cuatro venezolanos hastiados de Hugo Chávez y sus utilidades tienen a la DIAN, la Contraloría, Ecopetrol y la Superintendencia de Sociedades examinando sus éxitos.

 

Producto de su creciente producción petrolera e incursión en diversos negocios, Pacific Rubiales Energy es una compañía de grandes utilidades. / Daniel Gómez

Hace ocho meses, cuando estalló la protesta de los trabajadores de varias empresas contratistas de la reserva de petróleo de Campo Rubiales en Puerto Gaitán (Meta), saltó a la palestra pública una de las empresas de mayor crecimiento en los últimos años en Colombia: Pacific Rubiales Energy. Hoy, esta compañía desdoblada en medio centenar de firmas en cinco países constituye un caso de estudio por su inusitado auge económico y su proyección social, pero también por los múltiples conflictos con varias instancias del Estado.
La historia de este conglomerado empresarial está asociada con el destino de cuatro empresarios venezolanos, que descontentos con las políticas económicas del presidente Hugo Chávez en su país y aprovechando la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 2003, con alicientes para la inversión extranjera durante el gobierno Uribe, se unieron en Colombia para buscar gas y petróleo. En 2004 consolidaron su iniciativa en la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá) y desde entonces son protagonistas de primer orden.
Aunque desde 1995 se habían asomado al país con inversiones mineras, hace ocho años dieron el primer paso en firme cuando empezaron a explotar el campo de gas La Creciente, en el municipio de San Pedro, en el departamento de Sucre, cuya producción comenzó a crecer a un ritmo constante, al punto de que la compañía expandió sus actividades a otros frentes de la producción gasífera. Pero el gran negocio llegó en 2007, cuando decidieron apostar a la exploración de petróleo en el dorado de Puerto Gaitán, Meta.
Cuando Pacific Rubiales Energy entró a la empresa Metapetroleum, la producción era escasa. Hoy, Campo Rubiales representa el principal activo de la compañía y el de mayor expansión en Colombia. La experiencia de sus propietarios en Pdvsa fue suficiente para que en un solo año se perforaran 71 pozos, implementando las más modernas técnicas de la industria petrolera. Poco a poco la empresa fue multiplicando sus bloques de exploración en Colombia, luego en Perú, hasta que decidió aventurarse en otros frentes económicos.
Un reciente informe de la revista Dinero advierte que hoy el conglomerado tiene en su portafolio la exploración y explotación de carbón, oro, hierro, acero, producción de energía y cultivos de caucho y palma de aceite. En su último reporte sobre sociedades subordinadas, Pacific Rubiales Energy reportó la inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá de la sociedad Agro Cascada, para tratamiento de aguas residuales, y la Promotora Agrícola de los Llanos, para fomentar la producción pecuaria en tierras cercanas a Campo Rubiales.
Sin embargo, la mayor sorpresa es la forma como los dueños de la empresa Pacific Rubiales Energy han decidido incursionar en el negocio de los medios de comunicación. En la actualidad poseen el 19% del paquete accionario del canal Cablenoticias, propiedad de su coterráneo Alberto Federico Ravell. Hasta hace pocos días tuvieron acciones en el diario El Tiempo, pero vendieron su propiedad al banquero Luis Carlos Sarmiento. Son además anunciantes permanentes en reconocidos espacios de la radio, la prensa y la televisión.
En síntesis, el devenir empresarial de Pacific Rubiales Energy es noticia de primera plana hoy en el país. El más reciente reporte de ingresos estimó en US$3.381 millones el desarrollo de sus actividades en el último año. En cuanto a las utilidades netas, se dice que durante 2011 alcanzaron la cifra de US$554 millones, registrando un crecimiento del 109%, con respecto a lo alcanzado en 2010. Es tan exitosa su operación económica, que hace apenas tres años informaba de más de 214 millones de acciones en circulación con óptimo valor patrimonial.
Hasta ese momento, todo iba a pedir de boca en Pacific Rubiales Energy, e incluso ostentaba la condición de ser listada como la primera compañía de valores en el mercado colombiano. Pero hacia mediados de julio de 2011 sobrevino la crisis creada por las protestas de los trabajadores de las empresas contratistas en Campo Rubiales y comenzaron los problemas, a pesar de que la empresa insistió una y otra vez que su nómina directa era de apenas 1.500 trabajadores, pues el resto, unos 13.000, estaban tercerizados en cooperativas.
Hoy subsisten versiones encontradas sobre el conflicto laboral. A pesar de que persisten los reclamos de los trabajadores por las excesivas jornadas para la mano de obra no calificada y porque abundan los contratistas que siguen aprovechando la falta de reglas claras, la empresa sostiene que más del 80% de los empleados están afiliados al sindicato del sector energético, lo que confirma su compromiso con el derecho de la libre asociación. “El clima laboral se encuentra en condiciones ideales”, resalta la compañía.
Pero apenas cesaba la agitación social en la región de Puerto Gaitán, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) inició varias investigaciones contra Pacific Rubiales Energy por presuntas irregularidades en el pago de tributos de renta y ventas. Incluso, hacia noviembre de 2011, trascendió que 50 funcionarios de la DIAN adelantaron una inspección a las oficinas de la empresa para verificar documentos, especialmente en el tema del pago a los proveedores. Las pesquisas de la DIAN siguen sin resolverse.
En opinión del vicepresidente de Asuntos Corporativos de Pacific Rubiales, Federico Restrepo, desde el día de la visita de la DIAN, que calificó como exagerada, la empresa ha suministrado toda la información que le ha sido solicitada y se han permitido todas las revisiones que han querido programarse. El directivo agregó que con toda seguridad habrá un desenlace favorable para la compañía y que las dudas surgieron a partir de una compañía contratista que suministra servicios y que por eso se tomarán acciones en la relación contractual.
Luego le tocó el turno a la Contraloría que, en un informe sobre la renta minera y de hidrocarburos de 2011, le dedicó unos cuantos renglones para destacar algunos hallazgos en el campo La Creciente, de Pacific Rubiales Energy. En principio que no se estaba cumpliendo a cabalidad con la reglamentación internacional, en cuanto a las instalaciones. En otro aparte quedó reseñado que en muchas estaciones auditadas los equipos de muestreo eran inadecuados o que no había líderes de medición en algunos puntos.
En términos generales, aspectos técnicos que en criterio de la Contraloría delegada para el sector de minas y energía dejaban advertir incertidumbre sobre el conjunto de datos requeridos para la fiscalización de la producción petrolera y su repercusión en el cálculo de las regalías. Un diagnóstico de enero de 2012, que se sintetizó en que posiblemente se podrían estar generando consecuencias fiscales en contra de los intereses de la Nación y las regiones productoras, ante lo cual surgía la necesidad de emitir una función de advertencia.
Frente a las observaciones de la Contraloría, el comentario de Pacific Rubiales Energy refiere que el reporte era sobre todo el sector energético y de hidrocarburos, y que en el caso de su empresa, “sólo se encontraron pequeñas diferencias entre lo que se transporta por el gasoducto y los registros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”. Es decir, insistió Federico Restrepo, sólo se trata de un proceso de revisión y ajustes que será adelantado sin problemas. Y recalcó: “No es una investigación contra Pacific Rubiales”.
Apenas cesaban los ecos del informe de la Contraloría cuando vino otra investigación, esta vez de la Superintendencia de Sociedades, porque supuestamente no se registraron a tiempo algunas de sus empresas. Pero no fue una, fueron ocho investigaciones, cuatro de las cuales terminaron en multa y cuatro en archivo. La pelea de fondo con la Superintendencia de Sociedades sigue concentrada en declarar o no la situación de control de su matriz. Es decir, si existe claridad respecto a la propiedad de cada una de las filiales de la empresa principal Pacific Rubiales Energy.
La respuesta de la empresa es que después de cinco meses de investigación, hace dos semanas la Superintendencia de Sociedades dejó claro que Pacific Rubiales no constituía un grupo económico y que incluso, a pesar de los grandes rumores que querían resaltar la gravedad de la situación, no se comprobó lo sospechado. Eso sí, aclaró Restrepo, la Superintendencia impuso una multa de $100 millones por no haber declarado a tiempo el control de una de sus empresas. La multa se pagó y no se apeló la sanción.
La última noticia sobre la empresa de moda en Colombia surgió por las diferencias entre Pacific Rubiales y la estatal Ecopetrol, respecto al contrato del bloque Quifa. Una diferencia de interpretación en cuanto a la definición de la participación de la empresa oficial cuando se presentan una sobreproducción y altos precios del crudo. El asunto tendrá que dirimirse ante un tribunal de arbitramento, aunque Ecopetrol ha insistido públicamente que sí existe un conflicto y no una simple diferencia en interpretación de precios.
Ante el comentario del ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, en el sentido de que el estimado anual de lo que debería devolverle Pacific Rubiales a Ecopetrol en esta controversia puede ser del orden de los US$20 millones anuales, el ejecutivo Restrepo contestó que se trata de un giro normal en un proceso comercial por una diferencia de criterios en la forma como se liquidan y distribuyen los barriles producidos cuando se dan precios altos. Pero que el tema lo va a resolver, a través de un procedimiento ágil y amigable, un tribunal de arbitramento con juristas de las más altas calidades.
Hace ocho años hizo su aparición en Colombia la empresa de mayor proyección nacional. Hoy constituye una novedad porque entre sus principales dirigentes y abogados empiezan a figurar destacados y reconocidos profesionales del ámbito criollo. Pero el nombre de Pacific Rubiales se sigue expandiendo y en Perú, Guatemala, Panamá, Islas Caimán o Reino Unido ya se menciona por su ascenso. Incluso se ha anunciado que próximamente va a comprar un equipo de fútbol que juegue en Villavicencio. Es el nombre de moda y también el epicentro de los organismos que miran sus dividendos.
La estructura empresarial de Pacific Rubiales Energy Corp. (ver infografía)
Los artífices de la petrolera de moda
Ronald Pantín
Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela fue el ingeniero industrial y de petróleos, y dicen que fue quien convirtió a Pdvsa en la segunda petrolera del mundo. De hecho, duró 23 años en la empresa estatal venezolana, pero tuvo que retirarse de la misma por el Plan Colina, promovido por el presidente Hugo Chávez, quien forzó al retiro a 22 mil empleados de la entidad. En 2003, junto con sus socios, empezó a configurar su proyección hacia Colombia, dándole forma a Pacific Rubiales.
Miguel de la Campa
Con estudios de economía internacional en la Universidad de Georgetown, este profesional de las finanzas acredita una larga experiencia en las tareas de comercialización del petróleo y empresas mineras en América Latina, Estados Unidos, Europa y África. Es el experto en el tema de la promoción empresarial y, por ende, la persona que ha sabido proyectar la compañía en el ámbito internacional e incluso posicionarla en el mercado de valores y en las bolsas de Toronto, São Paulo y Bogotá.
José Francisco Arata
Egresado de la Universidad de Torino e ingeniero y geólogo de la Universidad Central de Venezuela, José Francisco Arata acredita más de veinte años de experiencia en el campo de la exploración y explotación de petróleo. Es el hombre del conocimiento técnico, el que sabe dónde es viable encontrar el oro negro. Después de un largo recorrido por su país natal, especialmente desde un alto cargo en la empresa Maraven, es el gestor del proyecto llamado Pacific Rubiales.
Serafino Iacono
Su conocimiento, así como su experiencia, es el mercado de capitales. Lo tiene claro desde Canadá y por eso fue la persona que aportó la información económica básica para consolidar el nacimiento de la empresa Pacific Rubiales Energy. Más de 30 años en el tema fueron suficientes para que, junto con sus socios De la Campa, Arata y Pantín, escogieran a Colombia como el sitio de proyección para su exitosa inversión petrolera, gasifera y minera, entre otros renglones económicos.
Resultados financieros de 2011
Después de la estatal Ecopetrol, la compañía Pacific Rubiales Energy se convirtió el año pasado en la segunda productora de crudo. En 2011 ganó US$554 millones y su crecimiento fue del 109% comparado con 2010. En cuanto a los ingresos, en 2011 se duplicaron al registrar US$3.381 millones por la explotación petrolera.
La expansión de campos como Rubiales y Quifa Suroccidental, así como el aumento de producción en los campos de Quifa Norte y Sabanero, reportaron mayores utilidades. El año pasado, la compañía registró además un crecimiento de las reservas petroleras del 34%.
En 2012 Pacific tiene un plan de inversiones de US$1.200 millones: para producción, un 45%; otro 28% en exploración, y 23% en nuevos pozos.

http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/articulo-334287-los-dilemas-de-pacific-rubiales

22 Mar 2012 - 1:28 am

La carga impositiva a la minería podría espantar la inversión extranjera

Todos quieren con Colombia, pero...

Por: Jairo Chacón González

Un estudio de Ernst & Young señala que Colombia está por encima del promedio entre los países mineros en el cobro de impuestos.

 

La producción de oro en Colombia el año pasado fue de 73 toneladas.

Partiendo de que Colombia está viviendo un boom minero, que no es lo mismo que ser un país minero, y de que hasta ahora está fijando los rieles de la locomotora del sector, la directora de Minería a Gran Escala (MGE), Claudia Jiménez, señaló que no es prudente incrementar las regalías y los impuestos, ya que un estudio contratado por los tres gremios del sector señala que las cargas impositivas del país están por encima del promedio en los ocho países comparados.
La dirigente recalcó que el estudio Ernst & Young, que compara a Colombia con Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Indonesia, Perú y Sudáfrica, demuestra que el país es poco competitivo, más cuando las inversiones que se hacen en un proyecto (exploración y explotación) son de largo plazo (a 30 años).
Los resultados del estudio señalan que en explotación de oro, modalidad subterránea, la carga impositiva de Colombia es del 76,6% mientras que el promedio es del 53,4%, lo que convierte a nuestro país en un destino poco atractivo frente a la región (ver gráfico).
De acuerdo con Gustavo Pardo, vocero de Ernst & Young, si Colombia no tiene factores que marquen la diferencia frente a otros países, dejará de ser atractiva para las inversiones extranjeras.
Frente a esta posición, los entes territoriales productores de oro piensan distinto, pues sostienen que sólo están recibiendo el 4% de regalías, recursos que no se justifican frente al deterioro ambiental que produce la explotación de un proyecto minero.
Así mismo, Simón Gaviria, director del Partido Liberal, señaló que impulsará el debate para defender a los intereses de las comunidades.
Claudia Jiménez recalcó que es sano que el Estado busque tener mayores ingresos por la explotación de los recursos naturales, pero que el debate debe darse con el conocimiento de datos reales y no a medias, por eso el estudio de Ernst & Young es contundente.

http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-333714-todos-quieren-colombia

21 Mar 2012 - 11:59 pm

La mayoría ha instalado dispositivos en grifos e inodoros

Compañías economizadoras de agua

Por: Redacción Especiales

Conscientes de su responsabilidad con el recurso hídrico, algunas empresas decidieron alinear sus políticas internas.

Aguas reutilizables
Ahorro y uso eficiente del agua es un programa que se encuentra incluido en la estrategia de ecoeficiencia corporativa del Grupo Bancolombia. La iniciativa abarca desde acciones pedagógicas, dirigidas a colaboradores y contratistas, en el manejo adecuado del recurso, hasta herramientas de aprovechamiento de agua lluvia, recirculación del líquido y sensores en los baños. En el edificio de la dirección general, en Medellín, se tiene un sistema especial de aprovechamiento del agua lluvia, que se destina al mantenimiento de jardines y sistemas de refrigeración. De hecho, éste fue reconocido por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos con la certificación LEED Gold (Leadership in Energy & Environmental Design), en la categoría “construcción existente”.
Alianza estratégica
El proyecto SuizAgua Colombia surgió de la iniciativa de un grupo de empresas suizas que tienen presencia en Colombia: Holcim, Clariant, Nestlé y Singenta. En alianza con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) todas trabajan en este programa cuyo objetivo es medir la huella hídrica, es decir, la cantidad de agua que un producto consume desde el proceso de desarrollo hasta su finalización. Nestlé, por ejemplo, a través de su estrategia de reducción, compensación, medición y promoción, buscó crear conciencia entre los empleados y sus proveedores de leche en Caquetá, quienes cambiaron sus hábitos en la utilización del recurso para reducir el gasto en el consumo y aprovechar al máximo sus beneficios.
 
Huéspedes son claves
Grandes cadenas hoteleras, como Estelar, han implementado desde acciones rutinarias y sencillas, cada vez que se abre y cierra la llave, hasta grandes estrategias corporativas de ahorro de agua entre empleados y huéspedes. Por ejemplo, donde había sanitarios de 12 litros se instalaron ahorradores de doble ‘push’ con descargas de 4 y 6 litros. Además, se implementó una campaña de sensibilización que busca crear conciencia entre los clientes para que reutilicen los tendidos y la lencería durante sus estadías.

http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-333748-companias-economizadoras-de-aguahttp://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-333748-companias-economizadoras-de-agua

16 Mar 2012 - 10:40 pm

Bucaramanga se movilizó contra la explotación minera

Un canto a Santurbán

Por: Pastor Virviescas Gómez

Un grupo musical santandereano creó el himno para proteger el páramo de las multinacionales.

La agrupación Lucía y los 5herentes creó el himno por la defensa del páramo.

Y pregúntales a los duendes
cuál de todas las estrellas
que se ha visto en su laguna
se quiere bañar en ella.
Lucía y los 5herentes es de las pocas agrupaciones musicales en el mundo a las que les pagan por no cantar. O al menos eso fue lo que buscó un fantasmal mecenas que pretendió financiarles la producción de su disco a cambio de que no siguieran interpretando Estrellita Santurbana, una especie de canción protesta que aunque no suena en las grandes cadenas, sí se ha convertido en el himno de quienes defienden el sagrado páramo de Santurbán de las garras de las multinacionales mineras.
Álvaro Serrano Calderón (cajón peruano), Sergio Laguado Lamus (guitarra), Olga Lucía Santos (voz solista), José Darío Sanabria (contrabajo), César Andrés Castro (tiple) y José Julián Santos (viola), son los santandereanos que integran esta banda acústica de la que dicen que hace música propia a partir de la fusión de formas ancestrales con lenguaje pop y combina elementos interioranos con forma afrocolombiana, persiguiendo una expresión a la que se puede llamar ‘espíritu calentano’.
Ayer me llegaron voces
de unos sabios frailejones
el temor está sembrado
en todas las direcciones.
Serrano compuso esta canción al páramo —en el que nace el agua que beben bumangueses, cucuteños y habitantes de otros 25 municipios— en un fin de semana sentado con sus amigos Maxim Flórez y Sergio Laguado, preguntándose cómo es que no había un aire que sirviera de referencia para esta batalla que desde hace dos años están dando ambientalistas, estudiantes, sindicatos y ciudadanos del común.
“Quien canta su desosiego es el propio páramo en primera persona, acompañado de flores y frailejones”, explica Serrano, quien dice que aunque tienen amigos en emisoras de radio que han manifestado su intención de ponerla a sonar, “pero no se atreven por esta borrachera de intereses que hay alrededor de este problema de la minería a cielo abierto”.
Soy piedra solitaria, soy altura
soy verde avergonzado, casi nube;
soy risco vigilante de la entraña
Que empapa al habitante enmudecido (bis).
A sabiendas de estas trabas, Olga Lucía Santos declara que han recurrido a ‘otros zaguanes’ y por eso se han presentado en escuelas y colegios de la provincia y del área metropolitana. “Que se vaya colando por las ventanas, en un viaje creativo que acompañe la buena voluntad y las campañas para defender el páramo”, anota.
“Buscamos letras contextualizadas que puedan acercarse a estas nuevas generaciones, sin perder lo ancestral y lo rico de la música tradicional”, asevera Olga Lucía Santos, complementada por Serrano, quien dice que la diferencia la marca la mezcla del lenguaje contemporáneo con timbres y sonoridades por más acústicas que sean.
“Nos une una enorme insatisfacción, no la rabia, convertida en la necesidad de hacer la música que queremos hacer”, aseveran.
Los helechos milenarios
comunican estas cosas
a las flores esteparias
que vigilan recelosas.
Subrayando que sus piezas desdeñan el pintoresquismo por artificioso y evitan en lo posible la sensiblería por ser un truco viejo, Álvaro Serrano afirma que por un lado está la música tradicional, “que se pone sepia e ingresa en el museo vivo de los bares ‘del recuerdo’”, y por el otro, “las expresiones posmodernas que se manifiestan a través de canciones y cantantes clonados ‘Made in Miami’”, músicas que huyen de lo particular, “expuestas al rasero globalizador que jamás tendrá en cuenta lo sabio del ancestro ni lo rico de la tradición”.
Advierten que a pesar de que no tocan Señora María Rosa o Los guaduales, sí hacen ‘música colombiana y de inmediato Serrano sube el tono de la voz. “Se nos clavó el San Benito que somos andinos y la radio decidió que todo lo que no fuera tambor era alpargata y ruana, así que nosotros decimos que ha habido una laguna enorme y no tenemos por qué estar condenados a repetir y repetir esas canciones tristes, por no decir depresivas, como son casi todas las canciones de la alta montaña”.
Confiesan que tienen un poco de Joan Manuel Serrat, otro de Joaquín Sabina y algo más de Pablo Milanés, y que cada canción echa un cuento distinto en rima o en verso libre, abriendo espacio para la ternura, jugando con la ironía y sin ignorar la risa, en una mezcla de bambucos, valses, joropos y cumbias.
Ay de las aguas revueltas,
ay del silencio perdido,
ay del incierto zarpazo,
ay de ese páramo olvido.
Ellos buscan el maridaje feliz de mar y montaña, y mantener una relación sutil con la palabra, por eso es que Lucía y los 5herentes le cantan al “Despecho tan arrecho” (‘Él no había llorado de manera tan copiosa desde el mundial en el que Holanda casi gana, siempre pensó que sólo pasan esas cosas en las telenovelas latinoamericanas’) o a La Red (‘Él salió con el clásico ¿Tú qué haces? Ella vio y respondió yo hago lo mismo. Chatearon una hora y dos compases sobre el rock, el Zodiaco, el terrorismo’).
De ahí también sus Remedios caseros (‘Mantenga la paciencia, conserve la calma, inténtelo otra vez, pudo haber sido peor. Regrese mañana, busque un abogado, récele a la Virgen, haga una promesa. Sóbese con mentol, póngase hielito, hágase un remiendo, acuéstese temprano’), El Manual (‘Quiere que lo quiera y yo lo quiero, como manda el manual del buen culebrero’).
Soy piedra solitaria, soy altura
soy verde avergonzado, casi nube;
soy risco vigilante de la entraña
que empapa al habitante enmudecido. (bis)
Esta es pues la Estrellita Santurbana que alentó la marcha de ayer, en la que miles de santandereanos convocados por organizaciones ambientalistas caminaron por la carrera 27 y luego la calle 36 de Bucaramanga, hasta desembocar en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán con el firme propósito de reiterarle a Colombia que el agua vale más que el oro y que el páramo de Santurbán es sagrado, así a quienes les corresponde declararlo Parque Natural poco o nada hayan hecho.
Si por desgracia para el medio ambiente en Santurbán terminan imponiéndose las locomotoras del desarrollo defendidas por el presidente Juan Manuel Santos, Lucía y los 5herentes tendrán más trabajo.
Esta agrupación ganó a finales del año pasado una de las Becas Bicentenario otorgadas por la Gobernación de Santander.
Bumangueses marcharon por la defensa del agua
Cerca de 30 mil personas participaron ayer en la marcha por la defensa del agua y en contra de la explotación minera en el páramo de Santurbán, realizada en la capital santandereana. En la manifestación, que partió de forma pacífica desde la Puerta del Sol, cerca de las 3 p.m., participaron adultos niños y grupos folclóricos, quienes con pancartas y arengas le dijeron al Gobierno: “Agua sí, oro no” y “Abajo la locomotora de la minería”.
La marcha tuvo su curso normal hasta llegar al centro de la ciudad, donde se unieron cientos de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Sin embargo, encapuchados hicieron explotar varias papas bomba y se enfrentaron con la Fuerza Pública. Dos estudiantes fueron detenidos.
La protesta, convocada por el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán y el Comité por el Agua de Bucaramanga, terminó frente a las instalaciones de la Alcaldía.

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-332879-un-canto-santurban

16 Mar 2012 - 9:59 pm

Esta es la historia del colectivo Casaentrecomillas

Jardineros insurgentes

Por: Santiago Valenzuela, especial para El Espectador

Un grupo de diseñadores siembran plantas en la ciudad para transformar espacios que eran inhabitables.

 

 Transformar los códigos de la ciudad, de una esquina de miedo a una esquina habitable: el reto de quienes promueven la jardinería insurgente. / Carlos Spoon

Dos diseñadores, María José Olmos y Santiago Mejía, se han propuesto cambiar el asco y la inseguridad que provocan muchas esquinas de la ciudad. Con arte, con siembra de plantas, buscan transformar la hostilidad de los espacios urbanos. ¿Cómo lo logran? Con jardinería insurgente.
Olmos y Mejía son miembros de Casaentrecomillas, un grupo de artistas bogotanos que un día, cansados del mal estado de la calle donde se encontraba su oficina, en el barrio Teusaquillo, emprendieron la tarea de alterar el espacio urbano. Los resultados fueron sorprendentes.
“Durante dos años era recurrente encontrar en el callejón de la calle 45 basura esparcida por el suelo, heces fecales y un insoportable olor a orines. Entonces nos pusimos a imaginar una cuadra diferente, una suerte de ‘barrio artístico’, en donde el arte empezara a ocupar cada rincón del callejón, y así construir un lugar más amable para con-vivir”, comentan los diseñadores.
La cosa se habría quedado de esas dimensiones, pero en 2011 los miembros de Casaentrecomillas supieron de una convocatoria del Distrito orientada a localidades “culturalmente activas”. Propusieron el proyecto de jardines insurgentes y se ganaron el dinero. Con él convocaron a otros colectivos a unirse a una gran campaña de siembra de jardines en otros puntos de la ciudad.
“Observamos la cartografía de la ciudad y creímos que lo más adecuado era intervenir los lugares que estaban más abandonados y en peor estado”, comenta Olmos.
Hoy, este colectivo ha sembrado jardines insurgentes en el colegio Manuela Beltrán (ubicado en la 57 con Caracas), la esquina Cul-de-sac (en la calle 45 con carrera 17), la Redada (una casa ubicada en el centro histórico de Bogotá, en la calle 17 con carrera 2ª) y el río Arzobispo, en la calle 40 con Caracas. Todos eran espacios donde impera la lógica de la inseguridad: paisajes en donde resaltan los consumidores de bazuco, las prostitutas y travestis, y los baños de borrachos y habitantes de la calle.
Los cambios, según los diseñadores, han sido fructíferos. Después de instalar los jardines, Olmos y Mejía han descubierto que el uso y la concepción del lugar ha venido cambiando.
Para lograrlo, la ayuda de los vecinos en el trabajo de siembra ha sido útil. “Doña Ana, una activa participante de la siembra y vecina del lugar, días después de la intervención en el río Arzobispo nos confesó que hace más de cinco años no veía a nadie leyendo el periódico allí”, comentan los líderes de Casaentrecomillas.
Sin embargo, el proyecto tiene sus dificultades. En especial, que algunos jardines insurgentes se deterioran por la problemática del sector: “Las situaciones y los contextos hacen que las dinámicas sean diferentes en cada jardín. Los materiales de las materas, por ejemplo, son muy solicitados por recicladores y habitantes de la calle que ven en ellos dinero, bien sea para comprar alimento o droga. Nuestro trabajo no es asistencialista; los jardines son una posibilidad de cambio, de nuevos paisajes que siempre van a depender de la comunidad para prosperar. Si la comunidad se compromete y tiene el interés y el amor por cuidarlos, prosperan; de lo contrario, mueren por el abandono”, dice María José Olmos.
Para Óscar Iván Salazar, profesor e investigador en temas urbanos de la Universidad Nacional, este tipo de proyectos cambian el significado de lo urbano: “En las últimas décadas, lo urbano ha estado planteado desde la metáfora de ‘la ciudad es una máquina’, lo que implica que veamos un espacio público que se construye para la movilidad, la circulación y otras características relacionadas con la ordenación y regulación de la ciudad. Pero en los jardines insurgentes veo una intención por apropiarse y ocupar el espacio de una forma alternativa a la tradicional. Aquí hay un interés en relación con lo que los ciudadanos pueden aportar a su concepción de ciudad. Se está discutiendo el espacio público desde la estética y cotidianidad de la gente y no de los expertos”.
Casaentrecomillas también trabaja con “intervenciones guerrilla”, que consisten en introducir plantas en los huecos que deja el robo de tapas de los registros del acueducto. Estos huecos, además de causar accidentes, dejan un espacio para que los ciudadanos boten la basura. Hasta el momento, 15 huecos, entre las calles 57 y 39 en la avenida Caracas, se han convertido en pequeños espacios verdes.
Las “intervenciones guerrilla” en ciudades como Londres, Nueva York, Manchester y Berkeley fueron referentes importantes para Casaentrecomillas. La jardinería guerrillera (guerrilla gardening) surgió en 1973, en Nueva York, luego de que una mujer llamada Liz Christy buscara hacer un jardín comunitario en el área de Houston Streets. La idea fue ampliándose a diferentes ciudades de Europa y Estados Unidos, hasta el punto de que en la actualidad están documentadas 30 ciudades que implementan este tipo de agricultura en espacios urbanos.
Ahora, el turno es para Bogotá. Casaentrecomillas adelanta en los barrios La Paz y Egipto un meticuloso “ejercicio etnográfico”, para “ir conociendo a la gente, hablar con ellos, escuchar sus necesidades, y luego intervenir”.
Lo hacen porque están convencidos de que, como explica Olmos, “se puede interrumpir el abandono al que sometemos la ciudad. Creemos que ésta es una buena excusa para fomentar ciudadanías más activas y críticas con los modos como estamos habitando Bogotá”.
Ahora sólo necesitan más ciudadanos que se unan a su causa. Más jardineros insurgentes.

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articulo-332848-jardineros-insurgentes

|17 Mar 2012 - 9:00 pm

Curadurías, alcaldías y la Dimar difieren a la hora de autorizar proyectos en las costas

Los invasores de las playas

Por: Norbey Quevedo H.

Un pleito institucional por la construcción de un megaproyecto deja en evidencia que en ocho ciudades del país hay más de 25 mil ocupaciones ilegales de playas públicas.

 

El sector de Pozos Colorados en el año 2005, cuando no había construcción. / En 2008, cuando se estaba edificando el condominio Sierra Laguna. / En 2012, a la izquierda de Sierra Laguna se construirá Cabo Tortuga I y II.

Uno de los megaproyectos habitacionales más importantes y modernos de la Costa Atlántica está en el limbo. Las posiciones opuestas de la Curaduría Urbana de Santa Marta y de la Dirección General Marítima (Dimar) tienen en veremos la obra. Mientras que la Curaduría ya aprobó la licencia de construcción, la Dimar solicitó revocar la decisión al considerar que se va a edificar en una zona de playa pública, que es de propiedad de la Nación.
Cabo Tortuga es un complejo habitacional privado, ubicado en las afueras de Santa Marta, en el sector Lagos del Dulcino de Pozos Colorados. Son 117 apartamentos con vista al mar Caribe, en dos torres multifamiliares de 13 pisos. Con inversiones cercanas a los $120 mil millones, sus constructores tienen previsto iniciar obras el próximo semestre, generando 3.200 empleos directos. Se estima que estará culminada en 2014.
Todo comenzó el pasado 13 de diciembre de 2011, cuando Alberto de Luque Palencia, curador urbano primero de Santa Marta, le aprobó a la Sociedad Promotora Caribbean International la licencia de construcción de Cabo Tortuga. Según el curador De Luque, no se debe contar con el concepto técnico previo favorable de la Dirección General Marítima (Dimar), en razón a que el lote donde se construirá Cabo Tortuga es privado.
Según planteó el curador De Luque, al otorgar la licencia como argumento adicional que el proyecto no se encuentra en zona de playa, como quiera que en 1992 el Centro de Investigaciones Oceanográficas Hidrográficas conceptuó que el predio está ubicado después del límite de la playa establecido por una línea de vegetación permanente.
La respuesta a la decisión del curador no se hizo esperar. El 20 de diciembre de 2011, el capitán de puerto de Santa Marta, Jorge Enrique Morales, presentó recurso contra la licencia otorgada y pidió revocarla. Su argumento: se fundamenta en que los predios tienen el carácter de bien de uso público y, por naturaleza, pertenece a todos. “No se ha cumplido el trámite correspondiente en atención a que no se solicitó el concepto técnico de la Dimar”, destacó Morales.
Y para reforzar sus argumentos aportó dos conceptos técnicos de septiembre de 2011, derivados de inspección al terreno, su composición y vegetación, y se determinó que es una playa marítima de propiedad pública. Por eso no se puede construir para vivienda. La única opción sería entregarlo en concesión a 20 años, tiempo en el cual debe revertir al Estado.
¿Entonces quién tiene la razón? El caso ya fue reportado a la Procuraduría, pero si se revoca o no la licencia corresponde al propio curador de Santa Marta, Alberto de Luque. De hecho, el jueves venció el término para pronunciarse, pero no lo hizo. Lo cierto es que en este tipo de decisiones ya es frecuente que curadurías, alcaldías, autoridad ambiental y la Dimar difieran en sus determinaciones. El asunto de fondo parece ser que en esta última entidad en muchos casos no se está solicitando su concepto y todo el trámite de la aprobación queda en manos de las curadurías.
Colombia tiene 1.600 kilómetros de costa por el Caribe y 1.300 por el Pacífico. Por eso, en una larga extensión de playas, sus litigios por invasión son inevitables. De hecho, en la autoridad marítima Dimar hay registradas a la fecha 25.792 ocupaciones ilegales sobre los bienes de uso público en las costas.
Son ocho ciudades costeras identificadas con diferentes esquemas de invasión. Por ejemplo, Santa Marta tiene habitantes cuya característica es que construyen quioscos, muelles, espolones y viviendas en zona de playa. Cuyo procedimiento para retirarse de la construcción ilegal se hace a través de la Dimar voluntariamente, de lo contrario por procedimiento policial. En cuanto al sector de gran hotelería y condominios, según registros de la Dimar, se investigan conductas de posible invasión de las playas en Zuana, Playa Dormida, Sierra Laguna y Cabo Tortuga.
Al respecto de estos casos, el capitán Jorge Enrique Morales indicó que: “La autoridad marítima no se opone al desarrollo de una región, hacemos unos pronunciamientos teniendo en cuenta la normatividad vigente, la cual debe ir en concordancia con la gestión de riesgo y la conservación del ecosistema”.
En el caso de Cartagena, se tienen detectados como sectores de invasión de playa algunos condominios, varios edificios, un sector del Hotel Hilton, la zona de “Blas El Teso”, La Boquilla y las partes aledañas al Hotel de Las Américas. En Barranquilla predominan las invasiones a través de restaurantes. Las autoridades marítimas también tienen identificado a Coveñas y sitios cercanos al Golfo de Morrosquillo, en invasiones a través de pequeñas viviendas y cabañas cerca de la playa.
En la zona de Puerto Bolívar y Bahía Portete, en el departamento de La Guajira, la invasión a las playas corre por cuenta de los indígenas locales. Los 48 casos que aparecen reportados en las cifras oficiales se explican por un asunto cultural, ya que los aborígenes ven las playas como propias.
Con referencia al municipio de Bahía Solano y Tribugá, la invasión se está dando por gente de otras regiones del país y algunos extranjeros que en los últimos años buscan establecerse por tratarse de un sitio diverso y con un gran paisaje.
En los municipios de Buenaventura y Tumaco, la realidad es bien diferente. Allí se concentra la mayor parte de invasiones, un asunto asociado con la pobreza. Según los expertos, se trata de construcciones palafíticas, es decir, edificaciones realizadas sobre el agua, en zonas anegables, de bajamar o sostenidas por varios postes de madera. En este caso otro experto señala que son edificaciones de fácil afectación, en razón a que por estar ubicados en la Costa Pacífica son susceptibles a fuertes vientos, cambios de marea y muy vulnerables a tsumanis, como el que sucedió en Tumaco en 1979.
Al respecto de la invasión de las playas en el país, el almirante Ernesto Durán, director de la Dimar, ha expresado que: “La Dirección Marítima está atenta a las diferentes denuncias con el fin de realizar las investigaciones que sean correspondientes y, en caso de que existan irregularidades, les solicita a las autoridades realizar las restituciones”.
La invasión de playas se da por la hotelería en algunas grandes cadenas o en exclusivos condominios. En otras situaciones derivadas de la pobreza de la población. El caso de Cabo Tortuga está a punto de resolverse, pero en el fondo y pese a los esfuerzos de las autoridades marítimas, en los otros casos, más de 25 mil, resulta casi imposible recuperar las playas que son un patrimonio de todos.
El polémico negocio de Cartagena
El caso más sonado de los últimos tiempos en Colombia por la venta de playas derivó en acciones de la Fiscalía contra la exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo y otros funcionarios. El asunto se originó a comienzos de su administración, cuando vendió al hotel Dann un lote de 240 metros con playa por $200 millones.
Al considerar que la referida negociación fue presuntamente irregular, en agosto de 2011 la Fiscalía acusó a la exalcaldesa Pinedo, a la exsecretaria de Hacienda Vivian Eljaiek y a cuatro personas más. Según el ente acusador, la exfuncionaria pudo incurrir en los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos. En su momento la defensa de Pinedo explicó que la negociación se hizo con una escritura de 1999 que reconoció como baldío el “Polígono de Las Velas”. Luego se vendió y el conflicto de criterios sobre si era un baldío o público se convirtió en el eje del caso. El proceso continúa.
El megaproyecto de Santa Marta
En mayo de 2008, cuando se construían dos torres de apartamentos del condominio Sierra Laguna, con un valor estimado de $40 mil millones, surgió un debate jurídico en torno a si la obra se estaba construyendo en zona de playa.
Inicialmente la Dimar expidió una resolución mediante la cual dio concepto negativo a la construcción del megaproyecto. Sin embargo, los constructores de la obra expresaron que un año antes la Secretaría de Planeación de Santa Marta había dado el visto bueno.
Cuando se presentó el debate, la obra estaba construida en un 70%. Al año siguiente se empezaron a vender los apartamentos y la inauguración fue meses después. Hoy es uno de los lugares más lujosos en Pozos Colorados.

http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/articulo-332938-los-invasores-de-playas

17 Mar 2012 - 9:58 pm

Terrorismo

Crearán seis batallones para proteger infraestructura petrolera y energética

Por: Elespectador.com

"Se ha tomado la decisión de movilizar unidades hacia ciertas zonas del país", dijo Mindefensa.

Uno de los Viceministros de Defensa y el Comandante del Ejército sostendrán varias reuniones con los representantes del sector petrolero, minero, energético y de hidrocarburos en las que se coordinarán mecanismos que mejoren la protección de la infraestructura.

El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al revelar detalles del plan de fortalecimiento a la protección de la infraestructura de hidrocarburos y energética del país que está diseñando el Gobierno Nacional.
Según el Ministro, en los próximos meses se van a crear seis batallones adicionales para fortalecer esa protección y vigilancia del sistema de transporte energético, que el Gobierno considera indispensable para el desarollo social, explica el informe de prensa del ministerio de Defensa.
"Se ha tomado la decisión de movilizar unidades, incluso desde Bogotá, hacia ciertas zonas del país para mejorar la protección de la infraestructura, que es la riqueza de los colombianos", afirmó.
Anunció que dió instrucciones a funcionarios del más alto nivel para que profundicen la coordinación con las empresas del sector de los hidrocarburos y de esta manera evitar ataques de los grupos terroristas.
"Hemos dado instrucciones a uno de los Viceministros y al Comandante del Ejército para que mantengan un contacto permanente y reuniones a lo largo de la próxima semana con el sector petrolero y minero y verifiquemos todas las coordinaciones que debemos hacer para mejorar los procedimientos", puntualizó el Ministro Pinzón.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-333015-crearan-seis-batallones-proteger-infraestructura-petrolera-y-ene

|18 Mar 2012 - 8:17 pm

La isla perdida de Colombia

Por: Carolina Gutiérrez Torres (cgutierrez@elespectador.com)

A 20 minutos de Paso Nuevo, Córdoba, está Isla Fuerte, un pequeño universo desconocido, aislado y habitado por 2.500 personas.

 

Don Rufino Espitia Barrios junto a su esposa Alejandrina Cardales. Se casaron en 1946 con la bendición del entonces obispo de Cartagena, en un ceremonia colectiva. / Fotos: Camilo Rozo

Esta es la Isla Fuerte del Caribe colombiano. Pequeña y agreste. Tres kilómetros cuadrados, en el sur del Golfo de Morrosquillo, que han hospedado a indígenas, a piratas y a contrabandistas; que han escondido, ocasionalmente, a algún narcotraficante, a algún paramilitar. Este es un pedazo de tierra sin sacerdote en el que religiosamente se celebra misa una vez al año, cuando un curita del municipio de Moñitos viene a bautizar, confirmar y casar a los pocos feligreses que no reclutó la Iglesia evangélica.
Esta es la isla perdida de Colombia, ubicada a 20 minutos en lancha de Paso Nuevo, Córdoba, diminuta en el océano de aguas azules y verdes y amarillas. La isla que acogió hace tantos años a cinco familias desplazadas por las “políticas del progreso” de Bolívar. La que empezó a poblarse y a convertirse en un universo pequeñito en el que no existe la energía eléctrica, en el que la gente vive hasta pasados los cien años, en el que los fines de semana festivos no se duerme ni se pesca y al que llegan los turistas por pura casualidad.
Un islote en el que vive una mujer de casi noventa años que curaba con bebedizos a los enfermos y un hombre de más de ochenta que esconde la historia de la isla en un libro que no le presta a nadie. Así vive Isla Fuerte en sus tres kilómetros cuadrados.
Doña Ruca
En la isla perdida vive doña Rúdica Navas Luna con sus 80 y pico de años y una sordera progresiva. Vive ella de camisa rosada y pantalón azul, sentada en una silla en la puerta de su casa. A su derecha, sentado también, reposa su esposo José María, quien se ve tan jovial y tan enérgico que bien podría pasar por el hijo de la señora que escucha poquito, poquito.
Cuando cualquiera se le acerca y le grita al oído buenas noches doña Ruca, cómo ha estado. Ella responde con una risotada “bien, porque estoy viva”. Y tiene razón para celebrar la vida por estos días en que a los viejos más viejos de Isla Fuerte les está dando por morirse. Aquí, donde pueden pasar años y años sin que se celebre un funeral, acaba de cumplirse el sepelio de Juanita de la Hoz, quien respiró hasta los 107 años. El de Juanita y el de otros cuatro más. Fueron cinco muertos en quince días. Cosa rara en Isla Fuerte. Razón suficiente para celebrar la vida.
Son alrededor de las 6:00 p.m. en este islote que reclama ser un corregimiento de Cartagena, aunque esté sólo a 20 minutos de tierra cordobesa. A las 6:00 p.m. las afueras de Isla Fuerte ya están sumidas en una oscuridad total. Sólo alumbran a lo lejos algunas fincas que tienen planta eléctrica propia. Y las de los vecinos que pagan por tres o cuatro horas de energía. Los caminos que recorren de memoria los isleños son terrosos, polvorientos, ásperos. Así, en la negrura de la noche, la isla se siente más agreste.
Ya llegando al centro se empieza a iluminar la noche con las luces de las discotecas y los negocios. Se escucha una salsa de Willie Colón en la tienda más central y más surtida del corregimiento. Son días de enero, días de música. Se acerca el primer puente del año y literalmente Isla Fuerte se paralizará en torno a la celebración. No habrá pescado fresco ni abrirán los pocos comerciantes. Sólo se hablará de fiesta, de trago y de las riñas que en los últimos años se volvieron culto después del segundo y del tercer día de parranda.
De eso se queja doña Ruca. La que fue enfermera del pueblo hace tantos años. “Vos ayudaste a parir a media isla”, le dice don Horacio Giraldo, un paisa que tiene un hotelito aquí hace 15 años. “Hasta a una cachaca. Ahí, en esa casa, la ‘partié’”, como dice ella, la señora Ruca, señalando la casona que tiene a su espalda. Luego asegura: “Esto está muy distinto. Aquí los jóvenes ya no respetan. Antes a los adultos nos respetaban. A mí me consideraban. Me querían. Hoy no”. Y vuelve a repetir que aquí los jóvenes ya no respetan.
Doña Ruca es la historia misma de Isla Fuerte. De los años de casas de madera, caña brava y techo de palma; de los tiempos en los que no se tenía noticia del contrabando, que después traería a la isla bonanzas esporádicas en las que se construirían elegantes casonas de ladrillo y patios amplios a la entrada. Doña Ruca habla de los días en los que era posible enumerar uno a uno a los habitantes del pueblo. Con nombre y apellidos. Porque eran pocos. Poquitos. “Ya todos esos viejos están muertos”, dice la señora y menciona otra vez que Juanita fue la última en partir. 107 años.
Ruca era la partera, la enfermera, la que curaba las picaduras de raya y las gripes con infusiones de anamú, guají, almácigo o totumo cimarrón. Eran sagrados sus brebajes. Hechiceros. Como de bruja. Pero aquí esa palabra está prohibida. Que nadie diga que doña Ruca es o fue bruja. Ni mucho menos que con sus sortilegios espantó una a una las amantes de José María, su esposo, que era tan joven y buenmozo, que tuvo una y hasta diez amantes: Venita, Nelcides, Máxima, la difunta Caridad. “Todas esas mujeres tuvo él. Que era un bandido. Que tenía plata para todas”. Y remata diciendo a José María lo conocí desde ‘pelaito’, cuando yo ya no era señorita, y con él tuve dos hijos: una hembra y un varón.
Don Rufino
La historia de la isla está escrita en un libro que don Rufino Espitia Barrios, de 85 años, vigila con devoción. No lo presta, pero está dispuesto a conversar con cualquiera sobre lo que allí está escrito. Acérquese a su casa cuando esté llegando el anochecer. Él estará ahí, sentado en una mecedora junto a la puerta, acompañado de su esposa Alejandrina Cardales, diciendo que ya está muy viejo y que un hombre después de los 80 es un estorbo, preguntándose cuándo le llegará la muerte.
El señor Rufino lleva uno de los apellidos más populares de Isla Fuerte, que también perteneció a una de las cinco familias que colonizaron este territorio hace por lo menos 200 años: los Barrios. Llegaron también los Zúñiga, los Caraballo, los Jiménez, los Castillo. Todos provenientes de Barú. Desplazados “de mala manera” por una compañía extranjera. Eran navegantes. Pescadores. Agricultores. Se asentaron y se dieron a la tarea de “domar” la isla. No fue —no ha sido— fácil. Isla Fuerte es una tierra agreste. Con un clima bochornoso de 28 grados. Con un salitre que carcome las casas, los puertos, los barcos. Cuando se camina por los senderos que la atraviesan se tiene la sensación de que sigue siendo un territorio virgen. Salvaje. Abandonado. Y eso la hace tan atractiva. Tan bella. Tan imborrable.
Otra cosa opina don Rufino, que dice enérgico: “Isla Fuerte ya se acabó... Ufff... se nos acabó”. Su esposa frunce la boca y asiente con la cabeza, sin mirarlo. El señor se sigue lamentando y finaliza la retahíla quejándose de que hasta su dios lo haya abandonado. “Yo era católico, pero aquí ni el cura volvió. Ahora casi toda la isla es evangélica. Hasta mi mujer, que se va para el culto y me deja solito”.
Hablar de Alejandrina sí lo hace sonreír. Contar que celebraron su matrimonio en 1946 y que el mismísimo obispo de Cartagena fue quien les dio la bendición. A ellos y a diez parejas más.
Doña Ruca y don Rufino
En esta Isla Fuerte, cuando una persona pierde la razón, la memoria, la capacidad de elegir, se dice que ya no se pertenece. En el fondo todos los viejos saben que probablemente llegarán a los 100 o a los 107 años —como Juanita de la Hoz— sin recuerdos. Entonces deciden hablar.
En eso se les va la vida a doña Ruca y a don Rufino, dos de los habitantes más viejos del corregimiento que todavía conservan la lucidez, la claridad de las fechas y los nombres con apellidos. Los dos reciben a cualquier visitante y les narran las mismas anécdotas una y otra y otra vez. Ella conserva la historia de la isla en la cabeza y él, en un libro resguardado en alguna parte. Esta es la Isla Fuerte del Caribe colombiano contada por dos viejos que todavía se pertenecen.
¿Cómo se llega a Isla Fuerte?
Estas son las opciones para llegar a Isla Fuerte: por vía aérea se arriba a Montería y desde allí se puede tomar un taxi expreso hasta el puerto de Paso Nuevo (que en promedio demora 75 minutos y cuesta $100.000). Otra opción es utilizar, desde el centro de Montería, el servicio público que conecta a Paso Nuevo. Desde allí se viaja en lancha hasta la isla (un recorrido de 25 minutos por $10.000).
También se puede llegar por tierra, pasando por las poblaciones de Lorica y San Bernardo del Viento, hasta Paso Nuevo.
Los hoteles más emblemáticos de la isla son Mar Abierto y el Centro de Buceo.

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-333124-isla-perdida-de-colombia

 7 Mar 2012 - 10:45 pm

Por recrudecimiento de la inseguridad

Se deteriora la actividad petrolera

Por: Jairo Chacón González

La empresa Emerald Energy suspendió exploraciones en el campo Ombú, en Caquetá.

 

Desde el año pasado, algunos empresarios del sector petrolero habían hecho publicas sus preocupaciones por los temas de seguridad en las distintas regiones de Colombia. / Cortesía - Cromos

Era un secreto a voces. Los empresarios petroleros lo venían ventilando desde el año pasado en cuanto foro participaban. “La seguridad se viene deteriorando”, decían.

Y el miércoles, con el anuncio de la multinacional Emerald Energy (filial de la empresa china Sinochem), se desnudó la gravedad del asunto. La compañía, mediante un comunicado de prensa, anunció que suspendía las operaciones en el campo Ombú, en jurisdicción de San Vicente del Caguán, en Caquetá. La decisión, en pocas palabras, obedece a los últimos ataques contra sus instalaciones petroleras en la vereda Los Pozos, ubicada en la antigua zona de distensión.

Esta verdad revelada se confirmó con el anuncio del Ministerio de Minas y Energía, al señalar que la producción petrolera cayó a 896 mil barriles diarios, situación que mina las proyecciones del Gobierno cuando esperaba que la cifra no sólo superara el millón de barriles, sino que se mantuviera.

En ese orden de cosas, el dinamismo que lleva el sector petrolero podría detenerse ante el deterioro del orden público, denunció la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) luego de conocerse la posición de Emerald Energy.

Así lo señaló el presidente de la ACP, Alejandro Martínez, quien aclaró que la difícil situación de orden público no sólo se está presentando en Arauca y Caquetá, sino en otros puntos del país.
Pero esta alarma ya se había prendido unos meses atrás, cuando Martínez denunció que la seguridad democrática sufría “fracturas” y que requería una reingeniería para evitar que las inversiones en el sector no se vieran afectadas.

A los actos terroristas contra las instalaciones petroleras se suman las protestas y los paros armados que impiden que los camiones que transportan el crudo se desplacen hacia los centros de distribución. Además de Caquetá, hay problemas en Casanare y Huila.

“Esta situación implica un deterioro en las condiciones de seguridad. Sin embargo, no podría decirse que se trata de una nueva tendencia; pero sí veo con preocupación que se esté presentando este incremento”, recalcó.

De acuerdo con Martínez, en lo que va corrido del año se han presentado cerca de 60 bloqueos a las entradas de los campos petroleros por parte de comunidades que protestan por el desarrollo de la actividad y reclaman la pavimentación de vías y la construcción de obras como puentes, escuelas y centros de salud.

El dirigente gremial ve con preocupación lo que podría pasar cuando los municipios sientan el cambio en los ingresos por el ajuste que se hizo a la distribución de regalías: “Los bloqueos se podrían incrementar y esto podría poner en riesgo la viabilidad de las operaciones petroleras en las regiones”.
Pero los ataques no sólo son contra las instalaciones petroleras, también contra la red de oleoductos. De acuerdo con el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, en lo que va corrido del año van 14 atentados, especialmente contra Caño Limón-Coveñas.

La alerta en el sector podría afectar la economía del país, si se tiene en cuenta que el petróleo se convirtió en el mayor ingreso por exportaciones de Colombia. De acuerdo con analistas, en enero este producto representó el 53,3% del total de las exportaciones, y lo que está ocurriendo podría convertirse en una mala señal para los inversionistas, que el año pasado trajeron al país $12 mil millones.

Pero en medio de estas malas noticias, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, anunció que los 11 contratistas del Consorcio Casanare Avanzada, que construye el oleoducto Bicentenario de Ecopetrol, secuestrados en Casanare por el Eln, fueron dejados en libertad. De otro lado, el oficial señaló que tienen indicios de que trabajadores de las petroleras están involucrados en las protestas que se adelantan en algunos campos del sector.

http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-330995-se-deteriora-actividad-petrolera

7 Mar 2012 - 11:17 pm

Distrito anuncia medidas para recuperar los cuerpos de agua

'Vamos a cerrar los humedales': Secretaria de Ambiente

Por: Viviana Londoño Calle

Margarita Flórez advierte que en un mes los constructores tendrán que reutilizar los escombros o serán sancionados.

 

Margarita Flórez, secretaria distrital de Ambiente, insiste en que construir la ALO afectaría los humedales. / Daniel Gómez

Si de experiencia se trata, Margarita Flórez reúne varias décadas analizando los problemas ambientales del país. Por eso aceptó tomar las riendas de la Secretaría de Ambiente y está convencida de que puede sacar adelante los proyectos que se ha trazado el alcalde Petro en esta materia.
¿Cuál es su propuesta para solucionar la problemática de los escombros en la ciudad?
El problema es que no hay escombreras y tampoco esfuerzos por parte de los grandes constructores. Por eso vamos a hacer cumplir la Resolución 2397 de 2011, que obliga a los constructores a que reutilicen los escombros producidos en sus obras. En un mes tendrán que reutilizar el 10% del total de metros cuadrados a construir anualmente y estos porcentajes aumentarán cada año. Las empresas que no cumplan, serán sancionadas.
¿Cómo va a lograr la recuperación de los humedales?
Vamos a cerrar todos los humedales para iniciar su restauración y permitir su mayor protección. Los humedales deben ser respetados, y consideramos que Juan Amarillo y La Conejera pueden verse impactados de forma irremediable con la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, por eso no estamos de acuerdo y apoyamos la propuesta del alcalde al respecto.
¿Es cierto que van a destapar algunas quebradas que fueron cubiertas por las vías?
Sí. Junto con Hábitat vamos a destapar un kilómetro de una quebrada que podría ser Los Comuneros en la calle 6ª, como una prueba piloto para abrir otras.
¿Cuentan con los recursos para impulsar la transformación ambiental de la que habla Petro?
La secretaría tiene menos dinero que el resto de secretarías, pero vamos a duplicar anualmente el presupuesto de inversiones. El año pasado la secretaría tuvo $45 mil millones para inversión, pero sólo invirtió $5 mil; el resto era para prestación de servicios y compra de equipos. Eso tiene que cambiar.
¿No cree que el plan ambiental de Petro es bastante ambicioso?
Petro es un ambientalista, tiene una visión muy comprometida con el medio ambiente y por eso estoy acá. Creo que las apuestas ambientales tienen que ser ambiciosas y a largo tiempo; el cortoplacismo es lo que nos ha matado.
¿Cuáles son los sitios de Bogotá más contaminados por actividad industrial?
Kennedy, Fontibón y Puente Aranda son sitios donde tradicionalmente la contaminación es muy alta. Por eso estamos promoviendo mayor comunicación con las empresas para que entiendan que la normatividad ambiental hay que cumplirla, queremos lograr que cada compañía tenga un departamento de gestión ambiental.
Aunque no se cumplen, ya existen normas para el manejo de escombros. ¿Qué sería lo novedoso de la resolución que ustedes quieren hacer cumplir?
Se da un completo giro al tratamiento o aprovechamiento de los escombros. La idea es que los empresarios creen sus propias plantas de tratamiento y que esto les pueda funcionar como negocio porque cuando el escombro está sin contaminar se puede reutilizar para hacer productos de la construcción. Nuestro papel será velar porque la gente cumpla la disposición.
¿Y cree que los empresarios van a recibir bien la medida?
Ya se acercó un gremio interesado en saber cómo tiene que proceder. Lo que el sector privado tiene que meterse en la cabeza es que el escombro es un producto que puede ser reciclado.
Anteriores administraciones han sido cuestionadas por ser laxas a la hora de otorgar licencias ambientales ¿usted va a ser más estricta?
En ese sentido hay un camino muy largo por recorrer, pues es necesario descongestionar la entidad, para lograr que los trámites dejen de ser tan engorrosos pero que al mismo tiempo cumplan con todas los requerimientos. Es un proceso acumulativo, a eso debemos llegar. Queremos finalizar el año con mejores indicadores y por eso vamos a impulsar un plan de choque para hacer más efectivos los procesos de la Secretaría.
Otros secretarios ya han denunciado rastros de corrupción en sus despachos. ¿Usted piensa hacer lo mismo?
Yo no me atrevo a decir si hubo o no irregularidades, no me atrevo a ser juez. La Contraloría de Bogotá está empezando a pedir datos y estamos esperando que nos anuncie pronto el resultado de sus investigaciones.

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articulo-330987-vamos-cerrar-los-humedales-secretaria-de-ambiente

9 Mar 2012 - 12:19 am

Con motobombas, intentan rescatar a las víctimas

'Desespero' en la mina

Por: Wálter Arias / Medellín

Se reducen las esperanzas de hallar con vida a alguno de los trabajadores atrapados.

 

Familiares de las víctimas llegaron al lugar para presenciar las labores de rescate de los nueve trabajadores. / Luis Benavides

El rescate de las nueve personas que quedaron atrapadas en la mina El Desespero, del municipio de Angelópolis, suroeste antioqueño, resultó más dramático de lo esperado. Más de veinte horas después de que una corriente de agua inundara el socavón, ningún cuerpo había sido rescatado. Al mediodía de ayer, los 60 socorristas y bomberos apenas habían logrado evacuar el 80 por ciento del agua.
El rescate, aseguraron testigos, sólo comenzó a eso de la 1:00 de la mañana de ayer, porque los socorristas debieron buscar motobombas en minas vecinas, como la de San Fernando en Amagá (municipio vecino a Angelópolis), donde 73 mineros quedaron atrapados en junio de 2010.

Decenas de personas del corregimiento La Estación y la vereda La Clara estuvieron presentes en la operación de rescate. Allí estuvo Ofelia Marín, quien en los últimos seis años ha perdido tres hijos por accidentes en minas. Los últimos, Róbinson Alberto y Víctor Alfonso Bustamente Marín, habían ingresado a El Desespero unos 20 minutos antes de que ocurriera la tragedia, a eso de las 4:00 de la tarde.

Norberto Ruiz, el único sobreviviente, contó que los 10 mineros buscaban carbón a unos 200 o 300 metros de profundidad, cuando de repente se encontraron con una fuente de agua. Relató que todos intentaron salir, pero que la corriente, que entonces se había vuelto un lodazal, los fue separando hasta que solo él, aferrado a un cable, lo logró.

Como ocurrió en la tragedia de Amagá, las probabilidades de hallar sobrevivientes en El Desespero son casi nulas. Gilberto Mazo, coordinador operativo del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), le dijo ayer a El Espectador que era muy poco probable que los trabajadores hubieran sobrevivido.

Arnulfo Velásquez, el propietario de El Desespero, explicó que la mina fue nombrada así porque sus trabajadores no querían que llegaran más mineros —tenía capacidad para 200— y dijo que cuenta con todos los documentos que avalan la operación.

Sin embargo, Claudia Cadavid, secretaria de Minas de Antioquia, aseguró que la mina, cuyo título fue otorgado el 16 de marzo de 2006, sólo tenía autorización para exploración y no para extracción y que cualquier actividad distinta realizada sería de carácter ilegal. Agregó que allí se presentan reiterados incumplimientos técnicos, legales y de seguridad y que las evidencias, la última de ellas del pasado 28 de febrero, reposan en la Secretaría.

Diferentes autoridades departamentales visitaron ayer el lugar de la tragedia, a unos cuatro kilómetros del centro urbano de Angelópolis, para determinar las causas del accidente y lo que pasará con el título de El Desespero.

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-331213-desespero-mina