La Contraloría comprobó que Drummond sobre- pasa la norma de concentración de contaminantes.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales abrió el primero de febrero un proceso investigativo sancionatorio contra la multinacional Drummond, como resultado del serio incidente ambiental del 13 de enero, generado por una barcaza de su propiedad, cargada con 2.970 toneladas de carbón en el puerto de Ciénaga, Magdalena. La inspección inicial comprobó que “el manejo de la contingencia presentada no fue adecuado ni eficaz, con el agravante de no haber informado el mismo a la autoridad ambiental competente”.
La autoridad ambiental expidió la Resolución No. 0123 el seis de febrero, con la cual impuso una medida preventiva inapelable de suspensión, inmediata e indefinida, de las actividades de cargue de barcazas de carbón de la multinacional para evitar que arroje carbón al mar; asimismo, estipuló que dicha suspensión se levantaría únicamente cuando Drummond actualice, socialice con las autoridades locales y le presente para su aprobación el plan de contingencia del cargue de carbón con barcazas. La multinacional manifestó que “lamentaba lo ocurrido” y anunció que acataba integralmente la determinación de la autoridad competente.
¿Qué viene ahora? La autoridad ambiental debe proceder a la cuidadosa verificación de los hechos, y, de existir mérito, formular cargos mediante acto administrativo sustentado. La autoridad investigativa tendrá que valorar las causales de agravación de la responsabilidad ambiental de Drummond, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 1333 de 2009. Entre ellas, sobresale la verificación de reincidencia, y, por tanto, la comprobación de eventos anteriores.
La investigación deberá establecer si Drummond generó daño grave al medio ambiente, rehuyó sus responsabilidades, obstaculizó en algún momento la acción de las autoridades ambientales o realizó los hechos objeto de investigación en una zona de especial importancia ecológica. Pasado el periodo de práctica de pruebas y descargos en un marco del debido proceso, la autoridad competente fijará responsabilidades y sanciones proporcionales al daño ambiental causado.
Una vez iniciado el proceso sancionatorio, cualquier persona puede intervenir para aportar pruebas. La Contraloría General de la República debería remitir a la autoridad ambiental los resultados de la investigación sobre la degradación del medio ambiente de la bahía de Santa Marta, como lo dispone la Ley 1333 de 2009. La Contraloría identificó deficiencias en el cargue de barcazas y buques que causan “pérdidas de material que caen directamente al mar” e “impactos negativos significativos sobre la columna de agua y los fondos marinos”.
La Contraloría comprobó, además, que Drummond sobrepasa la norma de concentración de contaminantes, pese a que la estación de monitoreo de calidad de aire “se encuentra inmersa en una matriz de bosque y cultivos de mango”.
¡El país espera verdad, justicia y compensación ambiental!
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