La Policía no recibirá las motos eléctricas que el Distrito le compró
La negativa del ente se debe a que las motos sólo fueron probadas en un terreno plano y actualmente la Policía en Colombia no tiene reglamentación para motos eléctricas.
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Así se lo hizo saber el comandante de la Metropolitana a Carlos Galán, secretario de Transparencia.
La Policía Metropolitana de Bogotá no recibirá las 100 motos eléctricasque le compró el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, el 27 de agosto del año pasado, por 4.357 millones de pesos, a través de una polémica contratación directa.
Así lo informó el comandante de la Mebog, general Luis Eduardo Martínez, en una carta enviada el 12 de febrero a la Secretaría de Transparencia, de la Presidencia de la República, que dirige Carlos Fernando Galán, quien investiga esta adquisición.
"La Dirección de la Policía debe reglamentar el uso de las motos eléctricas, las cuales no se utilizan en el país, y no hay norma técnica al respecto; por ello la Policía no puede recibir estos equipos de movilidad", revela el alto oficial.
Galán emite alerta
Asimismo, en la carta a Galán, el general reveló que nunca recibieron una respuesta a una solicitud para probar las motos en Bogotá, y que fue hecha al FVS el 31 de julio del año pasado.
"Se hizo una prueba en Tocancipá, terreno plano muy distante de la orografía correspondiente a gran parte de los cuadrantes actuales ubicados en sectores como Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén, Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Rafael Uribe, Santa Fe y Usme".
Galán emitió una alerta por posibles irregularidades en esta compra, denunciada por EL TIEMPO, y que enreda a César Augusto Manrique Soacha, exgerente del FVS, quien firmó el contrato con la firma Northbound Technologies S.A.
"En caso de haberse probado únicamente estas motos, se habría podido incurrir en una negligencia que impidió hacer un estudio de mercado riguroso que evitara una contratación directa y que promoviera un proceso de selección adecuado que llevara a unos vehículos menos onerosos para el Distrito", advirtió Galán.
"Acompañamos la preocupación que ya viene resaltando e investigando la Contraloría Distrital y hacemos un llamado para que otras entidades de control fijen su mirada en este caso", añadió el secretario de Transparencia.
"Con lo anterior no sólo están en riesgo los recursos ya invertidos, toda vez que hay una amenaza de no ser recibidos ni utilizados, sino que además sorprende que el Fondo de Vigilancia y Seguridad y la Policía Metropolitana no advirtieran antes de la celebración del contrato sobre el vacío normativo y técnico que existe para el uso de la motocicleta eléctrica", sostuvo Galán.
En el caso de la Contraloría, él se refiere a una advertencia hecha por el organismo de control sobre presuntos sobrecostos en la adquisición de estas motos, pues se evidenciaron dos cotizaciones: una por 38'495.250 pesos, y otra por 43'000.000. Finalmente, por el último valor, se adquirieron los vehículos. La Contraloría también cuestionó la adjudicación a 'dedo'.
La actual gerente del FVS, Natalia de la Vega, ya instauró una demanda para buscar la nulidad de ese contrato y, asimismo, Manrique Soacha, actual director del Servicio Civil Distrital, afronta una investigación disciplinaria en la Alcaldía.
Tanto Manrique Soacha como el representante legal de Northbound Technologies S.A., Carlos Andrés Vaca Jiménez, han negado irregularidades en este polémico contrato.
Y también han dicho que no tienen responsabilidad alguna con la vinculación al FVS del ingeniero mecánico Julio César Cita Vargas, exrepresentante legal de la firma ganadora del contrato.
Cita Vargas fue contratado el 29 de mayo del año pasado por Manrique Soacha, y un día antes, según documentos del FVS en poder de EL TIEMPO, aparece radicando una cotización de las motos eléctricas.
Cita Vargas dijo desconocer al exgerente del FVS, sostuvo que llegó a la entidad por recomendación de una "asesora del despacho" del alcalde Gustavo Petro y añadió que los documentos que radicó tenían que ver con los exigidos para su vinculación con la entidad, que duró siete meses, con un contrato de 27'524.000 pesos.
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