8 Mar 2012 - 12:26 am
Renuncia del director del Incoder
Desarrollo rural deberá esperar a junio
Por: Diana Carolina Cantillo / Héctor Sandoval Duarte
El Espectador conoció el borrador de la Ley de Desarrollo Rural.
Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. / Luis Ángel
A esto se sumó ayer que el director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Juan Manuel Ospina, presentó su renuncia a la dirección de la entidad argumentando que entre él y el jefe de la cartera agrícola existen diferencias en las concepciones del desarrollo rural en el país. Aún se desconoce quién va a ser su sucesor.
Así las cosas, la iniciativa (que buscaba radicarse ante el Congreso en septiembre pasado) tendrá que presentarse apenas comience el segundo período legislativo, es decir, después del 20 de julio de este año.
Respecto a la salida de Ospina del Incoder, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, opinó que “no tendría por qué afectar, por lo menos, lo que se había concertado en el proyecto de ley. Pero de todas maneras considero que conseguir una persona que lo sustituya y que además tenga la visión que tiene el Gobierno, va a ser un reto importante”.
El proyecto que en este momento tiene el ministerio, y que fue conocido por El Espectador, busca fomentar el desarrollo rural con un enfoque territorial y planificar el ordenamiento de la propiedad y el uso de tierras rurales.
Gran parte de la misión, de acuerdo con el borrador, estará concentrada en el Incoder, entidad que se encargará de apoyar las políticas de formalización y de acceso a la propiedad de la tierra. Sin embargo, existen allí temas complejos, como la adjudicación de terrenos baldíos y la posesión de predios en un país donde el acceso a la tierra continúa siendo desigual, como lo reiteró un informe de las Naciones Unidas en septiembre de 2011.
A loanterior se suman las dificultades que afrontan los reclamantes en la restitución de tierras (ver página 8).
“La ley incluirá el agrupamiento de toda la legislación agraria de Colombia; se recrea la institucionalidad hoy inexistente para construir embalses regulatorios del agua en Colombia, se realza el rol de la mujer rural, de la vivienda rural, y de las vías de acceso a la tierra de los campesinos hoy carentes de ella”.
“Igualmente, el proyecto propone normas modernas para agilizar la formalización de la propiedad agraria en nuestro país, y para moderar los conflictos cada vez más agudos que se están presentando entre minería y agricultura, desafortunadamente a menudo en demérito de esta última”, dijo a este diario recientemente el ministro de Agricultura.
El texto de la Ley de Desarrollo Rural plantea de entrada la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Rural como entidad adscrita al Incoder y cuyo objetivo es financiar “los diferentes programas de desarrollo rural, de infraestructura extrapredial de adecuación de tierras y acceso a tierras a que se refiere la presente ley”.
Agrega el documento que este fondo estará financiado con recursos del Estado, bonos agrarios, dinero de las tierras que venda, donaciones, entre otros, y será administrado por una fiducia comercial constituida por el mismo Incoder.
Al comienzo del documento, compuesto por 320 artículos, se propone que los programas de desarrollo rural deben tener componentes como ordenamiento social, acceso a la tierra, orden en el uso del suelo y el agua, generación de ingresos para la población rural, robustecimiento de cadenas productivas y del desarrollo empresarial y “fortalecimiento de las actividades de transformación agroindustrial”.
Otros enfoques son el acceso a la infraestructura productiva y al crédito, financiamiento, asistencia técnica, capacitación a pequeños productores y conservación ambiental. Para poner en marcha este propósito, diferentes entidades nacionales tendrán que estructurar presupuestos y planes.
Desarrollo productivo
Con el fin de darle un impulso al campo, el proyecto pretende fortalecer la comercialización a través de la elaboración de un plan que se hará cada cuatro años y que debe contener un análisis de las tendencias del mercado agropecuario, la certificación de productos y la promoción del uso de información del sector.
Este bloque de la ley también plantea reglamentar la operación del mercado mayorista de bienes agropecuarios para modernizarlo. “Comenzando por las grandes ciudades, el país deberá contar con infraestructura adecuada para el acopio y la comercialización mayorista de bienes agropecuarios, acuícolas y pesqueros, acorde con sus requerimientos urbanísticos”. Agrega el documento que el Gobierno puede crear un incentivo para que los privados inviertan en el montaje y en la infraestructura de estos centros logísticos.
En materia de renovación para el campo, el ministerio busca crear un Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria que contendrá tres subsistemas: asistencia técnica, formación y capacitación agropecuaria y, por último, investigación y desarrollo.
Otro de los propósitos de la ley es poner en marcha la creación de políticas públicas para fortalecer el acceso a la salud en el sector rural, y también a la educación, la infraestructura productiva y la seguridad social.
En opinión del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, lo que tiene de bueno el proyecto de ley es que “permite la dinamización del mercado de tierras y el uso eficiente del suelo” y permite hacer “ajustes institucionales relacionados con la construcción de distritos de riego, su operación y administración”.
Otra de las ventajas, según el jefe del gremio del agro, es la creación de un sistema de información estadística y geográfica para el sector. Sin embargo, opina que la iniciativa tiene en contra que hace perder el enfoque sobre la competitividad y “desconoce la importancia del apoyo de las entidades descentralizadas en la territorialización de la política”.
De acuerdo con la SAC, a la propuesta le hacen falta elementos como “abordar el financiamiento para el desarrollo y la sostenibilidad de la actividad”, y agrega el gremio que “no se observa un concepto general sobre el tema ambiental: cambio climático, servicios ambientales y ordenamiento del territorio”.
Así las cosas, propone un ajuste en la legislación para dar solución a la atomización excesiva de la regulación y sugiere un orden en la estructura legal relacionada con cadenas productivas, para así “equilibrar los eslabones fuertes frente a los débiles”.
Otra de las críticas a la ley, según la SAC, es que no da herramientas para que los productores negocien sus productos de mejor manera con los intermediarios: “Es débil la visión del proyecto respecto al fortalecimiento y desarrollo del ámbito productivo, pues se concentra básicamente en el ámbito social”.
Tierras, tema espinoso
Como lo había mencionado este diario en diciembre pasado, el “todopoderoso” Incoder, de acuerdo con lo estipulado por la ley, tendrá en sus manos grandes responsabilidades. Así las cosas, dice la iniciativa que el ministerio adoptará la estrategia de ordenamiento de la propiedad y del uso de las tierras rurales, teniendo en cuenta el concepto de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales (UPRA).
Aparte de buscar la protección de páramos y otras áreas contra la ocupación ilegal, la ley busca cerrarle el paso a la extensión de la frontera agropecuaria, “sanear y asegurar los derechos de propiedad sobre la tierra; recuperar y registrar las tierras baldías de la Nación; realizar el inventario de baldíos de la Nación”, y darle acceso a tierras a quienes no las tienen.
Según el presidente de Fedegán, el Gobierno “ha hecho un gran esfuerzo por lograr que el Incoder asuma una cantidad de funciones que el Gobierno quiere desarrollar a nivel regional. Y debo suponer que una parte de la inspiración de esa reforma corría por cuenta del doctor Ospina”.
Jorge Robledo, senador de la República, opinó que la Ley de Desarrollo Rural tiene por objeto concentrar la riqueza rural en manos de unos pocos. Señaló además que el Incoder es visto como una entidad “enclenque” y de una “incapacidad inmensa” para asumir el rol que plantea el ordenamiento de la propiedad y el uso de las tierras rurales.
Aún pendientes las consultas del Gobierno con las comunidades indígenas y ahora el Incoder sin cabeza, la ley de Desarrollo Rural tiene un camino largo por recorrer. Y en el Congreso tendrá sus más duras batallas, no solo por quienes se oponen a la industrialización del campo sino por aquellos que creen que este nuevo documento nació muerto.
Zonas de desarrollo empresarial
El proyecto de ley dice que el Incoder tendrá la misión de delimitar las zonas de desarrollo empresarial en áreas “de terrenos baldíos en las cuales su uso y usufructo se sujetará a las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales que establezca su acto constitutivo”.
Agrega la iniciativa que las sociedades de “cualquier índole reconocidas por el Ministerio de Agricultura” como firmas del sector agropecuario y forestal tendrán la opción de solicitar el otorgamiento de derechos reales sobre terrenos baldíos.
¿Quién es Juan Manuel Ospina?
El saliente director del Incoder es economista y tenía entre sus tareas liderar el proceso de restitución de tierras a los colombianos desplazados por la violencia. Nieto de Pedro Nel Ospina y bisnieto de Mariano Ospina Rodríguez, ambos presidentes de la República, había sido presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y de Fedegán. El Espectador trató de contactar tanto a Ospina como al ministro Restrepo, pero ninguno contestó a los llamados.
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-334996-el-futuro-del-campo-un-documento
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